Resulta muy complicado argumentar contra los puntos clave de este pacto. Resulta complicado estar en desacuerdo con la pluralidad y diversidad de la sociedad vasca, con la necesidad de trabajar por una ciudadanía inclusiva con derechos para todas las personas, de la igualdad de género para la convivencia, de la educación inclusiva y del protagonismo del euskera en estos procesos de integración. Además, es indudable que la inmigración debe ser una ventana de oportunidad para Euskadi, que la integración es un fenómeno bidireccional, tanto para personas migrantes como para sociedades de acogida, y que hay que trabajar este fenómeno desde los ámbitos municipales y comunitarios. En consecuencia, muchos partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales y culturales se han adherido a este Pacto Social por la Inmigración, resultado del compromiso 140 del Programa de Gobierno de PNV y PSOE para esta legislatura 2016-2020.

Un pacto que firman infinidad de agentes políticos y sociales, y que contiene unos principios teóricos con los que difícilmente se puede discrepar. Sin embargo, hay que recordar que está hecho de arriba abajo, que es fruto de un compromiso del programa de gobierno de PNV y PSOE, y que se ha construido en espacios tutelados, sin una participación horizontal y simétrica entre Gobierno y agentes sociales.

Y ahora, Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) y otras plataformas de acogida e integración se ven empujadas a enfrentarse al dilema de adherirse o no a un pacto que afirma ser simplemente un punto de salida en torno a una serie de valores y principios que toda sociedad debería de compartir. Aunque tampoco es oro todo lo que reluce. En su texto, llega a afirmarse que quién se adhiere al Pacto fortalece su capacidad crítica ante las medidas gubernamentales que contravengan sus principios y valores, como si a los no firmantes se les negará esa misma capacidad crítica o de hacer denuncias y propuestas. O más preocupantes son los silencios del texto sobre la instrumentalización laboral de las personas migrantes, o la situación de las personas «sin papeles».

No se puede olvidar que este Pacto se construye y desarrolla en espacios tutelados por el Gobierno Vasco, de «arriba a abajo», como son el Foro para la Integración y Participación Social de la Ciudadanía Inmigrante con sus comisiones, y la Mesa de Diálogo Civil, donde la presencia de OEE ha sido escasa, bien por propia decisión, bien porque las propuestas e iniciativas ciudadanas que no están «profesionalizadas» son invisibilizadas o tratadas con indiferencia desde el Gobierno. Ejemplo de ello fue la acogida de barrios y «gaztetxes» en Bilbao e Irun en verano del 2018, o la falta de reconocimiento a las decenas de experiencias comunitarias de acogida solidaria que se están desarrollando en estos últimos años en multitud de barrios y municipios.

Desde OEE, la participación en estos espacios pro-gubernamentales se ha manejado con flexibilidad, partiendo que en su seno hay una diversidad de sindicatos, asociaciones profesionalizadas, organizaciones comunitarias, colectivos informales, y personas del mundo de la política y a título individual. Algunas ONG y miembros de Ongi Etorri han participado, por invitación, pero OEE como tal, sin pronunciarse sobre la idoneidad de acudir o no, ha alternado colaboraciones puntuales, con la confrontación y la denuncia de determinadas medidas que se proponían en estos espacios de interacción entre las instituciones y la sociedad civil.

Y ante este dilema que plantea el Pacto Social por la Inmigración, sin duda alguna, hay que respetar tanto a quienes se adhieren como a los que no se adhieren. Sin embargo, mantener la cautela y la actitud crítica es fundamental. Cautela y actitud crítica ante el pacto y las políticas migratorias: Las administraciones vascas en lugar de hacer una política activa migratoria, han optado por «no hacer casi nada» ante las presiones conservadoras que criminalizaban la inmigración. Las políticas del Gobierno Vasco están muy lejos de estar alineadas con los principios e ideas fuerza del Pacto Social. En estas dos últimas legislaturas, el Gobierno Vasco «dice más que hace». Inicialmente excusándose en la falta de competencia en extranjería, desbarató los escasos avances de legislaturas anteriores, degradando la acogida e integración de inmigrantes en la estructura de los últimos gobiernos. Ni la Estrategia Vasca por la Inmigración (2014-2016) ni su actualización, el Plan de Actuación en el Ámbito de la ciudadanía y la interculturalidad e inmigración 2020 del Departamento de Empleo y de Política Sociales y su Dirección de Política Familiar y Diversidad, han supuesto cambios considerables en los ámbitos de la acogida, convivencia, educación, empleo, salud, vivienda o asesoramiento jurídico para apoyar a las personas inmigrantes en sus itinerarios de inclusión social.

