El día 3 de marzo de 1976 toda la clase obrera de Vitoria-Gasteiz secundó la huelga general convocada por las comisiones representativas de las empresas en lucha. El apoyo a la misma fue mayoritario. Desde el inicio de la huelga, el día 9 de enero de 1976 por parte de los trabajadores de la fábrica Forjas Alavesas (en la actualidad Sidenor), ésta se fue extendiendo al resto de las empresas entre ellas Mevosa (ahora Mercedes Benz). Los trabajadores elegían a sus representantes en asambleas democráticas al margen del Sindicato Vertical que estaba controlado por el aparato del estado franquista y por la patronal.

Las comisiones representativas elaboraron una plataforma reivindicativa con las aportaciones de hombres y mujeres que exigían una subida lineal de 6.000 pesetas, reducción de jornada laboral, 100% en el caso de Incapacidad temporal, mejores condiciones de trabajo y jubilación a los 60 años.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Arias Navarro tenía como objetivo prioritario que la crisis económica recayese sobre las espaldas de la clase obrera, congelando los salarios que ya de por sí eran muy insuficientes para vivir con dignidad.

El régimen franquista, que trataba de perpetuarse tras la muerte del dictador, agonizaba con cada una de las movilizaciones y huelgas que se extendían por todo el territorio español. Las zonas más industrializadas, como Madrid, Catalunya, Asturias o Bizkaia, fueron el escenario de mayor respuesta al régimen. Endesa, Hunosa, Standard Eléctrica, Metal, Metro Madrid, Correos y Telefónica...

Lo que caracterizó el movimiento huelguístico de Vitoria-Gasteiz fue la coordinación de las empresas en lucha a través de la elección directa en asamblea de los representantes de los trabajadores de fábrica que junto a los jóvenes, las mujeres y los barrios crearon una estructura de poder obrero que organizaba la lucha, las cajas de resistencia, etc.

La evasión de capitales adquirió cifras impresionantes en aquellos años. Solo entre enero y mayo de 1976 salieron del Estado español 60.000 millones de pesetas. Estas fugas de capital crecían un 12,5% en 1975 la contrajo en un -4%, siendo aún peor 1976, debido al INI, que invirtió 120.000 millones de pesetas, representaba un 30% de la inversión total. La clase trabajadora sufría las consecuencias de estas crisis del sistema capitalista. La inflación en 1976 fue del 19,77% y solo el pan subió cerca de un 40% en el primer trimestre del año.

El desempleo que afectaba apenas a 300.000 parados en 1975 superaba en 1976 el millón de personas. La clase trabajadora respondió a esta situación de profunda crisis con una lucha heroica. El régimen franquista se sentía arrinconado y herido de muerte tras cuarenta años de dictadura, de explotación y opresión, solo podía morir asesinando.

A las 17.00 horas en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, se había convocado una «Asamblea General» para todas y todos los trabajadores que habían participado en la jornada de huelga general en Vitoria-Gasteiz, en solidaridad con los obreros en lucha. La iglesia estaba paralizada y las calles con barricadas para defenderse de la violencia policial.

Desde todos los barrios de Vitoria-Gasteiz, miles de jóvenes, mujeres y hombres salen de sus casas para incorporarse a la asamblea general.

La policía se concentra en el mismo lugar, irrumpe en la iglesia San Francisco de Asís, con la culata de sus armas de fuego rompe los cristales y dispara al interior botes de humo. La mayoría de la gente se tira al suelo e intenta protegerse. En el exterior, la noticia se propaga como el fuego: «La policía ha cercado toda la iglesia, ha lanzado botes de humo en su interior y va a asfixiar a las personas que estaban dentro». La gente espontáneamente se organiza para liberar a sus compañeros.

En el interior, los que ya no pueden respirar más, salen extenuados y medio asfixiados La policía ha organizado pasillos para recibir a porrazos y culatazos a la gente que intenta salir por las ventanas rotas y, al final, la represión de las fuerzas del «orden público» fue brutal, causando una auténtica masacre.

De los porrazos pasaron a disparar con armas de fuego, contra los trabajadores que abarrotaban la iglesia y no podían respirar.

En las calles que bordeaban la iglesia, asesinaron a Pedro Martínez Ocio, tenía 27 años, Francisco Aznar, tenía 17 años y Romualdo Barroso, de 22 años. Lo mismo ocurrió con otras dos personas de fallecieron más tarde, José Castillo y Bienvenido Pereda. Cinco asesinatos en total y cientos de heridos más, la mayoría de bala.

Las declaraciones de los testigos y las transmisiones por radio de la misma policía son concluyentes. Tenían órdenes de masacrar a los trabajadores por haberse levantado contra el régimen franquista establecido y la Policía Nacional fue felicitada por su actuación represiva.

