La mayor partida de financiación de cualquier ayuntamiento de nuestro territorio es la que administra la Diputación Foral de Gipuzkoa que, tras recaudar los impuestos, los distribuye mediante el Fondo Foral de Financiación Municipal.

Debido a la crisis originada por la pandemia del covid-19, el pasado 30 de mayo el Consejo de Diputados decidió ante la disminución de la recaudación y sin contar con los ayuntamientos afectados (todos los del territorio), reducir un 20% la cantidad a repartir. En el caso de Donostia estamos hablando de alrededor de treinta millones de euros.

Obviamente esta reducción de ingresos, como otras reducciones que se van a producir, obligan al gobierno municipal a gastar o invertir menos recursos económicos, y eso conlleva realizar una serie de recortes, a gastar menos como vimos en el último pleno municipal, y durante los próximos días, semanas y meses, iremos viendo en qué prioriza el equipo de gobierno y donde decide recortar.

Más allá de las siglas políticas, de un color u otro, estamos hablando de los intereses de los y las donostiarras, de los servicios que les ofrece su propio Ayuntamiento, no entendemos como el gobierno municipal no ha sido un actor principal y ha exigido una negociación previa, antes de la decisión unilateral de la Diputación Foral de Gipuzkoa de sacar las tijeras y recortar.

Hace unos años, año 2009, la Diputación calculó mal (debido a la crisis) la cantidad a otorgar a los municipios, y al llegar la coalición Bildu al Ayuntamiento de Donostia se encontró que debía devolver el dinero recibido en ejercicios anteriores. Entonces el Partido Nacionalista Vasco públicamente, en los plenos municipales (como se puede ver en el acta del Pleno Municipal del 27 de octubre de 2011), pedía al delegado de hacienda del gobierno municipal que acudiera a la Diputación Foral a defender el interés de la ciudad, interpelándole directamente «lo que tiene que hacer usted es defender en la Diputación lo que a este municipio le interesa».

Ahora la situación se agrava, ya que ha sido la Diputación la que unilateralmente ha decidido recortar la cantidad a ingresar a los municipios. Ha cambiado su forma de actuar que era adelantar el ingreso y realizar posteriormente la liquidación y, en su caso, exigir la devolución correspondiente. Pero no se ha visualizado una defensa contundente por parte del PNV de los intereses de los y las donostiarras.

Obviamente es comprensible que una reducción en el ingreso afecte a todas las instituciones, al igual que también afectaba años atrás, pero desde luego no es comprensible cambiar de una forma radical en el discurso cuando uno es gobierno u oposición. Lo mismo pasa cuando hablamos del PSE-EE, que presentaba mociones en este sentido en 2011, y en el último pleno municipal ni siquiera intervino en este punto, no tomó la palabra.

Entendemos la dificultad de gestionar una situación de estas características, pero es hora de marcar unas líneas rojas, para garantizar la calidad de vida de los y las donostiarras, el Ayuntamiento de Donostia va a disponer de menos ingresos y debemos tener claro donde no recortar.