Adolfo Muñoz «Txiki»
Secretario general de ELA

Cultura política y adhesión social

El Gobierno elaboró un documento en 2014 en el que definía el papel que corresponde a un sindicato. El lehendakari lo recuerda cada vez que puede: «Alguna central sindical trasciende lo que corresponde a un sindicato». Su Gobierno quiere neutralizar a quienes «apretamos» defendiendo cosas normales: dignidad laboral, justicia fiscal, prestaciones sociales, igualdad de género...

El president Quim Torra y el lehendakari Urkullu no comparten qué papel debe desempeñar la sociedad organizada en los debates políticos y sociales. Torra analizaba el pasado 15 de noviembre en Radio Euskadi la sociedad catalana citando la existencia de ateneos, fundaciones y organizaciones sociales (Òmnium Cultural, ANC…) que reflejan una pluralidad de intereses políticos y sociales y apoyan de forma mayoritaria la república, el fin de la represión y el derecho de autodeterminación. Quim Torra proviene de Òmnium Cultural, y se nota. En esa entrevista le preguntaron hasta dónde tenían que «apretar» los CDRs, y Torra contestó: «Esta es una expresión que en Cataluña se utiliza mucho. Yo voy a ver a la sociedad catalana y le pido que apriete; voy a ver a un colectivo de maestros y les digo ¡apretadnos!; apretad a la administración para tener una mejoras salariales que necesitáis. Yo quiero una ciudadanía crítica en nuestro país, que nos pida, nos exija y nos apriete».

A Urkullu le preguntaron en 2016 sobre el proceso catalán y dijo: «Me alarma que movimientos sociales sin responsabilidades condicionen Cataluña». Es difícil encontrar una descalificación más contundente de un proceso democrático y participativo. Frases como esas convirtieron a Urkullu en un referente en España para debilitar la apuesta catalana.

Ante un mismo hecho –un Estado involutivo– Torra no confía en un proceso sin sociedad organizada y Urkullu la descalifica, siempre que esa organización de la sociedad no sea clientelar. El lehendakari lleva su convicción al extremo, negándose a mantener una relación normalizada con quienes, ejerciendo su derecho a «apretar», criticamos sus políticas. Para Urkullu solo existen las elecciones políticas; se vota y se acabó. La ciudadanía debe ser observadora pasiva ante las decisiones del poder. Votar cierra el círculo; no existen más legitimidades en la sociedad. A ELA, por ejemplo, Lehendakaritza nos ha exigido que cesemos las críticas al Gobierno para... celebrar una simple reunión. Y, claro está, no hemos aceptado.

Esta cultura política nos preocupa mucho; más si cabe, en un mundo donde el autoritarismo gana enteros. Decía recientemente Fermín Muguruza: «sufrimos un macartismo insoportable». Es cierto. Es reflejo del giro indiscutible a la derecha que se está produciendo en la política. El Gobierno de Urkullu es un ejemplo de ello. El Gobierno elaboró un documento en 2014 en el que definía el papel que corresponde a un sindicato. El lehendakari lo recuerda cada vez que puede: «Alguna central sindical trasciende lo que corresponde a un sindicato». Su Gobierno quiere neutralizar a quienes «apretamos» defendiendo cosas normales: dignidad laboral, justicia fiscal, prestaciones sociales, igualdad de género... Al lehendakari no le importa si quien «aprieta» es el poder económico. A ELA le resulta paradójico que esta estrategia de acoso contra el sindicalismo reivindicativo pase desapercibida para buena parte de la izquierda. No es normal. Siempre hemos creído que la izquierda se debilita si la derecha política y económica debilitan al sindicalismo. Mientras la derecha se empeña en destruir identidades colectivas alternativas, ELA reclama a la izquierda que no se separe de movimientos sociales y sindicales, de sus reivindicaciones, si no quiere acabar siendo irrelevante en política, como le ha sucedido a la socialdemocracia en todo Europa. Si la izquierda política atiende esa demanda hay espacio para trabajar en común.

La elección de aliados, en nuestra opinión, define la credibilidad de la apuesta política y el respeto a los oponentes define la calidad de la democracia. Los aliados de Urkullu son los empresarios, a los que apoya; el PSOE o el PP, para dar estabilidad a políticas neoliberales y, CCOO y UGT en minoría, para mostrar su aversión al sindicalismo reivindicativo. Ninguno de los aliados de Urkullu, ninguno, es partidario del derecho a decidir. Defienden un status quo, un marco político y social estatal y, con todo ello, unos intereses económicos en los que el capital se encuentra cómodo.

Estas alianzas son coherentes con el deseo de dormir referencias reivindicativas en la sociedad vasca, en lo laboral, lo social y lo político. Urkullu ha afirmado que la demanda de soberanía «fracciona» la sociedad vasca. ¿La involución estatal no? Esa afirmación, tras 39 años de incumplimientos y retrocesos en materia de autogobierno (con PP y PSOE), refuerza a quienes niegan la raíz del conflicto político: que en el Estado español no hay igualdad de oportunidades para que todos los proyectos políticos se puedan desarrollar. Por eso hay exiliados y encarcelados en Cataluña, porque descabezar a sus líderes era razón de Estado; igual que lo es la negativa a abordar el tema de presos y presas vascas o la decisión de encarcelar a los jóvenes de Altsasu. Por eso, tiene pleno sentido luchar civil y democráticamente frente a leyes injustas, porque si no lo haces esa involución se consolida. Urkullu, sin embargo, es reacio a cualquier confrontación democrática y le sobra la sociedad organizada para gestionar un autogobierno en decadencia y tener las manos libres a la hora de entenderse con un Estado cada vez más reaccionario.

ELA está muy preocupada por la baja calidad democrática y por el daño que ejerce en la democracia la práctica política «clientelar». «Cliente» en la antigua Roma se usaba para definir «las relaciones que obligaban a mantener lealtad y devoción con el patrón. Los clientes formaban parte de una especie de corte que ejecutaba las órdenes de los patrones». El clientelismo es pernicioso, compra voluntades, elimina el pensamiento crítico y socava la autonomía de las organizaciones con el objeto de silenciar reflexiones, propuestas y acciones. Todo eso es esencial para el funcionamiento democrático de una sociedad. ELA rechaza por igual tanto las relaciones clientelares como las meramente instrumentales con partidos y gobiernos.

Creemos necesario reflexionar sobre qué cultura política favorece más la adhesión social, así como en qué articulación social real confiamos el desarrollo de nuestros proyectos, bien sean de clase o nacionales. Y, obviamente, desde ELA defendemos que el sindicalismo debe ser reconocido y respetado; tanto su representación como su propia actuación autónoma. Sin subordinaciones. Los intentos de neutralizar al sindicalismo son incompatibles con unos mínimos democráticos que pretendan ampliar la adhesión a cualquier proyecto. Nos parece evidente.

Bilatu