Ante el nuevo curso escolar vuelve el tema de los comedores escolares a la actualidad, con propuestas, noticias, movimientos de las familias, etc.



La Comisión de Comedores Escolares de LAB sigue trabajando en su propia propuesta, que recoge todos los ámbitos, que entendemos debe tener una propuesta completa y necesaria para un cambio real.


Entendemos que los campos a desarrollar son un nuevo modelo, declarando el actual finiquitado; la soberanía alimentaria, y las condiciones laborales.


El trabajo a realizar se desarrolla en estos ámbitos mediante nuestra participación en distintas plataformas con distintos agentes y colectivos de distintos sectores en educación, agricultura, pesca, familias, movimientos sociales, grupos políticos... aportando propuestas siempre destinadas a la construcción.



Los cambios son siempre difíciles, más aún en los tiempos en que vivimos. Tiempos revueltos, tiempos en los que la corrupción se normaliza, donde los que defraudan son promocionados y quienes sufren las consecuencias son perseguidos, criminalizadas y puestos en cuestión. Este fenómeno se extiende en numerosos ámbitos. Todas sabemos de casos políticos y económicos.



Uno de estos casos es el cártel de las empresas de catering que monopolizan los comedores públicos, y numerosos concertados, en Euskal Herria. Estas empresas fueron investigadas por la Agencia Vasca de la Competencia. Se les abrió expediente, que derivó en una multa de 18 millones de euros que las empresas recurrieron y que ha acabado en varias sentencias condenatorias y sanciones económicas, que se han visto rebajadas de forma importante.



Esta rebaja en las sanciones, tal y como se recoge en las sentencias, es debida a que el tribunal entiende que la administración no cumplió con su papel inspector en esta contratación pública con un presupuesto de 45 millones de euros para dos cursos, dando a entender a las empresas que todo se hacía correctamente.



Las sentencias reconocen que sí hubo fraude, por lo que a partir de ahora podemos hablar de empresas condenadas por pactar precios. Praxis posible por la inacción del Gobierno Vasco, y de la cuál han sido paganas las familias, así como sus hijas e hijos.



Las familias han hecho frente a un sobrecoste en el servicio durante 17 largos años.
 17 años durante los cuales se podían haber ahorrado 7 millones de euros por curso, según el cálculo que hace el señor Erkoreka del ahorro hecho por el cambio último en la distribución de los pliegos.



¿Ahorro que no ha sido posible hasta que estalla el escándalo? Pues bien, a estas empresas, condenadas por pactar precios, algo que fue posible por la inacción del gobierno, se les ha solicitado comparecer ante el parlamento vasco para que explicaran esta situación. Pero estas empresas condenadas por pactar precios gracias a la inacción del gobierno han declinado su participación. Es decir, Auzolagun, Magui, Goñi (del grupo Mondragón), Eurest Compass, Tamar, Gasca y Gastronomía Baska, han declinado dar la cara y han preferido no dar explicaciones sobre el fraude.



¿Alguien puede llegar a imaginarse que el defraudador se pase por el arco de triunfo el acudir ante la representación política de todas nosotras? Fraude en una contratación pública. Estamos hablando de dinero público.


Es escandaloso, así como escandaloso es que el administrador, el Gobierno Vasco, no les obligue a comparecer, ni un gesto. Estamos ante un gobierno que calla ante el fraude y la corrupción.

Repetimos que el Gobierno ha reconocido que con un simple cambio en los pliegos se ahorran 7 millones de euros por curso, lo que permite deducir que entonces, sí que ha habido inacción con resultado de dolo para todas.



Por otra parte, estas empresas, condenadas por pactar precios gracias a la inacción del Gobierno Vasco, tienen la cara dura de aparecer en los medios vendiendo su buen hacer, su seguridad alimentaria y poniendo en duda la solicitud de un nuevo modelo de comedor que  hacen diversos agentes, familias, productoras, sindicatos o grupos políticos, utilizando para ello el recurso del miedo, argumentando que el introducir alimentos ecológicos subiría el precio de los menús.



Quienes lo dicen son las empresas condenadas por pactar precios gracias a la inacción del Gobierno Vasco que ha imposibilitado un ahorro de 7 millones de euros durante 17 años.



Quizás la explicación a tanta caradura sea la seguridad en la renovación de los contratos. Como vienen consiguiéndolos año tras año, quizás tengamos que ver cómo se repite el año que viene.


Este Gobierno debe aclarar si seguirá premiando a estas empresas condenadas por pactar precios en el siguiente concurso. Solo le pedimos transparencia de ley.



Terminaremos subrayando la reciente comparecencia de la Agencia Vasca de la Competencia en la Comisión de Educación, con su nueva directora, Alba Urrezola, que ha echado balones fuera en cuanto al fraude, empleando el tan manido «yo no estaba, no sé nada». Pero a pesar de no saber nada, se ha apresurado en cerrar la segunda investigación que estaba abierta a estas empresas, lejos de lo que corresponde a un ente independiente que trabaja en contra de la competencia desleal y en pro de nuestros derechos.