Somos un grupo de enfermeras y enfermeros, trabajadores del Hospital de Basurto. Más de cien profesionales sanitarios hartos de la situación que explicamos a continuación.

En una misma profesión y dentro del mismo hospital también hay clases. Los fijos y los temporales. Y dentro de los temporales, somos el grupo más precario: el retén. ¿Por qué, si el convenio que se firmó en 2009, ya con grandes déficits, es para todos?

El retén es un grupo de personas que se encarga de reforzar los diferentes servicios que por cuestiones de carga de trabajo o por falta puntual de personal, es necesario cubrir. Esto supone que cada uno de nosotros vamos a trabajar cada día sin saber dónde. No sabemos si vamos a necesitar conocimientos y técnicas que no tenemos, si los pacientes estarán graves, o si necesitarán que le aportemos tranquilidad o apoyo emocional del que nosotros mismos carecemos. Esto nos sitúa en un escenario con una gran carga de estrés diario. Pero esto llega a ser lo de menos cuando, además de eso, hay una limitación de derechos a todos los niveles.

Antes de la pandemia el retén lo formaban unos 40-50 profesionales. Hoy somos 155. Sin embargo, el número total de profesionales no ha aumentado. No se están cubriendo las bajas laborales con contratos específicos, sino que éstas son cubiertas con personal de retén.

Nos pusimos al frente de esta pandemia en marzo, recibiendo contratos temporales de un mes, e incluso semanas. Esta situación excepcional constantemente es excusa para la degradación de derechos. Ya en Mayo nos obligaron a coger vacaciones forzadas bajo la amenaza de prolongarnos el contrato. Aún estábamos en Estado de Alarma y semiconfinados, pero no teníamos opciones. Hace pocos días conocíamos la sentencia del Juzgado de lo social de Santander que reconoce el derecho de anular vacaciones coincidentes con el Estado de Alarma. El fallo judicial asevera de manera textual que si la trabajadora «no puede salir de su casa por confinamiento forzado no serán vacaciones, no se corresponderá ese período con un legítimo y constitucional derecho al descanso anual que todo trabajador ha de tener».

Es esta situación excepcional precisamente la que debe motivar a la mejora de los derechos laborales. No puede ser que haya una proposición del Gobierno de alargar el Estado de Alarma hasta abril de 2021, y los que luchamos día a día contra las consecuencias de la pandemia tengamos contratos de menos de cuatro meses.

No nos importó que el EPI nos hiciera sudar, no nos importó luchar contra un virus que cuanto menos estaba dejando miles de vidas en el camino. Lo hicimos a pesar de la escasez de recursos, tanto materiales como humanos, a pesar del riesgo de llevarlo a casa y contagiar a nuestras familias, a pesar del miedo, a pesar de la carga emocional de ser responsables directos de muchas vidas. Fuimos aplaudidos diariamente por toda la sociedad; pero nuestros derechos, lejos de verse mejorados, han degenerado a lo que somos ahora: esclavos del hospital.

- No hay transparencia en las listas de contratación, con lo cual no sabemos qué
criterios se están siguiendo en las contrataciones. Contrataciones que se realizan
con dinero de todos y todas, dinero público.
- No tenemos una cartelera de trabajo anticipada. Nos la entregan en mano y
elaborada en el momento. Como muy pronto, la semana antes de comenzar el mes.
- Esta cartelera además es “ficticia” y la dirección del hospital se ve con el derecho de llamarnos fuera del horario laboral como si estuviéramos de guardia continua para cambiarnos los turnos, y esto se realiza hasta una hora antes del comienzo de la jornada laboral.
- No hay una planificación real de las unidades que cubrimos, con lo cual, un día
podemos reforzar la urgencia y estar en contacto directo con pacientes COVID y al
día siguiente cubrir un puesto en la planta de oncología, donde los pacientes están inmunodeprimidos. Nuestra precariedad también tiene la consecuencia directa de poner en riesgo la vida de las personas que se ponen en nuestras manos, y la dirección del hospital es la responsable de tomar estas decisiones.
- No se tienen en cuenta los descansos, ni siquiera las horas entre jornada y jornada. Estamos agotados, pero no sólo físicamente, sino también a nivel emocional. Nos sentimos basura dentro de este sistema que nos utiliza como pañuelos de papel, de usar y tirar, mientras ponemos en riesgo nuestras vidas y las de los demás, en el tablero de un juego que estamos perdiendo.
- No podemos planificar nuestra vida, pues ésta está totalmente subordinada a una llamada de teléfono. La mayor parte del retén somos migrantes de otras
comunidades autónomas, y llevamos meses sin ver a nuestras familias a
consecuencia de nuestras condiciones laborales.
- No aguantamos más. Nuestra vocación no es motivo de esclavitud, y esta situación excepcional tampoco lo es.

Mientras nuestros derechos se ven recortados cada vez más, todas las Comunidades han aumentado su privatización sanitaria durante esta pandemia, y esto ya representa un 29% del gasto total en sanidad, cinco puntos más que hace 10 años según fuentes como la OCDE, el INE o el Ministerio de Sanidad.

No hay motivos para vulnerar los derechos laborales, conquistados por indefinidas luchas en el pasado, exigimos lo mínimo:

- Carteleras fijas, al menos a un mes vista.
- Respeto de las horas de descanso.
- Llamadas a la unidad donde estamos ubicados. En el caso de no contacto, llamada al móvil. Pero siempre en horario laboral.
- Respeto de las 12 horas ininterrumpidas de descanso entre turnos
- Justificación por escrito del hecho y motivo del cambio de turno de trabajo si éste
fuera de fuerza mayor.
- Rotación mensual/bimensual de retén COVID y no COVID.
- Transparencia y respeto de las listas de contratación.
- Prolongación inmediata de todos los contratos temporales mínimo hasta abril.

Convocaremos acciones y movilizaciones para hacer cumplir nuestros derechos, pues si el retén para, Basurto se paraliza.