«Las cárceles generan desconexión; tenemos que conseguir que sea la menor posible»

Jueza desde 2001, asumió la máxima responsabilidad penitenciaria en la CAV hace año y medio, tras pasar Justicia de manos del PNV al PSE. Tiene un discurso progresista sobre Justicia Restaurativa o contra el punitivismo en boga, pero acrítico ante las decisiones de la AN que afectan a presos vascos.

Se acaban de cumplir cuatro años de la asunción de la transferencia penitenciaria, que en términos políticos viene a ser una legislatura. ¿Qué se ha hecho y qué queda por hacer?

Iniciar una transferencia tiene su complicación, e Instituciones Penitenciarias es un reto. Como administración penitenciaria, eres garante de la persona que empieza a cumplir (seguridad, alimentación, educación...), pero también garante del cumplimiento de la pena para que sirva a unas finalidades determinadas, una orientación hacia la reinserción, y esto implica unas obligaciones para Administración, implica poner medios. Por ejemplo, educación, no solamente como medio de formación, sino también educación reglada que le permita tener un título; talleres formativos productivos, es decir, trabajo dentro de prisión, para que puedan coger habilidades laborales y también tener un salario con el que puedan contribuir a la responsabilidad civil, por ejemplo, y además poder ayudar al exterior.

Una de las cosas muy importantes en los centros penitenciarios es que la persona se desconecta. Se desconecta a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar... Tenemos que conseguir que haya la menor desconexión posible, dotarles de un salario para que puedan seguir contribuyendo a esas conexiones... Y luego hay otra serie de programas, algunos que vienen impuestos por la ley, que están muy relacionados con determinados delitos: programas de violencia de género, de delitos de agresiones sexuales, otros que tienen que ver con la conducta... Tenemos que ser muy fuertes en estos programas.

«Nuestra labor se resume en tres palabras: acogida, porque el ingreso en prisión es un duelo; acompañamiento, facilitando programas; y apoyo, cuando empiezan a tener más dosis de libertad»

En definitiva, se resume en tres palabras. Primero, acoger; se ha hecho un esfuerzo para traer al País Vasco a todas las personas que tienen arraigo, precisamente para evitar que la persona se desconecte. Hay que tener en cuenta que el ingreso en prisión es un duelo y que hay que respetar los tiempos de la persona. Después, acompañar: proporcionar esos programas que nosotros tenemos que facilitar y ellos tienen que querer. Y en tercer lugar, apoyar; el apoyo es esencial en la fase muy delicada de cuando empiezan a tener dosis más altas de libertad a través de salidas, tercer grado... Es donde todo lo trabajado en prisión –formación, educación, habilidades sociales...– lo tienen que poner en práctica en una sociedad en la que han podido pasar años sin estar. Ahí es esencial la red de recursos residenciales, centros de día... Este año se ha aumentado el presupuesto notablemente para todas esas ayudas y programas del Tercer Sector.

El Modelo Penitenciario Vasco apostaba por aumentar el régimen abierto. Se habló de pasar el 25% estatal al 40%. ¿Dónde estamos? ¿Y le parece adecuado ese 40%?

El objetivo es la reinserción. Cuando una persona ingresa en prisión puede tener un periodo muy largo de condena pero hay que empezar a trabajar con la mirada puesta en el exterior. Hay que ir poco a poco. El régimen semiabierto (tercer grado, 100.2...) ayuda, siempre y cuando el interno esté preparado. Por tanto, más que hablar de porcentajes me gusta hablar de personas preparadas. Cuanto mayor porcentaje de personas tengamos preparadas para empezar ese régimen de semilibertad, querrá decir que estamos trabajando bien y que las personas penadas están trabajando bien, porque ellas están haciendo ese esfuerzo para reincorporarse a la sociedad y nosotros tenemos una buena red y unos puentes. 

La Ley Penitenciaria también habla de estar preparado para poder afrontar tus necesidades, que es esencial. Mucha gente que entra en prisión no ha tenido esa posibilidad en su vida. Y también desarrollar una actitud de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Ojalá podamos seguir avanzando en porcentajes, pero más aún en personas preparadas.

La directora de Basauri, Vicenta Alonso, decía en unas jornadas en verano pasado que el régimen abierto produce «un mejor ajuste personal y social y un menor índice de reincidencia». ¿Lo comparte?

