Competencia para decidir nuestro futuro
La mayoría política y social de Navarra estamos de acuerdo en que el actual marco político, económico, social y jurídico no ofrece garantías a la sociedad navarra, no es capaz de solucionar los problemas y las necesidades de las navarras y navarros, ni tampoco blinda y protege los derechos históricos de Navarra ante las devastadoras políticas centralistas del Estado.Y desde esa premisa, el estatus de Navarra debe ser un elemento clave del debate político y social, como herramienta fundamental para impulsar el cambio.
Han trascurrido más de treinta años desde que se impuso la Lorafna a la sociedad navarra, sin que se haya realizado un debate honesto, profundo y participativo sobre el autogobierno; treinta años sustentados en la exclusión política y social de las expresiones abertzales y de izquierdas de Navarra; treinta años de Gobiernos de colaboración UPN-PSN marcados por permanentes episodios de corrupción, que han dilapidado grandes sumas de dinero público y han fulminado instrumentos imprescindibles como Caja Navarra; treinta años de indecencia y traición que han convertido nuestro territorio en un erial de soberanía y han impedido el proceso de democratización que la ciudadanía actual exige y le corresponde. La derecha navarra es sinónimo de imposición y centralismo, durante todos estos años ha renunciado continuamente a la capacidad de autogobierno de Navarra y a la posibilidad de diseñar un marco que blinde nuestro bienestar y nuestros derechos.
Y ahora estamos en un momento trascendental en la historia, en el que Navarra, por encima de pactos, inercias e intereses para acorazar el Régimen y de las agresiones que nos vienen desde Madrid, debe recuperar una personalidad propia y contribuir y participar como sujeto propio en el futuro. Es el momento de que Navarra recupere su competencia para decidir su futuro. No sólo porque es consustancial a la democracia, sino también porque constituye una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo económico, social y democrático de Navarra, así como para garantizar el bienestar, la eficacia de la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Porque, efectivamente, nos ha quedado claro que la sumisión al Estado es absoluta por parte de las fuerzas que blindan el Régimen en Navarra y que UPN regaló hace tiempo a Madrid nuestra competencia de decidir. Por ello, en un momento de crisis y disconformidad social hacia el sistema o modelo de Estado establecido, desde Madrid, lejos de buscar nuevos marcos de convivencia, chantajean a la ciudadanía navarra con recursos de 1.513 millones de euros que pueden poner en peligro nuestra viabilidad económica; se burlan de nuestras máximas instituciones, recurriendo más de una docena de leyes aprobada en el Parlamento Foral y que son esenciales para garantizar el bienestar de las navarras y navarros; y, por último, amenazan con suprimir cada resto de autogobierno, insinuando su disposición a eliminar herramientas elementales como el Convenio Económico o la Disposición Transitoria Cuarta.
Pero es desde Catalunya de donde nos viene el más claro ejemplo de la estrategia vorazmente centralizadora que ha iniciado el Estado, negando no solo el derecho a decidir sino también la expresión de la voluntad ciudadana a través de las urnas, una dirección y una actitud que no sólo son profundamente antidemocráticas, sino que rayan de forma peligrosa posiciones totalitarias y dictatoriales. Lo que estamos viviendo estos días es un esperpento predemocrático –por cierto, asumido con una naturalidad y una falta de respuesta social muy preocupantes–, donde el Estado Español no solo le está negando a la ciudadanía catalana su derecho a decidir, sino que le está negando el derecho a expresarse sobre lo que quiere para su futuro, y eso es el más absoluto sinsentido en una cultura democrática.
Ante tal tesitura, en Navarra hay que desarrollar con urgencia un nuevo marco que sea reflejo de la voluntad de la ciudadanía navarra y que sea realmente útil para la democratización de nuestras instituciones y nuestra sociedad. Debemos iniciar un proceso abierto y participativo para socializar el debate sobre el estatus y desarrollar un nuevo marco político-jurídico, que reconozca a todas las navarras y navarros la libertad, el derecho y la capacidad de decidir qué proyectos políticos, económicos y sociales queremos para Navarra. Debemos poder participar y decidir sobre las cuestiones que directamente nos afectan –hablamos de economía, de fiscalidad, de cultura, de sanidad, de educación, de deporte, de políticas sociales y lingüísticas, de derechos civiles y laborales, de ecología, de innovación y empleo, de relaciones internacionales, de organización institucional, de juventud, de comercio… en definitiva, hablamos de poder decidir sobre cómo queremos construir nuestro futuro–.
En Eusko Alkartasuna, como independentistas pero sobre todo y por encima de todo por considerarnos puramente demócratas, no tenemos duda de que si queremos un futuro libre y digno es intolerable posicionarse en contra de un ejercicio democrático esencial como el decidir que marco y que políticas sí queremos y también, cuales no queremos. Navarra es dueña de decidir su futuro en todas las materias; nosotros y nosotras, los navarros y las navarras, somos competentes de decidir nuestro futuro, de decidir cómo es la nueva Nafarroa que queremos, y, sin duda, lo decidiremos.