Carta a Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea

Entendemos que las autoridades europeas no se pueden sentir ajenas a estos hechos. Tras la dictadura franquista las instituciones europeas eran para nosotros garantía de la democracia y del respeto de los derechos humanos.

2017/09/29

Sr. Presidente. Los abajo firmantes nos dirigimos a usted en su condición de Presidente de la Comisión Europea, motivados por la situación política en que se encuentra la ciudadanía de Cataluña. Entendemos que las autoridades españolas, en especial el Gobierno español, están teniendo una deriva autoritaria ante un problema democrático planteado pacíficamente. Las autoridades españolas no están respetando ni el principio de legalidad ni los derechos fundamentales en su política en Cataluña.

El principio de legalidad se está forzando y retorciendo rompiendo las reglas básicas del juego democrático. La legalidad se ha interpretado para evitar que la ciudadanía catalana se manifieste libremente, mediante un referéndum, sobre su futuro político. Esta política se inició el año 2006 con la impugnación por el Partido Popular, ante el Tribunal Constitucional, del Estatuto de Autonomía de 2006. Se impugno el Estatuto catalán, pero no otros Estatutos con el mismo contenido. El Estatuto catalán había sido aprobado por las Cortes Generales en Madrid y por el pueblo catalán en referéndum.

La ciudadanía catalana respondió con grandes movilizaciones a lo que entendía como un ataque a su autonomía, lo que dio lugar a la asunción por los representantes políticos catalanes de su compromiso para convocar un referéndum sobre el desarrollo del autogobierno catalán. Las autoridades españolas han impedido por todos los medios que el referéndum se haya desarrollado de acuerdo con la legislación española en vigor. Las autoridades catalanas han acudido a establecer su propia legalidad, a través de su Parlamento, para posibilitar la realización de la consulta.

Las autoridades españolas han respondido a esta iniciativa quitando a la Generalitat catalana sus competencias presupuestarias, se han enviado más de 5.000 policías españoles y se quieren condicionar las competencias de la policía catalana, poniéndola bajo el mando de la Guardia Civil (cuerpo militar dependiente del Gobierno español). Llegan informaciones sobre traslados de vehículos acorazados, incluidos tanques, a Cataluña. Se trataría de envíos de armas de guerra para enfrentarse a una reivindicación pacífica y democrática del pueblo catalán.

Esta situación nos ha provocado una gran preocupación. Las autoridades españolas han violentado la interpretación de las normas, impidiendo que la ciudadanía de Cataluña ejerza sus derechos. Este proceso amenaza con continuar a la luz de las declaraciones del Presidente del Gobierno español y de otros miembros de su Gabinete.

Entendemos que las autoridades europeas no se pueden sentir ajenas a estos hechos. Tras la dictadura franquista las instituciones europeas eran para nosotros garantía de la democracia y del respeto de los derechos humanos. La ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y más tarde el ingreso en la ahora Unión Europea eran garantías de la democracia y del respeto de los derechos humanos en los Estados miembros.

El Tratado de la Unión Europea se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías (art. 2). Esta afirmación del Tratado no quiere ser simple letra muerta. El mismo texto legal prevé mecanismos para que las Instituciones europeas intervengan cuando constaten la existencia de un riesgo grave de violación de estos derechos (artículo 7 del Tratado de la Unión). Si las autoridades españolas continúan con la adopción de medidas contrarias a los derechos de la ciudadanía de Cataluña y limitando los poderes de sus legítimos representantes, en especial si se aplica el art. 155 de la Constitución española o medidas similares, entendemos que las autoridades europeas deberían proceder a la aplicación de las previsiones contenidas en el art. 7 del TUE.

*Firmantes: Iñaki Lasagabaster, Ramón Zallo, José Idoiaga, Baleren Bakaikoa, Mirene Begiristain, Aitor Montes, Josu Albero, Juan Pablo Sanz, Iñigo Jaca, Xabier Zarandona, Carlos Alberich, Leonardo Jaca, Pedro Otazua, Begoña Goikoetxea, Kepa Vicario, Leticia Eizaguirre, Jon Galfarsoro, Gregorio Jaca, maria Pilar Iriarte, German Urbizu, Maria Teresa Loinaz, Francisco J. Agirre, Markeliñe Arana, Angel M Garrastazu, Bernardette Eizagirre, Josu Fernandez Gamboa, Arantza Intxausti, Oihane Alberich, Maider Alberich, Ander Bilbao, Pablo Alberich, Roberto Escribano, Igone Aranbarri, Unai Blanco, Agueda Iruretagoyena, Beñat Iriarte.

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