Sí, va en la línea de lo que hablamos. Una persona puede estar 10 años en prisión, estar muy adaptada a las normas, al régimen penitenciario... pero cuando sale al exterior le cuesta, porque la sociedad se rige por otras claves y ahí se ven más solos. Por lo tanto, es absolutamente indispensable ir estableciendo esos régimenes que al principio son salidas... poquito a poco. Para poner en práctica lo que has estado trabajando, tienes que poder salir y ver qué dificultades tienes y cómo hay que seguir trabajando. 

El anterior Departamento marcó el criterio de mismo tratamiento para todos los presos, también los llamados ‘de motivación política’. ¿Se mantiene ahora? Al inicio hubo unas declaraciones de la consejera [María Jesús San José] sobre el «arrepentimiento» que crearon dudas al respecto...

Los criterios son los mismos. Lo que ocurre es que hay delitos específicos, y no solo en el caso de asesinatos o lesiones por banda armada, también hay delitos por agresión sexual que tienen condiciones específicas. En esos casos hay unas condiciones específicas para lograr progresiones, aunque el tratamiento sea el mismo.

Lo del arrepentimiento da lugar a mucha confusión. La ley no exige, lo hemos dicho varias veces, un arrepentimiento; exige haber manifestado la renuncia a la violencia, a los fines terroristas, y la colaboración, y ello podrá acreditarse con una manifestación expresa.

Hay otro factor condicionante en estos casos: la Audiencia Nacional. Ha habido recursos de la Fiscalía que además suspenden las progresiones nada más presentarse. ¿Se sienten desautorizadas por ello las Juntas de Tratamiento de las cárceles vascas?

No. Efectivamente ha habido cinco recursos. Los dos últimos no han sido realmente por la concesión del tercer grado sino por la modalidad concreta. Ha habido cinco recursos, de los que tres han sido revocados. Efectivamente, el efecto que produce la interposición de recursos es que se suspende la progresión, es automático. Pero no [hay desautorización]. Cada uno tiene una función. Los equipos técnicos son las personas que trabajan de forma más estrecha con las personas internas. Luego están las Juntas de Tratamiento, que observan la conducta, los informes, lo que es la vida y la evolución de esa persona penada. Después está la Administración, que observa todo el conjunto. Y después, el control judicial.

En el cumplimiento de la pena siempre destacamos mucho la reinserción, pero también hay otros fines como la retribución, y entonces se trata de ponderar, ponderar donde se pone más el centro, y ahí puede haber discrepancias, como por ejemplo en estos tres casos o cinco casos que han sido recurridos. A mí me parece importante que cada uno cumpla su función y nadie se siente deslegitimado.

Con la ley 7/2003 o los 40 años de cumplimiento efectivo impuestos a estos presos, el horizonte de excarcelación o incluso de progresión de grado se dilatan mucho, los plazos se estiran casi hasta el final. ¿No afecta eso a su objetivo de reinserción?

Si no se estableciera un límite máximo, hay condenas de 200 años que se convertirían en una prisión permanente, incompatible con la reinserción. Ese límite tiene que ver con el fin de la retribución. Yo no creo que pueda ser un obstáculo para la reinserción, lo que creo es que durante todo ese tiempo hay que trabajar bien y que la persona penada primero quiera hacer ese trabajo y luego nosotros lo facilitemos.

«Los 40 años de cumplimiento efectivo tienen que ver con fin de la retribución; no creo que pueda ser un obstáculo para la reinserción»

Recientemente habló en Donostia sobre Justicia Restaurativa. ¿Se está aplicando en estos casos? ¿Cómo valora en general su implantación?

Es algo que aquí llevamos desde 2007 con la mediación y desde 2018 con el concepto de Justicia Restaurativa. Es algo bastante pionero en relación al resto del Estado. Soy una gran defensora, hay que ofrecerla a todo tipo de delitos y a todo tipo de personas. Ofrecerla, insisto, porque esto es un ofrecimiento, nunca una imposición. Y hay que garantizar la seguridad y la confianza, y eso pasa por la confidencialidad. Es necesario crear y mantener un gran clima de confianza y ello implica que tengamos que ser muy respetuosos. Si no, se pierde la confianza por ambas partes [presos y víctimas].