A pesar del nuevo contexto migratorio europeo de los últimos años, desde ese departamento, se ha mantenido un esquema organizativo similar al existente (una dirección no específica, y un entramado de agentes similar-Biltzen, Ikuspegi, Eraberean, Aholku Sarea, Foro de Inmigración, Estrategia anti-rumores), y tampoco se han articulado colaboraciones reseñables, ni intra-gubernamentales ni con otras administraciones locales. Buenas intenciones que quedan recogidas en los documentos estratégicos, que se evaporan cuando se concretan objetivos, resultados y acciones.

Tras la falta de previsión ante el repunte en la llegada de personas a Euskadi en el verano-otoño del 2018, gracias a la presión social, se reforzaron mínimamente algunos recursos para las personas en tránsito, y se habilitaron otros especiales para personas vulnerables y solicitantes de asilo. Y, aunque se ha articulado un plan de contingencia para la atención humanitaria a migrantes que llegan en tránsito para el 2019, los recursos del Gobierno Vasco destinados a ampliar la cartera de servicios en los municipios para la acogida a personas inmigrantes siguen siendo manifiestamente insuficientes. Se improvisa, y no se actualizan los decretos de 2003 relativos a la red de acogida a personas inmigrantes extranjeras de base municipal, ni se dota de suficientes medios a las otras administraciones para poder ofrecer una acogida mejor. Cientos de personas, tanto de aquí como recién llegadas, siguen sin tener garantizado un techo donde dormir una vez pasados unos días (incluso familias con criaturas). Y otros cientos, que no están en tránsito, quedan fuera del sistema, y sólo las más afortunadas son acogidas solidariamente a través de diversas iniciativas ciudadanas.

Partiendo del hecho que en Euskadi no existen políticas de discriminación positiva a las personas inmigrantes, y que la exclusión y las desigualdades han aumentado en estos años de crisis económica tanto entre personas foráneas como migrantes residentes, tampoco se han producido mejoras reseñables en el sistema de prestaciones sociales y económicas. Al contrario, para sacar adelante los presupuestos de 2017 (prorrogados hasta 2019), el Gobierno Vasco aceptó el endurecimiento de los requisitos y recortes en la RGI, la prestación complementaria de vivienda, las ayudas de emergencia social y las becas de guardería y comedor escolar, a cambio de la abstención del Partido Popular, dando pábulo a sus discursos basados en el miedo, y en el populismo de «los vascos primero» frente a unos inmigrantes que son «parásitos sociales». El borrador de los nuevos presupuestos para el 2020 que se está manejando, sigue planteando recortes de la RGI por unidad convivencial.

A ello hay que sumar las resistencias del Departamento de Educación para adoptar compromiso alguno ante la falta de cohesión social y problemas de segregación escolar que denuncian plataformas ciudadanas, federaciones de familias y sindicatos. Así sucedió en la elaboración de las bases para el Acuerdo por la Educación (2018) que, al igual que con el Pacto Social para la Inmigración, el Gobierno Vasco ha preferido prescindir de la participación plena de algunos sindicatos y federaciones de familias de la escuela pública, con el propósito de dejar fuera estos debates que cuestionan los «privilegios» que el actual sistema educativo ofrece a algunos sectores pudientes.

Es difícil posicionarse a favor de un «Pacto» que llega tras unas legislaturas donde nuestros gobernantes no han querido hablar de cómo gestionar la inmigración, por lo que no han realizado ni modificaciones organizativas y legislativas de calado, ni se han dotado de más recursos para hacer frente a la nueva realidad de acogida e integración.

