Todas las personas que viven en un municipio tienen la obligación y el derecho de empadronarse, a la vez que todos los ayuntamientos tienen el deber de empadronarles; por eso, lo normal es pensar que todas y todos nuestros vecinos disponen de padrón. Y, sin embargo, no es así.

Son muchas las razones que imposibilitan a una persona empadronarse. Entre las más habituales podemos reseñar las siguientes: porque viven con familiares o amigos de manera intermitente, sin que puedan considerarlo su domicilio fijo; porque los titulares de la vivienda firman contratos de alquiler en los que se comprometen a no empadronar a otras personas en ese domicilio; porque viven donde trabajan como internas en tareas de hogar y cuidados y quienes les emplean no les autorizan a empadronarse en dicho domicilio; porque viven en una casa en la que otra persona percibe la RGI y temen que al incorporar una nueva persona en el domicilio se vean reducidos sus ingresos; porque no tienen su pasaporte en vigor...

Contra toda lógica la administración local imposibilita a estas personas el derecho a cumplir con su obligación, causándoles perjuicios graves e incentivando la proliferación de las mafias del alquiler y/o empadronamiento. Es una anomalía la coexistencia de una ley que obliga a empadronarse con unos reglamentos municipales que lo impiden. La normativa municipal debería garantizar el bien mayor que la ley trata de proteger, el derecho al empadronamiento.

Pero, más allá de lo ilógico que esto resulte, lo verdaderamente importante y reseñable es que, al imposibilitar el empadronamiento, se está impidiendo o dificultando el acceso a una serie de derechos básicos, como son: el acceso a la salud (tarjeta sanitaria y disponer de un ambulatorio de referencia); el acceso a la educación básica de menores (asignación de centro escolar); el acceso a los cursos de Lanbide y a todo tipo de formación de carácter oficial; el acceso a prestaciones sociales básicas; la obtención, tras tres largos años de arraigo, del permiso de residencia que pondría fin a la situación de irregularidad administrativa; ejercer, en su caso, el derecho a voto y a casarse o constituir una pareja de hecho.

Ante los graves perjuicios que conlleva la ausencia de padrón (y que, además, como ya ha quedado dicho, contraviene la ley que obliga a empadronar), no es extraño que prolifere un comercio de alquiler y/o empadronamiento que facilita, a cambio de 150 euros mensuales (que en Bilbao pueden ser más), la posibilidad de empadronarse en un domicilio en el que no se reside realmente o que ofrece habitación con derecho a padrón a cambio de un plus.
A la creación de este mercado contribuye de manera decisiva la práctica ilegal (y racista) que llevan a cabo personas propietarias de viviendas y algunas agencias inmobiliarias al no alquilar pisos a las personas de origen extranjero u ofreciendo pisos y habitaciones «sin derecho a padrón».

La situación que se ha venido generando es ya insoportable para las personas que la sufren, por lo que ha llegado el momento de encontrar una solución.

Hay experiencias y normativas desarrolladas por algunos ayuntamientos que tratan de paliar dicha situación facilitando el empadronamiento a todas las personas que viven en el municipio. En Barcelona, por ejemplo, cuando la persona no reside de manera continuada en la misma vivienda y no puede acreditar ningún tipo de documentación relativa al domicilio, el ayuntamiento realiza un informe de conocimiento de residencia en el municipio y, con este informe, realiza el empadronamiento social en una dirección de un Centro de Servicios Sociales municipal.

Establecer cauces, como la extensión del padrón social u otras similares, tendentes a garantizar el empadronamiento de aquellas personas que, con los requisitos actualmente en vigor, no pueden acceder al mismo, sería una medida con importantes beneficios. En primer lugar, porque facilitaría la vida a las personas sin padrón que son, además, las que mayor apoyo institucional y social precisan. En segundo lugar, porque, tal y como se viene diciendo, refrendaría el cumplimiento de la ley. Y, en tercer lugar, porque permitiría a los ayuntamientos conocer el número real de habitantes del municipio y así poder conocer las necesidades reales de la población.

Y es que los ayuntamientos, al no contar a las personas que carecen de padrón, no cuentan bien.