Stop Desahucios prevé cientos de afectados en Euskal Herria tras el rechazo al «escudo social»

Stop Desahucios advierte de que la «consecuencia directa» del rechazo este martes en el Congreso al «escudo social» es que «cientos de personas» en Euskal Herria «quedan abocadas a perder su vivienda».

Stop Desahucios ha responsabilizado a PP, Vox y Junts de los «cientos de desahucios» que, según advierte, se producirán en Euskal Herria tras el rechazo en el Congreso del Real Decreto Ley 16/2025, conocido como «escudo social». La plataforma alerta de que la no convalidación de esta norma «deja sin protección a miles de personas en situación de vulnerabilidad acreditada».

El decreto contemplaba la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2026, de las demandas de desahucio por impago del alquiler o finalización de contrato en aquellos casos en los que los inquilinos se encontraran en situación de vulnerabilidad y carecieran de una alternativa habitacional. Una medida que, según recuerda Stop Desahucios, «se ajusta a normativas internacionales como las impulsadas por Naciones Unidas».

Desde la plataforma subrayan que «la obligación de garantizar una alternativa habitacional recae en Lakua», a través de su parque público de vivienda en alquiler social, que consideran «insuficiente y colapsado». La consecuencia directa, advierten, es que «cientos de personas» en Euskal Herria «quedan abocadas a perder su vivienda». «Muchas de ellas son familias con menores, personas mayores o dependientes», subrayan.

Stop Desahucios rechaza de plano el discurso que califica a estas personas como okupas o delincuentes. «Se trata de familias que no pueden hacer frente a unos alquileres abusivos y especulativos impuestos por grandes tenedores y rentistas, y cuya situación ha sido acreditada documentalmente ante los juzgados con informes de los Servicios Sociales», apuntan.

Donostia, Irun, Lasarte, Errenteria...

Como ejemplos concretos, la plataforma cita los 153 casos reconocidos en Donostia y los 83 de Irun. También pone nombre a algunas de las personas afectadas: Lorena, en Irun; Gloria, en Lasarte; Enrique, en Errenteria,todos ellos con menores a su cargo, o Luis, en Donostia, entre otros.

Frente a ello, Stop Desahucios recuerda que, según datos de Lakua, «existen al menos 259 arrendadores a los que la administración autonómica compensa mensualmente las rentas no percibidas debido a la suspensión de desahucios por impago».

La plataforma advierte además de que el voto contrario de PP, Vox y Junts no solo reactiva los lanzamientos, sino que elimina otras medidas del escudo social, como la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) o el acceso al bono social energético. «Dan la espalda a millones de personas vulnerables mientras protegen los intereses de bancos, fondos buitre e inmobiliarias», denuncian.

Ante este escenario, la plataforma anuncia que intensificará las medidas de denuncia y presión social para lograr la prórroga del escudo social hasta finales de 2026. Asimismo, reitera su defensa de la Ley de Vivienda y de herramientas como la limitación y congelación de los alquileres y las prórrogas obligatorias en municipios tensionados.