En mayo de 1932, dentro del debate parlamentario promovido para dar paso al Estatuto de Autonomía de Catalunya, el diputado Miguel Maura –hijo de don Antonio y miembro del Partido Republicano Conservador– decía que lo que a él le inducía a dar cauce legislativo a la particularidad de Catalunya no era la historia, ni la lengua, ni las costumbres, sino el hecho de la voluntad del pueblo catalán. Don Manuel Azaña, por entonces presidente del Gobierno de la República, le recordaba al político conservador que precisamente los citados antecedentes históricos eran los que determinaban la voluntad del pueblo catalán. Ambos eran conscientes de que, al margen de que el relato de los acontecimientos históricos respondiese o no a la realidad, lo importante era la percepción que la sociedad catalana había logrado obtener de su propia historia. Ochenta y dos años después, las cosas han variado muy poco, la lectura e interpretación de la historia es poco menos que imposible realizarla de un modo neutral.

Catalunya y el Reino de Aragón, en su unión del siglo XII, no pierden su respectiva capacidad de acción particular. En su posterior desarrollo cada ámbito administrativo mantiene sus propias instituciones: Cortes, régimen fiscal, moneda… Los respectivos monarcas juran sus constituciones o fueros y el Derecho no puede modificarse de modo arbitrario por el rey. Estamos, pues, ante un pacto entre los grupos dominantes de la sociedad catalana y el monarca que no puede ser roto por las partes, a menos que se arriesguen a producir un conflicto que, a menudo, desemboca en enfrentamiento armado.

La formación de Catalunya en su desarrollo histórico sostiene su especificidad a pesar de que la monarquía española, a la vez que los grandes estados de Europa occidental, avanza hacia formas de autoridad absolutas. Ilustra la situación la actitud del municipio de Barcelona (1521) cuando comunica al emperador Carlos I de España que no se unirá a los comuneros castellanos, pero que, a su vez, no entregará al representante de los sublevados de Valladolid por no poner en peligro las negociaciones de los catalanes en Castilla. Junto a episodios de colaboración con la monarquía, periódicamente, se producen choques en los que se dilucida el mantenimiento del poder de decisión de las respectivas instituciones.

En 1412 el Compromiso de Caspe eleva al trono a un miembro de la dinastía castellana de los Trastámara en contra de los derechos de Jaime II de Urgel. Ya en el siglo XVII, el Conde-Duque de Olivares, válido de Felipe IV, partidario de unificar los reinos, proyecta su política de Unión de Armas, contestada frontalmente por las autoridades catalanas; en 1640 se produce un levantamiento general contra las tropas de la monarquía, dando inicio a una guerra que se prolonga durante años, donde las autoridades catalanas ofrecen el Principado catalán al rey de Francia, Luis XIII.

La guerra de Sucesión, inicios del siglo XVIII, está motivada por el choque dinástico entre las Casas de Borbón y  Habsburgo, conflicto que supera el ámbito continental y provoca una guerra civil en España; la mayoría de las instituciones catalanas se posicionan por el Archiduque austriaco y finalmente son derrotadas. Felipe V cercena las antiguas leyes catalanas y proscribe el uso de la lengua propia de la comunidad.

La etapa liberal se inicia en el Estado español arrastrando los resultados de las guerras napoleónicas para concluir en la ruina material y demográfica de la Península. Para el historiador Pierre Vilar, el siglo XIX español significa quiebra, significa fracaso. Según Vicens Vives, entre 1814 y 1900 Catalunya vivió sesenta de ochenta y seis años bajo regímenes de excepción. Es, también, el siglo que da lugar al nacimiento de la Renaxeinca, movimiento cultural de defensa de la lengua catalana y de los esfuerzos por la recuperación de las señas de identidad de Catalunya, proceso paralelo al fracaso del Estado español en su inconsistente proyecto de vertebración nacional.

Era un hermoso día de sol. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros llegaba, al fin, la segunda y gloriosa República Española». Así saludaba Antonio Machado la llegada de la República. A su vez, en Barcelona, primero Companys y una hora más tarde Francesc Maciá proclamaban el Estado catalán, que: «con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas Ibéricas». La proclamación creó un conflicto de legitimidades, por lo que tres ministros del Gobierno provisional de la República española se desplazaron a Barcelona para negociar un acuerdo. Este se alcanzó renunciando Macià a la República catalana y comprometiéndose el Gobierno provisional a tramitar en Cortes un estatuto de autonomía –aprobado previamente por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes– para Catalunya y reconocer como gobierno autónomo a la Generalitat. Antes de la entrada en vigor de la Constitución republicana, la Generalitat había aprobado ya su Estatuto de Catalunya, redactado: «en ejercicio del derecho de autodeterminación que compete al pueblo catalán».

El Estatuto de Nuria, promovido para ser incluido en un estado federal, tuvo que adaptarse a la Constitución española que configuraba un Estado integral. En una Cámara donde ocupaban sus escaños hombres de la talla intelectual de Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala, las discusiones fueron arduas, y fue destacable el papel jugado por Manuel Azaña en defensa de la autonomía catalana. Don Manuel, en su discurso del 27 de mayo de 1932, decía: «No hay en el Estatuto de Catalunya tanto como tenían de fuero las regiones españolas sometidas a aquella monarquía», haciendo referencia a las competencias del Estatuto de Nuria y dando a entender que tenía menos capacidades que las que el Principado tenía  durante la monarquía de los Austrias.

Las diferentes escuelas historiográficas, al estudiar los acontecimientos citados, mantienen entre sí una comunidad de criterio coincidente en la existencia de un conflicto que se sucede en el tiempo y adopta formas diferenciadas en cada respectiva época o periodo; no así en su interpretación y alcance. En mi opinión, los hechos forman parte de un proceso dinámico, cambiante, largo y continuado que se produce dentro de una demarcación territorial determinada: Catalunya, que da lugar a la formación de lo que, a partir del siglo XIX, conocemos como una nación. La influencia del desarrollo lingüístico-cultural, económico, social e institucional, incluido dentro del antagonismo y oposición entre los grupos sociales más representativos de cada respectiva época, ha dado lugar a la conformación de una determinada voluntad política que busca cauces de expresión. Que esta se manifieste de un modo u otro, que tengan o no virtualidad los diferentes proyectos, depende exclusivamente de la relación de fuerzas existente entre las partes en litigio y no de una lectura apresurada, más o menos sesgada, de la historia.