Hubo un tiempo en que todas las fuerzas políticas, vascas y españolas, proclamaban la necesidad de atraer a Herri Batasuna a la práctica política institucional. Se argumentaba que era un error inmenso la postura de no «participar» en las instituciones de rango superior. Los había que calificaban esta postura de fraude al electorado y también, quienes, sin llegar a tanto, abogaban que era posible y necesario defender los proyectos políticos en todos los foros y frentes a nuestro alcance.

No es necesario citar a quienes hoy niegan lo que hace treinta años públicamente defendían. Lo hacen con el mayor cinismo y naturalidad, unos desde sus viejas butacas, otros buscando acomodo que les permita subsistir sin excesivo sonrojo, tratando de ocultar su decrepitud política.

Durante estas tres décadas se han escrito y debatido decenas de ponencias sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación. Desde diferentes ópticas y no sólo en partidos políticos y sindicatos, también en el seno de la Iglesia católica (no sólo la vasca) incluyendo, cómo no, al mundo empresarial, universitario y las fuerzas armadas españolas.

Aquello de «cualquier proyecto político puede defenderse en igualdad de condiciones por vías democráticas» era el banderín de enganche del discurso político oficialista que trataba de ocultar la verdad, y añadían: «para defender un proyecto político que busca el ejercicio del derecho de autodeterminación, no es necesaria la violencia política». Así, quienes «nacieron» siendo demócratas, nos animaban a posicionarnos políticamente frente a ETA.

Han pasado muchos años, estamos finalizando la segunda década del siglo XXI y reconozco y siento la ausencia de muchos compañeros, –mujeres y hombres que mientras estuvieron entre nosotros– dieron cuanto tenían y eso es mucho. Hoy, unos con más canas y otros con menos pelo, –pero juntos– nos encontramos treinta años después, ante una situación que presenta importantes «novedades».

Hoy como entonces, los que viven en la equidistancia política se frotan las manos. Con la inestimable colaboración del Gobierno español, una vez más sitúan a la sociedad vasca entre dos radicalismos; el postfranquismo del PP que pretende volver por la vía de los hechos a 1975 y el llamado nacionalismo radical, que –a pesar de sus continuados errores–, se aproxima a lo que los «equidistantes», igual que hace treinta años, tampoco hoy, consideran posible.

Cierto que no tal y como se pretendían, pero las «novedades» son de una magnitud, que analizarlas requeriría mucho tiempo y espacio.

Lamentablemente, y quizá debido a la inercia que nos conduce a aceptar como lógico, natural y cierto todo aquello que por principio debiera ser analizado, medido y cuestionado, nos encontramos ante una sociedad vasca mediatizada, acostumbrada a dar por bueno casi todo lo que no le perjudica directa o personalmente.

Los estereotipos, las formulaciones y calificativos se aceptan sin mirar de dónde vienen, para qué se utilizan y a quien benefician. Así, si hace treinta años nos ofrecían un camino para defender nuestras ideas y proyectos democráticamente, hoy no es posible. Nuestros proyectos e ideas no son democráticos. La autodeterminación no es defendible en un Estado de Derecho. Y así es aceptado.

¿Qué a cambiado en estos treinta años, dónde están los valores democráticos que regulan el sistema de convivencia política y social? Probablemente será que el sistema llamado democrático, impuesto, tiene periodo de caducidad, será eso.

Antes sobraba ETA, ahora sobra el proyecto, sobran las ideas y sobramos quienes queremos ejercer el derecho a la libre determinación.

¿A quién beneficia esta monstruosidad política? ¿Quiénes se muestran como inmaculadas víctimas, situándose entre dos fuerzas que defienden proyectos antagónicos? ¿Qué es lo que defienden desde su cómoda equidistancia? ¿Qué es lo que aportan al presente y futuro de su pueblo? ¿Qué, que no sea su «actual» posición hegemónica en el sistema persiguen PNV-PSOE?

Es cierto que son preguntas con profundidad, pero pueden responderse con claridad. Podemos empezar por recordar la gravedad irresponsable de unos dirigentes políticos que tanto «veteranos como neófitos» años después, sólo pretenden lo mismo que entonces, gestionar el poder que a la «política con mayúsculas» le ofrecen en Madrid.

Con sinceridad, no resulta agradable rememorar situaciones y hechos que –siendo desconocidos para las nuevas generaciones–, es conveniente plasmarlos, con claridad, para evitar que se repitan. Unos y otros prometieron y prometen, a un pueblo, al suyo, lo que no está en sus manos. Sabedores de que un Estatuto de Autonomía jamás puede sobrepasar el techo constitucional. «Estatutoarekin Nafarroa Euskadin» prometieron una y otra vez, cuando la realidad fue que el Amejoramiento del Fuero, fue y es, un ariete contra la unidad política, lingüística y territorial de Euskadi Sur.

Promesas realizadas desde lo alto de los estrados, recubiertas de una «hábil» pátina, de verosimilitud y franqueza, que resultaron ser totalmente falsas. Y que hicieron daño, mucho daño.

También parece «oportuno» hacer saber que, el actual Estatuto no es algo que se presentó como contrapartida a seguir vinculado al Estado como se pretende hacer entender, sino que se trata de un Estatuto «concedido» por el Estado español al ámbito vascongado con la intención de frenar las reivindicaciones de autodeterminación de una mayoría vasca. Además, conviene recordar que fue impuesto a un amplio y significativo sector de la población vasca (fue refrendado por un escaso 32% del censo electoral), marginando a los «hermanos navarros».

Hoy se lamentan del comportamiento del gobierno español en Catalunya, pero apoyan sus presupuestos. Quienes negociaron el Estatuto, conocían que la Constitución española en su artículo 150.3, faculta al Estado a «dictar leyes de armonización de las autonomías», de tal forma que las secuestra y anula.

Si algo se puede constatar hoy respecto al Estatuto y al Amejoramiento, tras más un cuarto de siglo, es su carácter de provisionalidad. Valga como ejemplo aquel abrazo entre el presidente español Adolfo Suarez y el lehendakari Carlos Garaikoetxea, que ha sido diagnosticado como muerto por los mismos que firmaron el texto.

Hoy no es admisible como única vía posible, otros treinta años de gestión regionalista, prometiendo a la sociedad vasca «estabilidad» a cambio de Ajuria Enea, y ofreciendo soberanía a cambio de obra pública en La Moncloa.

No es admisible.