No me extenderé en algo que es obvio: ningún estado reconoce que tiene presos políticos y, sin embargo, siempre hay otros estados o instituciones internacionales que le dicen a ese mismo estado que sí, que los tiene. Todo depende de la posición en que se encuentra cada cual. Quien niega que en los estados español y francés hay presos políticos fácilmente dice que los hay en Venezuela o Cuba; y al revés.

De hecho, con motivo de la pandemia actual, la ONU ha aconsejado a los estados que disminuyan la población penitenciaria en la medida de lo posible, liberando presos con poca condena restante y presos políticos, así, como suena. Será interesante observar si algún estado se da por aludido y suelta a los suyos.
El 17 de abril es el día internacional de los presos políticos y en Euskal Herria y las cárceles hispanas y francesas ya hace años que se utiliza esa fecha para reivindicar el carácter político de los nuestros. Hoy, todavía hay más de 230 personas presas como consecuencia del conflicto político entre Euskal Herria y los estados español y francés que llevan años, cuando no décadas, sufriendo algunas de las duras experiencias que ahora está experimentando el conjunto de la sociedad como consecuencia del Covid-19.

Uno de los testimonios más duros de estos días ha sido el de las personas que han tenido que dejar a un padre o una madre en la UCI sabiendo que iba a morir sin poder estar a su lado sus últimos minutos de vida. Pues bien, han sido y son cientos las presas y presos que han sentido, por teléfono, cómo sus padres o madres se apagaban sin haber podido verles los últimos cinco o diez años de su vida, o sabiendo a través de sus familiares cómo se los iba llevando el Alzheimer. Ha habido centenares de presos y presas que han estado con sus hijos e hijas menores de edad, en el mejor de los casos, cinco horas al mes, dos días y medio al año, durante los diez primeros años y, a partir de entonces, no más de dieciocho horas al año, es decir, menos de un día al año. Y tenemos la situación más lacerante de todas: la de los presos y presas que han estado durante veinte, veinticinco o más años diecinueve o veinte horas diarias en una celda de doce metros cuadrados.

De los cientos de personas que han vivido y sufrido esa política penitenciaria un alto porcentaje nunca recuperará el equilibrio psicológico. Algunas de ellas perdieron la vida; sin ir más lejos, en el recién superado 2019 nada menos que tres: Oier Gómez, Juan Mari Maiezkurrena y José Angel Otxoa de Eribe.

Durante estas semanas de confinamiento muchos y muchas de nosotras hemos comenzado a somatizar el estrés o la ansiedad. ¿Imaginamos en qué medida y con qué consecuencias pueden somatizarse jornadas de hasta veinte horas de celda, en módulos ruidosos, con funcionarios en muchas ocasiones hostiles, en un ambiente cultural y social extraño, en el mejor de los casos con algunos compañeros con los que charlar, en el peor en la más absoluta soledad, durante una, dos e incluso tres décadas de cautiverio?

Comprensiblemente, nos cansa no saber cuándo va a acabar el confinamiento, y nos preocupa la falta de una perspectiva temporal clara al respecto. Pues bien, imaginemos qué exasperante puede llegar a ser el que, tras tener una fecha de excarcelación, por mor de la ingeniería jurídica, te la atrasen por años. O que el preso o presa se haga una idea de cómo proceder legalmente y desarrolle lo que está en su mano para, cumpliendo la normativa legal, salir antes de la cárcel y que se encuentre permanentemente con una actitud arbitraria y obstruccionista dirigida a impedir cualquier avance.

¿Qué está pasando con los y las presas políticas vascas? Pasada prácticamente una década de la desaparición de la actividad de la organización a la que la mayoría de ellas pertenecieron, siguen encerradas, sin modificaciones sustanciales en sus condiciones de vida y, sobre todo, por lo que tiene de doloroso para ellas y sus familias, alejadas a cientos de kilómetros de sus casas. Algo inaudito, por cuanto que no hay experiencias similares en el mundo. La pregunta es: ¿por qué? Pues, precisamente, porque hay un problema político de fondo que hace que el trato que se les dispensa sea igualmente político, de auténtica excepción.

Es inaceptable no adecuar la política y legalidad penitenciarias al nuevo tiempo político abierto tras el fin de la lucha armada y la desaparición de ETA. Igual que es inaceptable que se sigan haciendo cálculos políticos, pensando que mientras existan presos y presas políticas siempre se podrá agitar el pasado, además de tener a parte del soberanismo de izquierdas ocupado, evitando que nuestro pueblo pueda abordar aquellos debates de futuro que tanto incomodan a los defensores del statu quo: el modelo de sociedad y la cuestión de la soberanía.

Hay que terminar de una vez por todas tanto con la política penitenciaria de excepción como con la legalidad de la misma naturaleza, acometiendo, sin mayor dilación, la liberación de los presos y presas con enfermedades graves e incurables, el acercamiento de todos y todas a cárceles de Euskal Herria y la progresión de grado de todos y todas ellas, al menos, al régimen ordinario; y cambiando todo lo legislado y normativizado bajo la justificación de la «lucha antiterrorista» durante el periodo de confrontación violenta. Hay que acabar con el derecho penal y penitenciario del enemigo; con una política y legalidad penitenciarias que conculcan derechos fundamentales y que ya no tienen razón ni justificación alguna, si es que alguna vez las tuvieron.

Es hora de que ambos estados adopten la decisión política de diseñar y acometer la hoja de ruta que conduzca a la sociedad vasca a un futuro sin personas presas, huidas o deportadas por razones políticas. De la misma manera que es hora de que de una vez por todas apuesten por dirimir el conflicto político de la única manera que cabría hacerlo en democracia: reconociendo el derecho del pueblo vasco a decidir libre y democráticamente su futuro.