Este diálogo corresponde a la radio de la propia policía. Una de las frases grabadas en el transcurso de los hechos, el día 3 de marzo de 1976 contribuyó a esclarecer los hechos:

−Vamos a ver, J2 haga lo que le había dicho. Cambio...

−Me han puesto aquí cuatro coches en medio; los tendré que quitar, pero de todos modos si nos marchamos de aquí se nos van a escapar de la iglesia. Cambio...

−J1 no interesa que Charli se marche del sitio donde está porque entonces se nos van a la iglesia. Cambio...

−Hemos entrado dentro, pero esto está muy mal. Si no, vamos a tener que empezar armas de fuego. Cambio...

−Vamos a ver; Charli o para Charli, entonces el Charli que está ahí, J2, J3 desalojen la iglesia como sea. Cambio...

−Pero no podemos desalojar por que entonces está repleta de tíos, entonces por las afueras estamos rodeados de personal. Vamos a tener de emplear las armas de fuego. Cambia gasead la iglesia. Cambio...

−Date prisa que vengan los charlis porque estamos rodeados de personas, al salir de la iglesia aquí a a ver un pataleo.

El Gobierno, la patronal, el Ejército y la Policía Nacional se felicitaban por la matanza. La clase trabajadora aprendía la lección de dichos acontecimientos. Más de cien mil ciudadanos, el pueblo en su totalidad de Vitoria-Gasteiz, asistieron al funeral en la Catedral Nueva, quedándose mucha gente fuera.

El itinerario de la gran manifestación salió del Gobierno Civil hasta el Hospital de Arana, homenajeando a los obreros muertos. Cuando Fraga Iribarne se presentó allí, uno de los trabajadores heridos le expuso: «Qué, ¿vienes a rematarnos?».

Se secundaron movilizaciones en todo el Estado Español y varias ciudades de Europa y todo Euskal Herria se paralizó el día 8 de marzo de 1976 por la mayor huelga general desde los años treinta, con más de medio millón de trabajadores apoyando el paro. Fueron concedidas prácticamente todas las reivindicaciones de los trabajadores y durante aquellos años la clase obrera en todo el Estado español conquistó mejoras económicas y sociales. Las luchas de Vitoria-Gasteiz fueron decisivas y asestaron un duro golpe a la dictadura franquista.

La clase trabajadora vasca jugó un papel de vanguardia en la lucha contra la dictadura. Por ello, en el lago combate contra el franquismo, el reconocimiento de los derechos democráticos plenos, se reivindicaba también la lucha por el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas. Esta propuesta contaba con el apoyo y la complicidad de la clase trabajadora en todo el Estado.

Dicha consigna figuraba en el programa del PSOE, PCE, CCOO y UGT, al igual que otras reivindicaciones democráticas. Las concesiones que la burguesía centralista tuvo que aceptar en el aprendizaje del euskara y la cultura vasca, así como la amnistía, lo fueron por la movilización revolucionaria de la mayoría de la sociedad.

Sin embargo, los dirigentes obreros, en lugar de apoyarse en esta fuerza impresionante para derribar al sistema, optaron por pactar con los herederos de la dictadura franquista.

La Constitución española, que contó con el apoyo de las direcciones del PSOE y PCE, dejaron intactos auténticos resortes del poder en manos de la burguesía, a la que nadie elige en los consejos de administración de los bancos y de los grandes monopolios.

Este poder económico ejercido por la burguesía, que a través de la propiedad privada de los medios de producción social y el poder coercitivo del aparato del estado franquista y que no experimentó ningún tipo de depuración de aquellos elementos más vinculados, limitó bastante a la joven democracia burguesa española instaurada al calor de dichos acontecimientos. La defensa del derecho de autodeterminación fue acaparada por los dirigentes de la izquierda, renunciando a dar un paso adelante en la solución al problema nacional en el Estado Español.

En realidad, las reformas democráticas por arriba fueron una concesión mínima a las organizaciones socialdemócratas para frenar un movimiento que se extendía como la pólvora en el cambio social.

La lucha del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz expresaba el descontento social y el cambio profundo en la composición social dentro del Estado español, producto del desarrollo de la industria y de la economía a partir de los años 60.

Después del golpe de estado fascista y la Guerra Civil, el campesinado era mayoritario con un 65% de la población activa. En el año 1975 la población activa creció en el sector industrial. En realidad esta política no tenía otro objetivo que frenar el impulso revolucionario de las masas.

Los gobiernos de Felipe González, lejos de depurar el aparato estatal y exigir un juicio popular a los responsables que colaboraron con dicho aparato, se sometieron a sus dictados, como demostró la puesta en marcha de los GAL y los recortes a los derechos de libertad de expresión y manifestación con la llamada Ley Corcuera, el Plan ZEN, la LOAPA...

