Si hablamos de pasar la edad de jubilación de 65 a 67, también los datos tendrán que referirse a los mayores de esa edad. En el Estado, en Nafarroa y en la CAV, a diciembre de 2019, todas las personas pensionistas, mayores de 65 años, a cargo de la Seguridad Social somos 6.960.506, 102.816 y 407.590 respectivamente. No es cierto que los mayores pensionistas representemos más del 25% de la población como suele afirmarse a menudo: representamos el 14,8% el 15,5% y el 18,7% de la población total del Estado, de Nafarroa y de la CAV. Y en términos económicos, los mayores de 65 años no disfrutamos del 11% del PIB a nivel estatal, sino de un 8.6%, y a nivel de Nafarroa y CAV, el 8,5% y el 9,5% de sus respectivos PIB. El conjunto de la nómina Pensionistas a nivel estatal supone el 11% del PIB, pero en ese conjunto hay 1.988.803 que no son mayores de 65 años.

Primero aclaremos que todo sistema económico es un «determinado sistema de reparto»: no sólo las pensiones de la Seguridad Social; también son un determinado sistema de reparto económico las escalas salariales de los convenios colectivos, las prestaciones y subsidios de desempleo, la recaudación fiscal, la Deuda Pública y los PGE, etc. Sí, y además son un «reparto intergeneracional» que se materializa con el sistema sanitario, con el educativo y con el de pensiones. Sanidad y educación, se sostienen por los impuestos que provienen de las rentas salariales en un 85%-90%, y las pensiones en su 100%, con las cotizaciones desde las rentas salariales. El sistema económico actual, y los anteriores no son otra cosa que un reparto «concreto» de la riqueza generada cada año, del PIB de cada año, y estará determinado por los valores sociales, el sistema político imperante en cada momento, recursos naturales de cada zona, tecnología empleada, etc.

Partamos de conceptos adecuados y reales, de lo contrario las soluciones tomadas traerán nuevos problemas. Veamos.

Atrasar la edad de jubilación en dos años (a los 67 años) paulatinamente a lo largo de 14 años (2013-2027), conseguiría contener el número de pensionistas mayores de 65 años. Se mantendría el colectivo en unos 7 millones o muy poco más, pues la entrada esos 2 años de retraso de la edad de jubilación se dilata durante esos años iguala. Mientras, las bajas seguirían dándose como es habitual.

Durante esos años la Caja Única llegaría a ahorrar, hasta llegar al equivalente del 1-1,2% del PIB. El coste actual de las pensiones de los mayores de 65 años bajaría al 7,6% en el Estado y al 8,5% y 7,5% en Euskadi y Nafarroa. Pero ese porcentaje no sería la participación de los mayores de 65 años en el PIB, sino la de los pensionistas mayores, pues habría también mayores trabajando o en paro. Alrededor de un millón de personas de 65-66 años, bien trabajando, bien cobrando la pensión de incapacidad permanente o cobrando el desempleo, tendrían «ingresos» que también cuentan en el PIB. A día de hoy los mayores de 60 a 64 años que consiguen seguir trabajando son sólo el 44% de la población activa de dicha franja. Los y las desempleadas de 63-66 años seguirían cobrando prestaciones y subsidios (unas 250.000 personas); el resto, como ahora mismo sucede, ya estarían cobrando una pensión de incapacidad permanente hasta cumplir los 67 años. El colectivo en cuestión (repartido en tres grupos), daría prácticamente el mismo porcentaje sobre el PIB que antes; eso sí, la seguridad social reduciría en un 1-1.2% su gasto en pensiones y lo trasladaría al conjunto de la actividad económica y productiva.

Sin embargo, la recaudación por cotizaciones no aumentaría al ritmo del gasto en pensiones, pues para eso sería necesario que continuara la contratación de jóvenes (digamos de forma «habitual»), durante esos años y con salarios dignos, pero con este mecanismo y con las condiciones actuales de la economía global, es a esa juventud a la que se le traslada el coste del «superar el déficit de las pensiones» por este medio. Lo que se conseguirá es que mientras los mayores trabajen 2 años más, los más jóvenes continúen esperando y/o marchando al extranjero. La carambola de elevar la edad de jubilación golpea a la juventud (búsqueda de primer empleo). El resultado: el ahorro del sistema de pensiones se traslada al sistema económico y de éste a la juventud.

Puestos a recortar, hay quien propone aprovechar parte de las «cotizaciones al desempleo» para aumentar las cotizaciones por «Contingencias Comunes» (ya que se prevé que caminamos a un paro más reducido). Esto a medio plazo acarreará el endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones y subsidios de desempleo.

Estas medidas, dirigidas a resolver el «déficit de las pensiones», no tienen en cuenta su repercusión en el conjunto de la actividad económica y en la población, e inciden en lo mismo de siempre: recortar sobre lo recortado, reducir sobre lo reducido, precarizar lo que ya es precario, y empobrecer a los que ya son pobres. No se quiere partir de un replanteamiento del conjunto de la economía.

A dónde queremos llegar llamando demandantes de empleo o parados en búsqueda de empleo a personas de 63-66 años (qué tal sonaría en búsqueda «del último empleo»), que precisamente han sido defenestradas de la actividad laboral. No me parece nada serio el planteamiento. Hablemos claro, son «falsos parados», laboralmente condenadas a la irrelevancia. Es probable que estas nuevas situaciones exijan actualizar algunas de nuestras reivindicaciones o incorporarlas como nuevas. En nuestra lucha entran las personas pensionistas y también las personas mayores. Estos colectivos tendrán que organizarse en Asociaciones específicas para exigir soluciones.

Mientras no se deroguen estas reformas laborales y de pensiones, y vuelva la edad de jubilación a 65 años, es necesario que se distingan las prestaciones y subsidios de este colectivo, y sus correspondientes cotizaciones también. Atrasar la edad de jubilación no resolverá problema alguno, pero añadir otro seguro que sí.