Hay muchas personas que trabajan, pagan los alquileres y cumplen con todas sus obligaciones, pero aun así viven con miedo a no poder mantener su hogar. Y lo que estamos viendo estos días en Navarra con Testa Residencial y Blackstone es probablemente uno de los ejemplos más claros de hacia dónde nos ha llevado el modelo de mercantilización de la vivienda. 

Según las informaciones conocidas recientemente, Testa Residencial, participada por el fondo Blackstone y convertida ya en el segundo mayor tenedor de vivienda en Navarra, estaría estudiando vender más de quinientas viviendas actualmente destinadas al alquiler y que, además, fueron originalmente viviendas protegidas impulsadas con apoyo público. 

Es decir, viviendas construidas con dinero público y con una finalidad social podrían acabar siendo utilizadas para una gran operación especulativa. 

Y esto no es una cuestión abstracta. Tiene consecuencias humanas muy concretas. Familias enteras viven con incertidumbre y angustia en lugares como Sarriguren, Etxabakoitz, Rochapea, Sanduzelai, Buztintxuri o Artikaberri, ante la posibilidad de perder su vivienda. 

En EH Bildu recibimos mensajes de ciudadanas y ciudadanos afectados que nos escriben pidiendo ayuda, explicando situaciones de enorme vulnerabilidad e inseguridad. Personas mayores, familias humildes o trabajadores que llevan años pagando su alquiler y que ahora descubren que su futuro depende únicamente de las expectativas de rentabilidad de un fondo de inversión extranjero, con cálculos que realizan desde un despacho en Nueva York. Porque ese es el problema de fondo: cuando la vivienda se convierte en un activo financiero, el derecho de la gente queda subordinado al beneficio económico. 

Y esta semana conocíamos otra noticia enormemente reveladora. Blackstone ha decidido vender las más de 8.300 viviendas de alquiler que posee Testa Residencial en el conjunto del Estado, priorizando además la venta individualizada para maximizar beneficios. 

La operación deja al descubierto, de forma descarnada, la lógica con la que operan los fondos buitre. No gestionan hogares, gestionan activos. Mientras una familia se pregunta si podrá seguir viviendo en su casa dentro de un año, grandes fondos internacionales calculan simplemente cuánto dinero pueden ganar vendiendo viviendas una a una. 

El sociólogo e investigador del CSIC Javier Gil lo explicaba recientemente con enorme claridad al analizar este modelo de «capitalismo rentista». Los grandes fondos necesitan que suban los alquileres y aumente el valor de sus activos para garantizar beneficios, y por eso gestionan la vivienda de manera «muy agresiva» y exclusivamente orientada a maximizar rentabilidades. 

La situación resulta todavía más grave cuando hablamos de viviendas que originalmente fueron protegidas y promovidas con apoyo público. Es decir, viviendas que nacieron para cumplir una función social y con dinero público y que, décadas después, terminan alimentando operaciones multimillonarias de fondos de inversión internacionales. 

Mientras tanto, las derechas continúan defendiendo exactamente las mismas recetas que nos han traído hasta aquí: menos regulación, más liberalización y más facilidades para estos grandes operadores. Incluso han llegado a votar en contra de medidas tan básicas como la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, que podría ofrecer al menos una mínima protección temporal a muchas familias en situaciones de angustia. 

Frente a esta realidad, ya no basta con pequeños ajustes o medidas parciales. Hace falta un auténtico cambio de paradigma en las políticas públicas de vivienda. Porque, aunque la dirección de las políticas pueda ser la correcta, si no se destinan los recursos necesarios, será muy difícil revertir una situación construida durante décadas bajo la lógica del mercado. 

Por eso creemos que Navarra necesita mucha más ambición y una reorientación profunda de los presupuestos. Casos como el de Testa demuestran precisamente por qué es imprescindible fortalecer herramientas como el derecho de tanteo y retracto, permitiendo que el Gobierno de Navarra pueda adquirir estas viviendas para devolverlas al ámbito público e integrarlas de forma permanente en un parque público de alquiler asequible. 

Pero para poder hacerlo hacen falta muchos más recursos económicos. Hace falta asumir que garantizar el derecho a la vivienda requiere inversiones sostenidas y a gran escala, del mismo modo que en su día se asumió la necesidad de construir sistemas públicos de salud o educación. Porque si no se produce ese salto político y presupuestario, siempre llegaremos tarde frente a las operaciones de los fondos de inversión como este. 

En EH Bildu tenemos una hoja de ruta clara, un programa de vivienda transformador, ambicioso, con perspectiva a largo plazo y acompañado de propuestas concretas para impulsar un cambio de paradigma en las políticas de vivienda.