Casi medio siglo ya desde que tuvo lugar una de las páginas más inspiradoras en la historia de la lucha obrera: dos meses de huelga sostenida por la clase trabajadora en Vitoria, enfrentada directamente, de poder a poder, con la patronal como clase, y con todo el entramado legal, institucional, mediático y policial al servicio de sus intereses. Una de las páginas más dramáticas, también, al asesinar la policía, premeditadamente y a sangre fría, a cinco trabajadores y herir gravemente a muchos más. Tres crímenes más en Basauri, Tarragona y Roma, en las huelgas y manifestaciones de respuesta a la matanza.

«¡No os importe matar!», eran las instrucciones de los últimos gobiernos de la dictadura, de los que formaban parte insignes fascistas, como Martín Villa, aún hoy imputado por doce delitos de «homicidio agravado» mientras fue ministro franquista. Justo las instrucciones que han motivado que la jueza Federal, María Servini, que tramita en Argentina el expediente en el que se investigan más de mil denuncias por crímenes de la dictadura, haya requerido recientemente de la justicia española las directrices a la policía durante la Transición, una prueba más de que en ese periodo se persiguió y se reprimió, de forma sistemática y generalizada, a un sector de la población, trabajadores y jóvenes, que defendíamos la ruptura con el franquismo.

Más de 100 personas fueron asesinadas, y cientos torturadas. Vulneraciones graves de derechos humanos en un contexto de violencia política que son imprescriptibles y no amnistiables.

No será tarea fácil. La justicia española y distintos gobiernos del PSOE y del PP, principales valedores de una Transición cimentada en el olvido, la impunidad y la pervivencia de estructuras de poder fascistas; en la judicatura, en el ejército, en los cuerpos policiales o en la economía, llevan desde el año 2010, en que se presentó la Querella Argentina, negándose a colaborar, a pesar del principio de Justicia Universal para los delitos contra la humanidad.

Solo la lucha, metódica e incansable, de un sector del movimiento obrero y de las asociaciones de víctimas y memorialistas, ha mantenido viva la exigencia de «justicia» frente a un modelo de impunidad que la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, renunció a desmontar. Una ley que crea un Fiscal de Sala para la investigación de las violaciones de derechos humanos hasta la aprobación de la Constitución, pero que limita su alcance a las Declaraciones Judiciales de Hechos Pasados que se sustanciarán en la vía civil y no en la penal. Ni se derogó la Ley de Amnistía de 1977, a pesar de los requerimientos del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ni se modificó el Código Penal.

Mientras tanto, más de cien querellas por asesinatos, torturas y delitos de lesa humanidad están siendo archivadas. El último auto, de octubre de 2023, del Juzgado de Instrucción Nro. 18 de Barcelona, de inadmisión de una denuncia por torturas, deja claro el estado de la cuestión: «Los principios de legalidad penal, de irretroactividad de disposiciones desfavorables, de la vigencia de la Ley de Amnistía, son obstáculos insalvables a la vista del actual estado de la jurisprudencia, fundamentalmente la jurisprudencia constitucional».

No hay lugar para el desaliento, muros más recios han caído. La Asociación de Víctimas 3 de Marzo-Martxoak 3 Elkartea mantiene viva la lucha para que se haga Justicia, alienta cada año, junto al sindicalismo más combativo, la vigencia del recuerdo y la actualidad de las luchas obreras, y ha conseguido que se materialice la iniciativa para que la iglesia de San Francisco, en el barrio obrero de Zaramaga, pueda ser un Memorial que recupere y transmita la memoria de aquellos hechos.

Hoy, la clase trabajadora está obligada a confrontar con el capital, porque la enorme concentración de poder empresarial, monopolístico y financiero, crece a costa del aumento de la explotación laboral, de la evasión y elusión de impuestos, de privatizar aún más servicios públicos esenciales o de agravar la crisis climática. A costa, también, de conflictos como la guerra de Ucrania o el genocidio en Gaza que, además de muerte y sufrimiento, precarizan aún más las condiciones de vida, aceleran el desastre medioambiental y derivan ingentes recursos públicos para la industria militar mientras crece la desigualdad y la miseria en el mundo, favoreciendo así el fascismo y el autoritarismo. Según Oxfam, 4.800 millones de personas son hoy más pobres que hace cinco años.
 
En Alemania, Francia, Reino Unido, Asia, Latinoamérica, EEUU, y también en nuestro país, los conflictos obreros han ganado en extensión y combatividad. Una lucha convergente con otras, como la feminista para erradicar la desigualdad y la violencia machista o la que defiende una Sanidad, una Enseñanza, un Sistema de Pensiones o una política de cuidados, públicos y de calidad; o la que reivindica un techo como derecho y no como negocio; o la que exige tratar a los migrantes como personas con derechos; o la que denuncia la persistencia de normas como la Ley Mordaza que criminaliza la protesta social. Todas ellas impugnan un sistema capitalista cuya lógica interna de acumulación de beneficios (capitales) impide satisfacer las necesidades sociales, y demandan una alternativa que precisará expropiar a los expropiadores en interés de la Humanidad. Decía Spinoza: «ante la realidad, ni reír ni llorar, ¡comprender!». Seguir la lucha, el mejor homenaje a nuestros muertos mientras exigimos justicia, memoria, verdad, y reparación.