Igor Samaniego
Antropólogo social y cultural

Bernedo y más allá. Cuando la educación se convierte en un campo de batalla ideológica

Destacados intelectuales como Louis Althusser o Pierre Bourdieu dedicaron parte de su obra a reflexionar sobre el papel del sistema educativo en el proceso de transmisión ideológica y reproducción social.

Según la visión de Althusser, el Estado se mantiene, en parte, gracias a una serie de aparatos ideológicos que moldean la forma en que las personas piensan y se comportan. A través de estos mecanismos, el Estado consigue que los individuos adopten las ideas y valores que sostienen un determinado sistema social, económico y cultural. Desde esta perspectiva, la escuela desempeña un papel clave, pues funciona como uno de los principales instrumentos para reproducir el sistema capitalista. Esto ocurre porque la educación transmite una visión del mundo basada en los valores, normas y creencias del capitalismo. Así, para Althusser, el sistema educativo no solo enseña conocimientos, sino que también contribuye a mantener el orden social existente y a perpetuar las desigualdades estructurales que lo caracterizan.

En este sentido, los miembros de generaciones mayores de nuestra sociedad podrán recordar cómo el régimen franquista instrumentalizó de manera muy explícita el sistema educativo como un mecanismo destinado a inculcar en la población una forma muy concreta de entender la realidad y los elementos que la componen: la nación, el género, la religión, la familia, entre otros. Estas nociones eran moldeadas por el régimen a través de la educación. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo del franquismo, ya que la instrumentalización del sistema educativo está presente, en mayor o menor medida, en la mayoría de sistemas estatales a lo largo y ancho del mundo.

Este vínculo entre educación e ideología no pertenece únicamente al pasado, sino que también puede observarse en contextos actuales, donde determinadas políticas educativas reflejan la influencia de marcos teóricos e ideológicos concretos. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y la Comunidad Foral de Navarra, se han aprobado una serie de normativas y protocolos educativos en materia sexo-género con el objetivo de regular esta cuestión. Precisamente, el libro titulado "La coeducación secuestrada: Crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación" (2022), coordinado por la antropóloga catalana Silvia Carrasco Pons, quien se declara feminista, aborda críticamente esta situación. En el libro se plantea que las normativas y protocolos, como el «Protocolo para los centros educativos en el acompañamiento al alumnado trans o con comportamiento de género no normativo y a sus familias», aprobado en 2016 en la CAV, o el «Protocolo educativo ante casos de transexualidad» de ese mismo año en Navarra, se sustentan en marcos teóricos vinculados a las corrientes queer o de la teoría de la identidad de género, cuya validez es objeto de debate dentro de la comunidad académica.

Y es que, precisamente, con la reciente polémica del Udaleku de Bernedo, hemos podido observar cómo estas teorías relacionadas con el sexo y el género se proyectan en prácticas y actividades concretas, generando una amplia controversia dentro de Euskal Herria. Este hecho invita a reflexionar sobre los modelos a través de los cuales formamos a los jóvenes en cuestiones vinculadas con la sexualidad y el género. Por esta razón, retomando las reflexiones de Silvia Carrasco Pons, resulta urgente analizar el papel de las instituciones educativas en

los procesos de elaboración de protocolos y normativas que regulan la educación sexo-género dentro del sistema educativo, haciendo especial hincapié, desde una perspectiva crítica, en la ideología subyacente en dichos marcos normativos.

Como ha puesto de manifiesto la polémica del Udaleku de Bernedo, existen múltiples formas de entender la sexualidad y el género, un hecho que merece respeto y comprensión. La cuestión, y el debate de fondo, es sobre si el sistema educativo, en tanto aparato ideológico del Estado, debería construir sus protocolos y normativas sobre teorías que, como señala Carrasco Pons, resultan discutibles y no cuentan con el consenso de la mayor parte de la comunidad científica.


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