Los medios de comunicación y sus tertulias televisivas en los últimos tiempos y a raíz de la guerra de Ucrania están introduciendo un concepto de la Ciencia Política bastante olvidado. Me refiero al término «oligarca». Una y otra vez se prodigan en emplear esta palabra para designar y criticar a las grandes fortunas rusas que se lucraron tras el desmantelamiento de la Unión Soviética y la privatización a ultranza llevada a cabo durante la última década del siglo pasado. No cabe duda, de que fue un proceso traumático para gran parte de la población rusa, pues las diferencias sociales y la pobreza crecieron sin precedentes. Aun así, es digno de señalar que este cambio contó con la aquiescencia de gran parte de los países de occidente, que vieron con buenos ojos la liberalización extrema de la economía y se atrevieron a aconsejar a los dirigentes rusos sobre las bondades del libre mercado.

Más allá de esas críticas, más allá de ver la paja en el ojo ajeno, considero más importante virar la atención sobre la viga que se deposita en el nuestro propio. Cuando hablamos de oligarcas tan a la ligera, es crucial saber que se esconde tras este vocablo. Si profundizamos en su significado, se entiende por oligarquía «el sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada». Si analizamos el contexto del estado español se puede decir sin miedo a equivocarse que la forma de gobierno se asemeja mucho a esa definición. Así, la amenaza de las grandes corporaciones se desliza sibilinamente e influye decisivamente sobre las decisiones que toma el gobierno. Bueno, si la memoria no me falla, no tan sibilinamente. Pongámonos en antecedentes. Desde hace ya varios meses el precio de la electricidad y el gas cabalgan sin freno y las subidas son constantes. Ello, está generando un problema serio al tejido productivo del país, y muy especialmente a sectores que emplean grandes cantidades de energía, como las industrias siderometalúrgicas, las cementeras, etc. Igualmente, el sector del transporte o el agrícola-ganadero asisten a una merma en sus ingresos debido al alza del gasóleo. Como consecuencia, los precios se encarecen y la inflación se dispara.

Ante esta realidad poco halagüeña que pone en peligro la recuperación de la economía pospandémica, el gobierno español propuso la limitación de los beneficios de las grandes eléctricas y compañías de gas al objeto de financiar la rebaja de la tarifa eléctrica. Poco tiempo le faltó al dueño y señor de Iberdrola para salir a la palestra y lanzar un órdago al insinuar que, de llevarse a cabo esa medida redistributiva, paralizarían la producción de energía en el sector nuclear, hidráulico o eólico, lo que hubiera generado una crisis estructural mayor. Si esta amenaza no fuera suficiente para dejar sin efecto la propuesta del gobierno antes citada, también recurren habitualmente a otras estrategias asociadas a las puertas giratorias, fichando a destacados hombres de la política y colocándolos en puestos directivos, con sueldos desorbitados, al objeto de asegurarse la sumisión del gobierno de turno. Como ya sabrán los lectores, el gobierno se terminó plegando a los designios del magnate de la luz, y no me refiero al señor Burns, de los Simpson, aunque se parezca mucho al él en lo físico y en el tamaño de su avaricia.

Ahora bien, habría que preguntarse de donde vienen estos lodos, o mejor dicho, lobos. Su origen se situaría en los procesos de privatización que emprendieron los gobiernos españoles de distinto signo (PSOE y PP) en el transcurso de la década de los 80 y que se extendieron durante décadas. Así, los sectores estratégicos de la economía que habían estado en manos del estado (energía, telecomunicaciones...) fueron poco a poco desmantelándose y vendiéndose al mejor postor, que casualidad o no, fueron a parar en muchos casos a amistades vinculadas al gobierno en paso. Gracias a estas «donaciones», estos personajes hoy campean a sus anchas y marcan el devenir de la política y la economía española al amparo de su sacrosanta ley del libre mercado, o por qué no decirlo, de la pura especulación, marcando precios abusivos que afectan y empobrecen a la mayoría de la población y lastran la economía de un país, mientras ellos cuadriplican sus beneficios.

¿Por qué el Gobierno pierde el tiempo en declarar la guerra a los oligarcas rusos, si en el patio de nuestras casas tenemos a unos de igual pelaje?