En las Relaciones Internacionales existen dos conceptos fundamentales para comprender las dinámicas del sistema: identidad e interés. Sin embargo, tanto su definición como el grado de correlación y relevancia han sido objeto de un prolongado debate académico. Desde la perspectiva constructivista, por ejemplo, la identidad se concibe como una construcción social que emerge a través de procesos de significación intersubjetiva, y los intereses se derivan, en gran medida, de ella. En contraste, desde el enfoque realista, el interés nacional ocupa un lugar central e inalienable –«solo puede definirse en términos de supervivencia y poder», diría Hans Morgenthau–, mientras que la identidad adquiere un papel secundario o meramente instrumental.

Más allá de este debate, en los últimos días se ha reactivado con especial intensidad la discusión sobre la identidad y los intereses de Estados Unidos como claves explicativas de su intervención en Venezuela. Medios de comunicación y analistas de todo el mundo se han volcado en interpretar lo ocurrido, planteando preguntas recurrentes: ¿Cuál es la identidad de Estados Unidos? ¿Qué intereses persigue en Venezuela? Las respuestas suelen partir de una caracterización casi ritual: Estados Unidos como faro de la democracia liberal, heredero de la doctrina Truman, garante del orden y la seguridad internacional o actor central en la lucha contra el narcotráfico. A partir de esa identidad presuntamente coherente se han proyectado intereses igualmente previsibles: el reequilibrio de poder regional, la seguridad nacional, el control de recursos energéticos, la democratización de Venezuela o la contención de rivales estratégicos. Cada una de estas aproximaciones parte de una premisa fundamental: la convicción de que detrás de la conducta de la administración Trump existe un cálculo estratégico identificable.

Llegados a este punto, me gustaría proponer una explicación alternativa, que puede parecer simple, pero que considero honesta. Desde mi perspectiva, la administración Trump actúa de este modo debido a una razón fundamental: quienes ocupan posiciones clave presentan limitaciones severas para el análisis estratégico, siendo incapaces de anticipar efectos de segundo y tercer orden, evaluar escenarios complejos o sostener una línea de conducta coherente en el tiempo. A ello se le suma un problema adicional. Cuando estos actores se reúnen para deliberar sobre cuestiones de política exterior –un ejercicio que debería constituir el núcleo de cualquier estrategia racional–, el resultado no es la corrección de los sesgos y errores individuales, sino su amplificación. En lugar de producir racionalidad, la deliberación genera una dinámica desordenada en la que la incompetencia individual se combina con procesos de decisión disparatados, dando lugar a resultados que oscilan entre la incompetencia y lo absurdo.

No es que formule esta hipótesis como una provocación gratuita, sino como una conclusión por descarte. Se me han agotado los marcos analíticos y los enfoques estratégicos capaces de explicar su comportamiento. Pero, vayamos por partes, comencemos por la hipótesis del cambio de régimen. Este marco explicativo, basado en una lógica liberal de inspiración kantiana, propone que las democracias son más pacíficas y cooperativas entre sí, y, por tanto, conviene promoverlas (incluso por la fuerza) allí donde no existen. Esta hipótesis quedó rápidamente invalidada. El propio discurso de Trump fue explícito al respecto: el tipo de régimen le resulta irrelevante. Esta vía, por tanto, no explica lo ocurrido.

Pasemos al narcotráfico. El argumento resulta, como mínimo, llamativo. Fue la DEA quien ejecutó (o aparentó ejecutar) la operación, pero no existe evidencia alguna que vincule a Nicolás Maduro o al gobierno venezolano con cárteles de la droga. De hecho, la propia administración estadounidense ha reconocido que no dispone de pruebas en ese sentido. Así que también esta explicación se cae por su propio peso.

