En unos días el Departamento de Educación pondrá en marcha el plazo de matriculación para la admisión del alumnado para el próximo curso. Es evidente que este proceso tiene notables lagunas. La normativa en vigor y la actitud tanto del Gobierno como de la mayoría de los centros privados concertados tienen como objetivo diferenciar y estratificar a la ciudadanía. Por ello nos gustaría enumerar algunas cuestiones a tener en cuenta en la admisión del alumnado para poder garantizar la igualdad de oportunidades en todo este proceso.

Creemos que la admisión del alumnado debe estar en manos de la administración y que los centros no deben participar en este proceso. Es evidente que muchos centros proporcionan información errónea para poder elegir familias de su interés: religión, cuotas, oferta educativa, número de puestos escolares libres... Por tanto, es imprescindible que el proceso de admisión se realice en oficinas de matriculación que estén bajo control público.

Los centros privados concertados garantizan el itinerario a los niños y niñas matriculados en las escuelas infantiles de primer ciclo que tienen adscritas el propio centro. A menudo, esta oferta fraudulenta la gestionan los ayuntamientos, subcontratando el servicio municipal 0-3 a la escuela infantil del colegio concertado de la localidad. Tanto el alumnado no escolarizado en esta franja de edad, como el del Consorcio Haurreskolak, debe participar en el procedimiento de admisión y escolarización del alumnado en aulas de dos años.

La admisión del alumnado sólo debe realizarse dentro de las aulas planificadas. Sabemos que la cuestión de las aulas autorizadas en los centros privados es compleja, pero en el caso de Ordizia la fiscalía y el Ararteko señalan claramente que no se puede superar lo planificado por el Departamento de Educación, porque de lo contrario se producen desequilibrios.

En la dicha normativa se dice que todo el alumnado tiene derecho a una plaza gratuita, pero a continuación se regula que sólo se le garantizará la gratuidad a partir del segundo ciclo de educación infantil. ¿Qué ocurre entonces con las aulas de dos años en los centros de titularidad privada? ¿Por qué el proceso de admisión se realiza en el primer ciclo de Educación Infantil en el que no está garantizada la gratuidad? La admisión del alumnado debería hacerse para aulas de tres años.

Es necesario el control de ratios en las aulas de dos años en los centros privados concertados. En estas aulas de centros públicos y privados debería haber un máximo de dieciocho alumnos y alumnas (salvo excepciones aceptadas por la administración). Sabemos que en muchas aulas de los centros privados (no son concertadas, sino subvencionadas) de esta franja de edad no gratuita se suelen admitir veinticinco criaturas, incluso más, pagando unas cuotas desorbitadas, limitando, de ese modo, los puestos «gratuitos» que deberían crearse en aulas de tres años.

La oferta de la asignatura de religión es obligatoria en todos los centros y optativa para las familias. En los colegios religiosos, en cambio, es obligatorio, de facto. Si la norma es la misma para todos, ¿por qué el Departamento de Educación no hace cumplir la norma a los colegios privados religiosos?

La gratuidad es obligatoria, no es una decisión que cada centro pueda tomar según su voluntad. Los centros privados concertados tienen la posibilidad y la obligación de realizar una oferta gratuita con el dinero público que reciben en la actualidad a partir de las aulas de 3 años. También en Formación Profesional y Bachillerato, en la medida en que estén concertados, su oferta también debería ser gratuita.

Cada vez existen más cooperativas educativas. La mayoría de los centros privados que se están constituyendo optan por este modelo, ya que ello les otorga privilegios que las legislaciones autonómica y estatal no permiten a otras formas jurídicas. Además, ser cooperativista aporta a las familias ventajas obvias a la hora de matricular a sus hijos en estos centro privados. Cuando un alumno o alumna es admitida en un centro sin ser cooperativista, no tiene los mismos derechos que tienen quienes sí lo son. Por tanto, también en el seno de las cooperativas se dan diferencias entre las familias.

Los puntos que dan los consejos escolares para la admisión del alumnado requerirían un control mucho más estricto. Este punto no puede servir de acicate para seleccionar al alumnado.

Modificar el mapa escolar es imprescindible. Este nuevo mapa escolar debería responder a la igualdad de oportunidades de todo el alumnado y al bienestar común de la ciudadanía y no a los intereses particulares de determinados centros concretos.

Se ha hablado mucho durante estas semanas de la necesidad de reformar nuestro sistema educativo. Hay diferentes perspectivas de futuro, todas legítimas, pero no basta con mirar a medio y largo plazo . No hemos escuchado nada sobre los pequeños pasos y compromisos que supondrían un avance enorme en la igualdad de oportunidades y eliminación de privilegios. Si el Departamento de Educación y la mayoría de los centros concertados no están dispuestos a abordar estos compromisos mínimos, ¿cómo va a ser posible mirar al futuro?

Sabemos que a pesar de todas estas medidas, la exclusión que sufre gran parte del alumnado por origen, creencias o situación socioeconómica no se superará totalmente . Mientras estemos bajo un modelo capitalista, la educación, en una medida o en otra, sufrirá las consecuencias que el propio sistema impone. Sin embargo, creemos que el actual sistema vasco puede y debe ofrecer mucho más a la construcción de una sociedad más cohesionada basada en la justicia social. En este sentido, el compromiso de la escuela pública, de las familias y profesionales que formamos esta comunidad, está siendo enorme. ¿Y de los centros concertados? A la vista está que, salvo algunas excepciones, no. Sus patronales tienen otras prioridades, legítimas si no estuvieran plenamente financiadas con dinero público. Por lo tanto, si no hay una aportación a la cohesión social, estas subvenciones públicas deberían suspenderse de inmediato. El proceso de admisión del alumnado no puede ser un instrumento más de segregación y estratificación social.