El pasado domingo, Bergara reunió a representantes de dos centenares de municipios vascos con una doble efeméride flotando en el calendario. Por una parte, se cumplen ciento cincuenta años desde que las Cortes españolas abolieron los fueros de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Por otra parte, se cumplen cincuenta años desde que el Movimiento de Alcaldes irrumpió en la esfera pública con un manifiesto a favor del autogobierno, la amnistía, la convergencia con Nafarroa y la oficialidad del euskera.

La fotografía de Bergara, con todas sus salvedades, recuerda a otras fotografías más o menos históricas. Hace ahora un año, igual que en el verano de 2023, varios alcaldes y ediles del espectro euskaltzale se concentraron en defensa de la lengua ante la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Habría que retroceder casi treinta años para encontrar un precedente de la misma naturaleza pero de dimensiones mucho más ambiciosas. Me refiero a la fundación de Udalbiltza el 18 de septiembre de 1999 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Eran los viejos tiempos de Lizarra-Garazi.

En medio de una intensa ofensiva contra el euskera, el PNV y EH Bildu han firmado un acuerdo que tratará de ofrecer un blindaje jurídico a los perfiles lingüísticos de las OPE. El PSE está que trina. Eneko Andueza no solo denuncia la deslealtad de su socio de gobierno sino que además nos previene contra la «prioridad nacional» de los partidos soberanistas. Los socialistas vascos reclaman una «prioridad social» mientras Maider Etxebarria y María Chivite reciben la final del Mundial de fútbol entre efusiones rojigualdas.

En el imaginario jacobino aparece con frecuencia la falsa dicotomía entre derechos nacionales y derechos sociales, como si ambas aspiraciones fueran mutuamente excluyentes. La historia, en cambio, es generosa en movimientos que conjugaron o conjugan la liberación de los pueblos con las diferentes corrientes del socialismo y el comunismo. Podríamos traer aquí los textos clásicos de Lenin o de Sartre, pero basta mencionar un ejemplo más mundano para interpelar directamente al PSOE: los sindicatos que han defendido con más ahínco la vitalidad del euskera son los mismos que aún reclaman a Pedro Sánchez la derogación completa de la reforma laboral de Mariano Rajoy.

Andueza, nos tememos, no está tan preocupado por la extinción del castellano como por la caducidad de sus alianzas de gobierno. Hace algunos años, cuando Iñigo Urkullu aún tenía mando en plaza, el PNV y el PSE llegaron a sumar mayoría en seis de las siete grandes instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca. En 2023, sin embargo, el crecimiento de EH Bildu y la caída del PNV hicieron necesaria la intervención del PP en los plenos de investidura. Quedan unos meses para las elecciones municipales y forales y aún no sabemos si se revertirá la tendencia.

A grandes rasgos, las instituciones de la CAV han sido administradas mediante dos clases de alianzas políticas. Por un lado, tenemos alianzas autonomistas marcadas por el Pacto de Ajuria Enea y las coaliciones entre el PNV y el PSE. Por otro lado, hemos tenido alianzas soberanistas que han intentado con mayor o menor arrojo superar el actual marco estatutario. Nos referimos al acuerdo de colaboración entre el PNV, EA y Euskal Herritarrok, pero también a los gobiernos tripartitos de Juan José Ibarretxe.

El aparato mediático español ha entendido por fin que una entente como la de Patxi López y Antonio Basagoiti solo sería repetible bajo el mazo de las ilegalizaciones. Es por eso que el poder establecido prefiere el pactismo de Ardanza y Urkullu como garantía de estabilidad autonomista. De hecho, el propio PP ha preferido votar a los candidatos del PNV y el PSE en el Ayuntamiento de Gasteiz y las Juntas Generales de Gipuzkoa antes que tolerar a una alcaldesa o a una diputada general de EH Bildu.

¿Podrán Pradales y Andueza mantener su alianza de Gobierno el día en que el PP y Vox lleguen a la Moncloa y el nacionalismo español exacerbe su ofensiva contra las instituciones vascas? En 2023, Andoni Ortuzar denunciaba que EH Bildu y el PSE estaban urdiendo un pacto anti-PNV. Hoy Andueza denuncia que EH Bildu y el PNV urden un pacto contra el PSE. Mientras tanto, Pello Otxandiano insiste en reunir a todas las sensibilidades políticas a excepción de PP y Vox. La hipótesis es que EH Bildu representa una suerte de sensibilidad hegemónica, capaz de sumar mayorías nacionales con el PNV y sociales con el PSE y la izquierda confederal.

De momento, la vía autonomista incumple sus propios acuerdos y posterga una vez más la culminación del Estatuto de Gernika. En noviembre de 2023, el PNV y el PSOE se concedieron un plazo “improrrogable” de dos años para completar las transferencias pendientes. Si mis cálculos son correctos, las dos partes se han concedido otras cinco prórrogas desde entonces. Mikel Torres alega obstáculos técnicos. Deben ser asuntos realmente complejos, pues los distintos gobiernos del Estado han pasado casi cincuenta años sin poder resolverlos.

Algún día terminará la historia interminable del racaneo competencial y habrá que sentarse a convenir un nuevo estatus. Dejaremos de hablar de autogobierno en términos logísticos y pondremos sobre la mesa el nudo gordiano del derecho a la libre determinación. De una manera viva y cálida, nos acompaña el antecedente de la foralidad, el Movimiento de Alcaldes y la asamblea de Udalbiltza, pero también la coalición antifascista del 36, la huelga de Bandas de Etxebarri y la memoria obrera del 3 de marzo en Gasteiz. Más pronto que tarde, las tornas cambiarán –siempre cambian– y volveremos a mirar de frente a la historia con el obstinado deseo de ser todo lo que nunca quisieron que fuéramos.