Como todos sabemos, el Fuero es la capacidad de las comunidades, de los pueblos y naciones para darse de abajo hacia arriba sus propias leyes y autogestionarse, sin perjuicio de la solidaridad debida con vecinos y confederados.

Lejos de suponer ningún privilegio como se empeñan en asegurar con ignorancia o mala fe los centralistas, se trata del original y tradicional sistema de organización de cada comunidad, exigiendo la asunción de una gran carga de implicación y responsabilidad para quienes los mantienen o reclaman pues supone la total responsabilidad de la gestión de su comunidad. Se trata de que ningún tercero decida o haga aquello que cada comunidad puede decidir y hacer con sus propios medios e intereses, y de compartir de manera concertada lo que excede esa área comunal. En los territorios navarros pagamos nuestros gastos con nuestros impuestos que nosotros mismos recolectamos y aportamos al Estado lo que proporcionalmente nos corresponde por los servicios que este dice prestarnos, además de la cuota parte como solidaridad interterritorial.

Está claro que si el nivel de corrupción en el Estado es de 100 y aquí solo del 30 (no porque seamos mejores sino porque lo propio y de cerca se administra y se controla mejor), la diferencia es un beneficio a costa de la corrupción estatal pero no de las otras comunidades; por eso es que los navarros en general (no UPN, ni el PPN o el PSN) hemos apoyado siempre a cuantos solicitan nuestro mismo sistema pues lo que resulta bueno para nosotros creemos que puede serlo también para los demás, sin que ello perjudique a nadie más que a los ladrones intermediarios.

Se me dirá con toda razón que aquí o en Catalunya no nos han faltado tampoco los casos de corrupción monumentales, pero es fácil entender que en su mayor parte se hizo a la sombra del método acordado e impuesto desde las jerarquías metropolitanas, por mucho que se niegue, para el funcionamiento y financiación de este pesebrero régimen político y así viene siendo acreditado día tras día e institución tras institución desde la prensa, y ahora, tarde mal y nunca también desde las instituciones judiciales, siendo estos bochornosos ejemplos de dominio público desde hace muchos años sin que fiscalías ni autoridades se dieran por enterados, haciendo normal y aceptable socialmente la corrupción pues decían o dicen: «si ese que tiene mucho o más que nadie se lo come crudo y se lo lleva a camiones, yo que tengo menos también tengo derecho a mi parte»; o aquello de que «esos millones los mandan desde Madrid o desde Europa y si no se gastan pues se echan a perder, ¡como los ajos!».

El President de la Generalitat de Catalunya en su última visita a Rajoy le dejo claro que las aspiraciones inmediatas de Catalunya eran las de recuperar al menos sus restos de foralidad administrativa de manera similar a Navarra y Euskadi y que si no se habilitaba esa vía perfectamente practicable con esta Constitución por la vía de los derechos históricos reconocidos en la misma y hasta en el preámbulo de la infame y unitaria Pepa, ya no les quedaría otra que la independencia. Esa es la realidad, confesada y reconocida por todos por mucho que se empeñen algunos en taparlo y olvidarlo con la peor intención.

Desde el 998, por poner una fecha, los catalanes han defendido sus derechos frente a unos y otros, en 1641 ya proclamaron la 1ª República Catalana, el 12 de setiembre de 1714 fecha en que Catalunya fue ocupada por el centralista Felipe V y especialmente desde el Decreto de Nueva Planta del 16 de enero de 1716 con el que se les impuso por la fuerza de las armas las nuevas instituciones castellanas sustituyendo a las propias constituciones del Principado y de la Corona de Aragón, las luchas y protestas han seguido siendo continuadas: en 1810 Napoleón les tuvo que reconocer la independencia pero bajo tutela francesa, después las tres guerras carlistas, la proclamación del Estat Catalá en la Primera República, la «Setmana trágica», la proclamación de la República Catalana el 14 de abril de 1931, Proclamación del Estat Catala el 6 de octubre de 1934, aparición de Terra Lliure, las movilizaciones del Estatut y sus cepillados, y ya hoy una declaración de independencia inminente que muchos nos hemos cansado de anunciar desde hace años, pues era algo evidente, sin que haya servido para nada.

Si se busca una solución seria y útil, no queda otra salida que facilitar cuanto antes un justo convenio con Catalunya y con cuantos otros muestren voluntad y recursos para hacerlo, para asegurar su autogestión sin merma de la solidaridad debida con los más pobres del Estado, de Europa y del mundo, pero no con los ladrones; seguido a continuación de un referéndum en libertad, sin ninguna limitación y con todas las garantías, que es demandado por una mayoría muy cualificada de catalanes y de vascos que además, en esas condiciones, hoy daría sin duda la mayoría a quienes quieren recuperar su soberanía y desde ella buscar un sistema de convivencia o confederación con las otras Naciones ibéricas o con el resto del Estado español, cerrando definitivamente un contencioso secular.

Desgraciadamente ya vemos que, como siempre, esa no es la intención, sino el seguir enfrentando a todos contra Catalunya y sus derechos, igual que se ha hecho tradicionalmente con Euskal Herria con el fin de que sigan sometidas.

Ya es hora de que todos nos demos cuenta, los derechos y las libertades de Catalunya hoy son los derechos y las libertades de todos y cada uno de los pueblos y naciones de este Estado y como tales debemos de defenderlos.