Así mismo, su política en relación a las condiciones de vida de la clase trabajadora cargó la crisis sobre las espaldas de los trabajadores mediante la reconversión industrial, con miles de despidos, las sucesivas reformas laborales imponiendo los contratos basura y las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Esta política permitió a la patronal y a la banca recuperar el terreno perdido y los grandes beneficios económicos.

Las víctimas de la represión policial en la Transición han sido olvidadas fruto de la política de memoria histórica llevadas a cabo por todos los gobiernos hasta la fecha. Lo más justo sería que estas víctimas fueran equiparadas a las víctimas del terrorismo.

Ley de Memoria Democrática

Cincuenta años después de la caída del régimen, siguen en vigor más de 150 leyes y decretos de la dictadura franquista. La Ley de Memoria Democrática, que se aprobó en el mes de octubre del año 2022, no ha resuelto en la actualidad las normas vigentes que impuso la dictadura militar franquista, no se han derogado ni impedido que todavía haya más de 150 leyes o decretos algunos de ellos firmados por el dictador Franco que están plenamente vigentes en el año 2026.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales se aprobó en el año 1968 y luego se modificó en el año 1978, poco antes de aprobarse la Constitución. Por cierto, Euskadi fue la comunidad autónoma que más votos nulos y abstenciones tuvo en el Estado español en el referéndum de 1978. Es curioso que las competencias las tiene un órgano que ya no existe: la Junta de Jefes del Estado Mayor. Además, no se desclasifica de forma automática para poder acceder a los documentos y se hagan públicos como pasa en la mayoría de los países de la Unión Europea.

La Ley de Memoria Democrática tampoco recoge un procedimiento de retirada las condecoraciones concedidas en caso de sanción o condena a los premiados.

El Gobierno tuvo que recurrir a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para retirar a título póstumo las medallas dadas al policía franquista Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño», uno de los mayores torturadores de la policía (franquista) política del régimen. Se le acusa de ser uno de los represores más violentos contra los activistas antifascistas que lucharon por cambiar el sistema opresor y conquistar una sociedad con derechos sociales, libertades democráticas y legalización de organizaciones políticas y sindicales.

Se mantiene vigente, con recortes, la Ley de Prensa e Imprenta de Fraga Iribarne, ministro del régimen. El contenido mantiene referencias al Fuero de los españoles, una de las leyes fundamentales del movimiento franquista. Fraga es quien redactó el Estatuto de la Profesión Periodística del año 1967, modificado en el año 1986, que exige a los periodistas que sean licenciados en Periodismo, inscritos en el registro y colegiados, lo que debe acreditarlo con un carnet oficial.

«En el ejercicio de su misión, el periodismo debe asumir las normas de la moral cristiana y guardar fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y Leyes fundamentales del Estado» dice en el añadido sobre principios generales de la profesión periodística.

Siguen vigentes los tribunales de normas para diplomáticos que se se rigen por un decreto del año 1955, ya que lo aprobado en 2014 fue anulado por el Tribunal Supremo debido a que no se cumplió el preceptivo trámite de audiencia con los sindicatos para su elaboración.

La Ley de Memoria Democrática no se aplica para que todos los ayuntamientos cambien el nombre de las calles que hacen mención al pasado franquista por nombres que representes a los que realmente lucharon por terminar para siempre con una de las dictaduras más sangrientas del planeta Tierra.

En el Estado español las bandas fascistas lanzan mensajes de odio, machistas, clasistas, homófobos y de todo tipo, actuando contra activistas de izquierda, utilizando la violencia física y verbal contra todos.

La lucha del movimiento obrero en el Estado español, Europa y en Vitoria-Gasteiz en particular durante los últimos años de la dictadura franquista fueron muy determinantes para aislar al régimen y conquistar en parte las aspiraciones de una mayoría de la sociedad que vivía en condiciones inhumanas y de vulnerabilidad, y para lograr un país con libertades democráticas básicas, derechos laborales y derechos sociales.

En la actualidad del año 2026, los problemas siguen vigentes. La falta de viviendas de alquiler social para los jóvenes en especial y para el resto de la población también es gravísimo. El deterioro profundo de la sanidad pública, la educación pública, la universidad pública, los cuidados de mayores, las desigualdades sociales, la precariedad laboral, los salarios y las pensiones que están por debajo de los 1.200 euros, la salud mental de la población los ritmos de producción, los accidentes de trabajo, la «Ley Mordaza», la represión y la violencia policial, más dinero para gastos militares lo que impone menos gasto social...

La clase trabajadora tiene que tener un objetivo común que es transformar la sociedad capitalista en una sociedad sin clases sociales, donde la mayoría tenga cubiertas sus necesidades básicas. Queremos una economía planificada al servicio de la población, no como ahora que una minoría de parásitos se llevan los beneficios económicos a costa de la explotación de la mayoría.

Tengo plena confianza en la juventud, en las mujeres y en los hombres, que vamos a conquistar todos unidos un mundo sin guerras, sin explotación, ni opresión.


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