En la falta de coordinación y de claridad en el reparto de funciones entre los distintos órganos de la administración en materia migratoria, la Secretaria General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación ha puesto en marcha otra serie de medidas más «efectistas» que prácticas, de acción humanitaria, acogida e interculturalidad. Los «corredores humanitarios« (2017) y el programa 'Share' para adecuar la Estrategia Vasca a los nuevos retos migratorios europeos (2018) son documentos y propuestas retóricas con recorridos bastante limitados que, si bien proponen alternativas humanitarias y un sistema de acogida ordenado en los diferentes niveles gubernamentales, lo que realmente parecen perseguir es un reconocimiento internacional del Gobierno Vasco ante la crisis migratoria.

El programa para promover la convivencia junto a la Comunidad Islámica Vasca (2018) y su Comisión Asesora ADOS y el Consejo Interreligioso Vasco ponen más el acento en la convivencia interreligiosa, y en las medidas de seguridad y prevención socioeducativa ante la radicalización violenta islamistas. No se mencionan ni medidas para proteger a niñxs y jóvenes norteafricanos no acompañadxs, ni propuestas para combatir la islamofobia y las identificaciones policiales por perfil racial que sufren tanto las personas que practican esta religión como otros colectivos no practicantes de árabes y bereberes muy presentes en la sociedad vasca. Otras medidas más recientes, como el Plan de Patrocinio Comunitario que implica directamente a la ciudadanía y ONGs en los procesos de acogida e integración de personas refugiadas (2019), y la financiación del barco de rescate humanitario Aita Mari (2019), a falta de una evaluación más profunda, pueden contener algunos elementos positivos, pero el grueso de la acción gubernamental no avanza ni hacia una ciudadanía inclusiva, ni hacia la garantía de los derechos de las personas inmigrantes, ni tampoco se esfuerza suficientemente en poner los medios para conseguir una sociedad de acogida más tolerante y solidaria.

Reconocimiento y puesta en valor del nuevo movimiento ciudadano vasco de acogida e integración que se ha gestado estos últimos años. Los sectores sociales organizados deberían de huir de marcos funcionales de deliberación y participación marcados por las instituciones formales, que tienen como objetivo cumplir con los compromisos de su programa de gobierno. Ante la cercanía de las elecciones autonómicas, el Pacto Social puede ser fácilmente instrumentalizado por el Gobierno Vasco para legitimar socialmente su política migratoria y de convivencia de esta legislatura, y tratar de desactivar la movilización social que pudiera cuestionar sus medidas de acogida e integración de personas inmigrantes. Si la verdadera voluntad política fuera superar el actual statu quo en materia de inmigración y diversidad, y abrir espacios de relación más simétricos, horizontales, y en pie de igualdad entre administraciones y sociedad civil para ir articulando soluciones y una acogida integral, el Gobierno Vasco podría haber presentado este Pacto tras la contienda electoral de 2020.

Un pacto que parece buscar la legitimación social de unas medidas insuficientes de un Gobierno, que se resiste a reconocer al movimiento vasco de acogida ciudadana como un actor imprescindible en la implementación de estas políticas.

A OEE y sus organizaciones amigas les interesan esos otros espacios, no necesariamente formales, donde ir construyendo alternativas, primero entre los distintos actores sociales y, posteriormente, ir creando interacciones y puentes con aquellas administraciones, que realmente están dispuestos a detener aquellos planes, medidas y propuestas suyas que no son beneficiosas, y que quieran llevar adelante propuestas transformadoras de acogida, integración y lucha contra el racismo y la xenofobia.

No se debería perder el tiempo en discutir la adhesión o no al Pacto, o participar en sus foros y en sus mesas. Lo importante es deliberar y debatir entre los agentes sociales, poner en valor todos esos esfuerzos diseminados que están surgiendo estos últimos años (empadronamientos, almacén, proyectos de acogidas solidarias, acompañamientos, manifestaciones, performance, caravanas, la guerra empieza aquí…), denunciar las carencias e incoherencias de las políticas de acogida e inmigración, construir alternativas de vida para aquellas personas que quedan desamparadas y/o fuera del sistema, y confrontar el racismo de la sociedad vasca y de nuestras instituciones. Los principios más o menos abstractos del Pacto Social pueden estar muy bien, pero es más importante poner en valor el movimiento cooperativo y las respuestas concretas y cotidianas que la misma sociedad vasca está generando. Ya llegarán los espacios de encuentro con los responsables de la gestión municipal y gubernamental, cuando tengan que llegar.