El 28 de diciembre de 2007 el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/2007, denominada "Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos". Esta ley llegó al Parlamento a petición de más de 45.000 personas de este país a través de un procedimiento de "Iniciativa Legislativa Popular". Como muestra el título de la Carta, la Ley obliga a las instituciones vascas a poner en marcha una serie de medidas que compensan, aunque sea en pequeña medida, la enorme deuda que los pueblos «enriquecidos» tenemos con los pueblos empobrecidos. Estas medidas van, entre otras, por cuatro líneas:

En primer lugar, ayudar a los pueblos empobrecidos a saldar la deuda externa injusta que soportan de forma desproporcionada, consignando expresamente en sus presupuestos una cantidad para ello.

En segundo lugar, obliga a las administraciones vascas a dar pasos concretos para fomentar el comercio justo.

En tercer lugar, la puesta en marcha del "Dividendo por la Paz" propuesto hace tiempo por la ONU (Naciones Unidas). Literalmente dice que todos o buena parte de los recursos invertidos en la actualidad en gastos militares se destinan a satisfacer las necesidades humanas y medioambientales, tanto en países enriquecidos como empobrecidos.

Y por último, le pone obligaciones al Gobierno, de cara a sus políticas industriales y subvenciones. En concreto, señala que en la política de apoyo y promoción empresarial, el Gobierno Vasco no colaborará en ningún caso con personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas.

La carta, gracias a una «chiripa» que a veces se da en política, fue aprobada, (parece que un parlamentario para votar llegó tarde) y gracias a ello se aprobó el texto tal y como lo había presentado la ciudadanía, sin que se produjera ningún cambio. Pero si las ciudadanas y ciudadanos no podemos sustraernos al deber de las leyes, con frecuencia las instituciones eluden descaradamente los preceptos que les resultan incómodos. Hace dieciséis años que la Ley está en vigor y el Gobierno -sordo y mudo- la ha dejado al margen hasta ahora. Es más, más de una de las empresas de "defensa" que existen en Euskadi en estos años ha contado con el apoyo del Gobierno Vasco y se ha invertido dinero público en empresas de armamento. Por poner un ejemplo, en 2022 el Ejecutivo vasco adquirió el 6% de ITP Aero para conseguir un escaño en su Consejo de accionistas.

Por ello, nos sorprende, a poco de finalizar la presente legislatura, el interés del Gobierno en anular la Carta, aprovechando la tramitación de la nueva Ley de Cooperación y Solidaridad, por medio de su Disposición derogatoria única. Sin duda, la eliminación de la Carta, de forma silenciosa y sin ningún compromiso legal que pueda sustituirla, pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de eliminar este logro de la ciudadanía de este país, que desde el principio se le atragantó.

Quieren así anular esa pequeña compensación que teníamos con los países explotados de este mundo de desigualdades cada vez mayores. Al mismo tiempo, el Gobierno muestra una preocupante falta de democracia, porque se deroga por la puerta de atrás y sin que apenas nadie se entere, una ley que suscribimos y logramos miles de vascos y vascas,

Las Mujeres Contra la Guerra, cuando supimos esta injusticia, decidimos que teníamos que hacer algo. Lo primero fue acudir al Parlamento y pedir a las parlamentarias y parlamentarios que no tomen semejante decisión. Así, el 30 de octubre estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos. Allí oímos buenas palabras de todos los grupos. Nos dijeron que lo pensarían, pero de momento no hay compromisos concretos. El representante del PNV fue más claro al afirmar que no compartía nuestra visión y que la anulación de la Carta no supone ningún retroceso.

Sabía de lo que hablaba el joven parlamentario del PNV: mientras nosotras comparecíamos en el Parlamento, el señor Urkullu, la señora Tapia y otros dirigentes de este partido, estaban en Zamudio poniendo la «primera piedra» de una nueva empresa Sener. Sener es una de las cien empresas que operan en el negocio armamentístico en Euskadi. Nos parece vergonzoso que nuestros representantes políticos estén elogiando públicamente a las empresas productoras de equipos utilizados para matar a personas. Y, más aún, que estas empresas se ayuden con dinero público nos resulta insoportable. En las guerras de antes los militares se mataban entre los militares y eso era una gran desgracia. Pero en las guerras de hoy la mayoría de los asesinados son civiles. No hay más que mirar a Palestina. ¿Vamos a ayudar eso con el dinero público vasco?

El mantenimiento de ningún puesto de trabajo no justifica la entrega de dinero público a la industria militar, pero desgraciadamente estas industrias no están pasando ninguna “necesidad” sino que se están enriqueciendo obscenamente. Así decía un titular de la sección económica del diario "La Vanguardia" del 11 de octubre: "Las empresas de defensa suben en bolsa al calor de los errores de Israel" y subtitulaba "Los inversores premian a los gigantes estadounidenses y europeos, entre ellos INDRA". (La empresa armera guipuzcoana SAPA es la cuarta accionista de INDRA). Así que no necesitan nuestro dinero y nuestra ayuda. En cambio, las industrias de armamento necesitan guerras para multiplicar sin medida sus sucias ganancias. La carrera armamentística no tiene límites; cada vez se producen más armas y más letales. Hoy hay armas suficientes en el mundo para destruir el planeta en muchas ocasiones. La guerra es un crimen contra la humanidad y la naturaleza, un fracaso de la civilización. Es inconcebible que en el siglo XXI, en las sociedades que llamamos «civilizadas», la guerra se considere un sistema de resolución de conflictos. ¿Se detendrá alguna vez esta barbarie?

Estamos horrorizadas en los últimos tiempos viendo hasta dónde puede llegar la crueldad y la inhumanidad. La derogación de la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos da la impresión de que se atiene a la línea de estos tiempos salvajes, eliminando el compromiso que nos obligaba a dar unos pasos pequeñísimos para compensar un mundo dominado por las desigualdades, la violencia, las guerras y la brutalidad.

Las Mujeres Contra la Guerra, con nuestras humildes fuerzas, denunciaremos este despropósito e invitamos a la ciudadanía a hacer lo mismo. De nuestras instituciones y de nuestros políticos merecemos una posición más comprometida. Si tenemos dignidad, debemos mantener vigente la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos. Hoy hay que decir más alto que nunca que no queremos ser cómplices.