Nos queda, entonces, acercarnos a motivos estratégicos. La primera referencia habitual es la doctrina Truman, pero la analogía no se sostiene. Dicha doctrina se activa ante una amenaza existencial: la posibilidad de que una potencia rival establezca una presencia militar decisiva en un territorio clave. Ese no es el caso de Venezuela: sus vínculos con China y Rusia han sido, en lo fundamental, de carácter transaccional y carentes de una alianza sólida y creíble. No hay bases militares rusas ni chinas en el país, no hay misiles apuntando a Estados Unidos ni una amenaza directa a su seguridad nacional.

La segunda referencia estratégica suele ser el control del petróleo. No obstante, si ese hubiese sido el objetivo central, resulta difícil de comprender la ejecución de una operación de este tipo. Venezuela arrastra desde hace años un colapso productivo y de infraestructura en su sector energético y, desde 2015, enfrenta un régimen de sanciones agresivas por parte de Estados Unidos. En ese contexto, el gobierno venezolano difícilmente habría podido rechazar una negociación con empresas privadas estadounidenses a cambio de un alivio parcial de las sanciones, lo que dejaba abiertas múltiples vías indirectas para controlar el sector petrolero. De hecho, eso fue lo que ocurrió años atrás: la administración Biden autorizó a Chevron a expandir sus operaciones en Venezuela pese a las diferencias con el presidente Maduro.

Queda, por último, una hipótesis estrechamente vinculada a la anterior: desplazar a China de Venezuela. Conviene, sin embargo, matizar. Si bien Beijing mantiene una asociación estratégica con Caracas, este vínculo dista de ser lo suficientemente determinante como para alterar de manera sustantiva la posición de China en la región, y menos aún en el ámbito energético. En 2024, las importaciones chinas de crudo venezolano rondaron los 400.000 barriles diarios, lo que representa apenas un 4 % del total de sus importaciones. A ello se suma un dato clave: la reactivación integral de la industria petrolera venezolana exige inversión y una larga espera (estimada por funcionarios estadounidenses en unos 100.000 millones de dólares y al menos una década). Este panorama conduce a un cálculo pragmático: el escenario más viable no es el de una competición excluyente, sino el de una frágil coexistencia entre China y Estados Unidos.

En definitiva, lo que muestran todos estos elementos es que hoy no existe una lógica racional clara detrás de cada acción. A ello se suma una dinámica incomprensiblemente volátil: primero se anuncia un objetivo, después se actúa en una dirección que no lo confirma y, finalmente, se ajusta el discurso para explicar lo hecho. A veces se dice que se busca democratizar el país, luego que el problema es el petróleo, más tarde, que se trata de narcotráfico. No obstante, sea cual sea el objetivo, lo cierto es que el control efectivo del país venezolano (incluso del petróleo) no será empresa sencilla. De hecho, la evidencia empírica es clara: cada vez que Estados Unidos ha intentado controlar un país mediante la intervención directa, ha fracasado. En el caso venezolano, además, se pretende controlar un país de enorme complejidad territorial y sociopolítica, sin presencia sobre el terreno, sin tropas de control y sin una estructura política títere. Entonces, ¿cómo lo piensan hacer?

Fuera parte los motivos de esta conducta, sus costes son perfectamente visibles. La sociedad venezolana movilizada. La región latinoamericana en plena reactivación del antiimperialismo, en un contexto marcado por elecciones en países clave como Brasil y Colombia. Una Europa que, pese a su aparente indiferencia, observa con creciente escepticismo la fiabilidad de una OTAN en posible “muerte cerebral”. Además, en el caso de la UE, este escepticismo se ve reforzado en el momento en que la administración Trump abre otros frentes igualmente desconcertantes, como su interés por Groenlandia, un territorio que Estados Unidos ya controla de facto a través de esa misma alianza.

En conclusión, ¿qué sentido tiene esta conducta? No responde a un cálculo estratégico, no persigue un interés nacional y no se sostiene académicamente. Por eso, la conclusión es tan insólita como simple: no es democracia, no es seguridad, no es petróleo. Es, simplemente, estupidez.