No es una problema de ahora ni solo de aquí, pero sigue habiendo fallecimientos en prisión. ¿Les preocupa? ¿Hay medidas específicas?

Tenemos preocupación y ocupación. Cada vez que hay un fallecimiento se abre un expediente para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido e intentar intervenir siempre con la perspectiva de mejora. Se ha producido una disminución de las muertes por suicidio y eso consideramos que es positivo: en 2023 hubo tres casos, en 2024 uno, y en 2025 uno. Por desgracia las muertes por suicidio también están aumentando muchísimo fuera de los centros penitenciarios, las prisiones no son ajenas a esa realidad. Uno de los casos es por sobredosis voluntaria y siempre estamos intentando fortalecer los programas de deshabituación y aumentar muchísimo los controles de sustancias. Otro fue por una enfermedad que no se podía evitar. 

Para 2026 se prevé el traslado de Martutene a Zubieta. ¿Todo serán ventajas o hay algo de lo que preocuparse?

Ventajas. En Zubieta hay mayor capacidad y eso nos permite acoger a más personas con arraigo, como comentábamos. Las instalaciones mejoran muchísimo los espacios comunes, algo que ayuda a la convivencia. No hay ningún inconveniente, más allá de lo que supone el traslado. Estamos todavía esperando al traslado del edificio, no depende de nosotros.

Tras Zaballa y Zubieta, ¿Basauri quedaría como una anomalía, en el herrialde más poblado?

Sí, es la cárcel más pequeña. Pero se está trabajando también para potenciar módulos de régimen abierto. Es un centro penitenciario que acoge a más presos preventivos, tiene otras connotaciones. Hay que ver cómo mejorar las instalaciones para que no estén afectados los programas y los servicios. 

El reciente acuerdo con los sindicatos zanja una fase de cierta conflictividad. ¿Ayudará a desarrollar más el Modelo Penitenciario Vasco?

Sin duda. Primero, mejora la regulación de horarios, de jornadas, de complementos... Con ello mejora la función, mejora la coordinación, aumenta el personal, se han reforzado los equipos técnicos y profesionales de juristas, psicólogos... El aumento de la cualificación lógicamente ayuda a todos los equipos, las Juntas de Tratamiento, los programas de intervención... Permitirá también espacios de mayor convivencia, módulos de respeto... 

«No creo que un gobierno PP-Vox nos afectara: en el cumplimiento de la pena el marco va a ser el mismo y las políticas públicas aquí están muy claras»

Estamos en un contexto global de auge del autoritarismo, del punitivismo... ¿Qué efectos puede tener? 

Es verdad, ese es el contexto y es preocupante. Hemos visto recientemente encuestas en las que una parte de la juventud podría incluso justificar un periodo de dictadura con suspensión de derechos fundamentales por un ‘bien superior’. En las instituciones tenemos que ser muy responsables para hacer una labor divulgativa. Los contextos no pueden tener como consecuencia una disminución de las garantías y los derechos fundamentales. No se puede ceder en eso. Gogora tiene un papel importante. Tenemos que seguir construyendo respecto a las garantías, y eso supone proporcionalidad en las penas, la finalidad de reinserción... 

Por poner un ejemplo, hay un debate creciente sobre la llamada multirreincidencia. ¿Los discursos políticos y mediáticos coinciden con la realidad de los datos?

El lenguaje es muy importante. Lo que la ciudadanía entiende por multirreincidencia seguramente no es el concepto jurídico. Una persona que ha sido detenida dos veces no lo es a efectos jurídicos. Hay que ser muy responsables en el lenguaje y explicar las cosas bien, aunque lo jurídico sea difícil. El otro día escuché un término que directamente no existe. 

¿Colisionaría con el Modelo Penitenciario Vasco un gobierno estatal en estas claves, con PP y Vox? ¿Estaría en peligro?

Yo creo que no. La transferencia tiene ese elemento positivo. Somos además un gobierno muy estable. Aparte, en el cumplimiento de la pena el marco va a ser el mismo y las políticas públicas están muy claras, van dirigidas a la reinserción, la responsabilización, el reconocimiento, la reparación. Creo que esto es muy sólido y no afectaría, aunque sí afectara a nivel de inestabilidad general.