Abierta de par en par la caja de los truenos, se multiplican las indisimuladas advertencias y las apocalípticas amenazas contra el Govern a medida que se acerca la fecha de las fechas. Un Rajoy encantado de conocerse y toda su cohorte gubernamental, judicial, policial y mediática, volcadas en la vergonzosa tarea de torpedear un «procés», por lo demás perfectamente democrático, que solo busca consultar a la ciudadanía sobre lo que pretende sea su futuro político. Bendito «procés», al menos para quien esto suscribe.

Ahí es nada. Toda una amalgama de «demócratas constitucionalistas» intentando algo más propio de regímenes totalitarios: pintar de delito la colocación de unas urnas, cuando no tuvieron reparo alguno en amnistiar al mismísimo franquismo… sin tan siquiera haberlo declarado como delictivo. Sí, esos, los que se dicen demócratas. Todavía hace escasas fechas, el mismo ejército se permitía tildar de «fecha importante» aquél fatídico 18 de julio, que supuso, según ellos, el inicio de un «alzamiento cívico-militar» en el que participó «la mayor parte del ejército». Manda huevos, que diría el ínclito. Pues sí, los mismos, algunos de aquellos, que no vacilaron a la hora de colocar al frente de sus siglas a todo un ministro del fascista gallego, a quien, por cierto, nunca exigieron retractarse previamente de su pasado, condenar aquella dictadura criminal, ni colaborar en su enjuiciamiento. Los mismos, en este caso «todos aquellos», que siguen impidiendo cualquier atisbo de investigación profunda, ni exigencia de responsabilidades sobre aquella otra negra historia de los GAL, que, dicho sea de paso, nunca pudo enjuiciarse como terrorista, aunque parezca increíble. Cosas de la judicatura hispana.

Una desmesura, en fin, que hoy se vuelve indignante cuando el ministerio fiscal exige más de 300 años de reclusión para los supuestos agresores de Altsasu por una reprobable paliza, a su juicio de carácter «terrorista», con resultado de un tobillo dislocado, pero que nunca fue capaz de encontrar motivos ni para una nimia dimisión por el asesinato de cinco personas aquél infausto 3 de marzo gasteiztarra y cuya investigación y consiguiente depuración de responsabilidades siguen siendo imposibilitadas, hoy día, por los mismos que claman contra los acontecimientos de Catalunya o el «caso Altsasu» y que, faltaría más, se dicen representantes políticos de eso que pomposamente denominan como «estado de derecho». Menuda tropa, Nicomedes.

Considerado como el más abyecto de sus crímenes, el Rubicón cuyo traspaso supuso el inicio de su fin y la muestra más descarnada de su deshumanización, el secuestro y despiadado asesinato de M. A. Blanco a manos de ETA puso a la judicatura ante la ocasión de dictar una sentencia ejemplarizante que quedara enmarcada en el frontispicio de la respuesta togada al desafío etarra: 50 años de cárcel fue la condena impuesta a su autor material. Alguno de los supuestos autores de la agresión de Altsasu, recordemos, afronta petición fiscal de hasta 62 años de cárcel. Si la condena ha de basarse siempre en la proporcionalidad del delito, la RAE va a tener que darle una vueltilla al significado del vocablo «exceso».

Vale, asumamos farola como animal de compañía y la justificación del constitucionalismo de que lo de Altsasu no se trata del mejor ejemplo posible de justicia vengativa. Pero se le parece tanto, oiga, se le parece tanto…