La historia económica de España nos recuerda que Madrid en sus orígenes fue un lugar preferente de caza y solaz del rey de turno, hasta que decidieron fijar definitivamente la corte en dicho lugar, para su comodidad y en evitación de las molestias por los frecuentes traslados de la corte desde Toledo, Valladolid o Sevilla.

El traslado de la Corte a Madrid supuso una fuente de riqueza y un cierto polo de desarrollo desde el principio, pero no lo suficiente para satisfacer los deseos de grandeza de los entonces llamados «imperiales» y actualmente «constitucionalistas». Estos deseos se incrementaron a partir de 1939, y para conseguirlo, después de mil artilugios, nada mejor que convertir Madrid en un paraíso fiscal con respecto a otras regiones, como lo demuestra el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie LAB). Afortunadamente valenciano, y no catalán ni vasco para evitar maledicencias, donde mediante un análisis económico titulado “Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal”, ponen de relieve la explotación sistémica de la organización económica del Estado en favor de Madrid.

Caso paradigmático de obnubilación constituyen las palabras de Díaz Ayuso con ocasión de la alarmante situación sanitaria de Madrid, pidiendo la colaboración de los españoles: «Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Tratar a Madrid como al resto de comunidades es muy injusto a mi juicio». Es la cita completa de la presidenta de la Comunidad de Madrid para reclamar que el Estado no trate a su comunidad «igual que al resto» y le aporte más «recursos», porque tras años de políticas fiscales regresivas para absorber el capital y el talento del resto de comunidades, el territorio más rico no tiene medios para hacer frente a la pandemia.

Esto es, Madrid es España y España es Madrid. Sería interesante que Díaz Ayuso se leyera el informe del IVIE para enterarse del paraíso fiscal que preside.

El informe “Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal”, documento de 150 páginas, incluido en el programa IvieLAB, describe las ventajas que obtiene Madrid en su desarrollo económico por los efectos de la aglomeración por su condición de capital del país y por las importantes rebajas fiscales de la Comunidad Autónoma de Madrid y sus consecuencias, en detrimento de la igualdad entre regiones. Breve resumen del informe presento a continuación.

El documento, analiza el poder de atracción de capital humano que realiza la Comunidad de Madrid por la influencia del sector público estatal en la capital, además de la concentración de empleo público así como la existencia de centros de decisión y de grandes dotaciones de infraestructuras, y la pérfida competencia fiscal.

Aunque el sector privado es un motor muy importante de la actividad económica en Madrid, el sector público contribuye a reforzarlo y atraerlo hacia la capital. En esa atracción influye la importante concentración de centros de decisión públicos y en especial de la inmensa mayoría de las unidades de contratación del Estado. La actividad privada ha funcionado como motor y el sector público como palanca de ese cambio. Pero ese formidable impulso tiene efectos secundarios negativos en otras comunidades porque para su despegue Madrid se ha beneficiado del efecto de la capitalidad y de la competencia fiscal.

El dinamismo y concentración de las empresas de mayor tamaño en Madrid constituyen un estímulo a la llegada de capital humano. El 44,5% de las 1.000 mayores empresas españolas tiene su sede en la Comunidad de Madrid y representan el 56% de los ingresos de este grupo. Además, en Madrid se ubican los ministerios, el poder legislativo y judicial, los organismos reguladores, y muchas de las mayores instituciones culturales y centros de investigación públicos. Buena parte de esos organismos y entidades podrían descentralizarse si se siguiera el criterio de Alemania o de la UE con sus sedes, pero en España están concentradas, renunciándose al papel dinamizador que podrían desempeñar como núcleos de actividades basadas en el conocimiento en otros lugares del país.

Actualmente, el 29% de los empleados del sector público estatal se concentra en la capital, lo que supone un porcentaje de empleados públicos del Estado en Madrid que duplica el peso de la población de la región en España. 150.000 funcionarios que con sus familias suman unas 400.000 personas; Madrid capital concentra el 21% de las ocupaciones cualificadas de España y 45 de cada 100 empleados de la ciudad desempeñan ocupaciones altamente cualificadas; su porcentaje de población con estudios universitarios es del 40,9%, 10 puntos más que la media española; la renta per cápita de la Comunidad se sitúa en 35.000 euros, un 36% por encima del promedio nacional y un 16% del europeo.

En el caso de los empleados de los servicios centrales de los ministerios, la concentración en la ciudad se eleva hasta casi el 80%.

Según los autores, el Gobierno celebra «muchos más contratos públicos» con empresas madrileñas «en lugar de mostrar la neutralidad territorial que sería exigible». En efecto, esa concentración del sector público estatal en la capital se refleja en el volumen de contrataciones a empresas de la región.

Casi el 60% de las licitaciones de los órganos del Sector Público Estatal ubicados en Madrid que se adjudican a empresas españolas se dirigen a empresas con sede social en la capital, un porcentaje que alcanza el 64,4% si se considera el importe de los contratos. La cifra supera el 70% entre los contratos adjudicados a grandes empresas. Que las empresas del resto de España solo consigan un tercio de las adjudicaciones revela un sesgo territorial muy importante, que cuestiona la unidad de mercado como consecuencia de decisiones de instituciones que deberían velar por ella especialmente.

La Comunidad madrileña representa solo el 1,6% del territorio español pero concentra ya el 19,2% de su PIB.
Madrid destaca como la autonomía que más ha utilizado su capacidad normativa fiscal en ciertos tributos para introducir beneficios fiscales, especialmente en el IRPF, el Impuesto sobre Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en especial en los dos últimos tributos.

Los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros son el 7% del total pero se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF. La mayoría de ese grupo se beneficia también de las bonificaciones en el Impuesto del Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones, esos contribuyentes son los más favorecidos por esas rebajas fiscales que rebajan los ingresos impositivos anuales en unos 4.500 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño.

Según datos de la propia comunidad, las ventajas fiscales aprobadas los últimos 15 años han supuesto una merma de la recaudación de cerca de 50.000 millones. Cada año Madrid deja de recaudar 1.000 millones por el Impuesto del Patrimonio; 2.600 por el de Sucesiones y 900 por el IRPF. En total, 4.500 millones en impuestos que equivalen a todo el presupuesto anual del Gobierno de Navarra, y que en buena parte han dejado de recaudar los territorios limítrofes, reducidos a lugares de asueto de fin de semana.

Estas rebajas fiscales son más fáciles de asimilar por el presupuesto autonómico gracias al dinamismo y los niveles de renta y riqueza de Madrid, pues estos factores generan un crecimiento de sus bases tributarias que minoran el impacto de las rebajas fiscales sobre los ingresos totales de la Comunidad Autónoma. Pero estas rebajas se apoyan en las ventajas que la capitalidad tiene para ese dinamismo y tienen consecuencias internas y externas.

Por una parte, internamente reducen los ingresos públicos por habitante de Madrid y su capacidad de gasto en servicios públicos fundamentales, lo que repercute más sobre los grupos de población con menores niveles de renta, que son los que menos se benefician de las bajadas de impuestos y utilizan más los servicios públicos educativos y sanitarios.

«La consecuencia de esos bajos ingresos públicos por habitante es un nivel de gasto per cápita bajo, un hecho que no tiene las mismas implicaciones para los más beneficiados de las rebajas fiscales y el resto de los contribuyentes», apunta el informe. «Para los ciudadanos de ingresos y patrimonios altos, las consecuencias del menor gasto son menores porque usan poco los servicios públicos sanitarios, educativos o de protección social. Pero para los segundos, que son la mayoría y sí que los usan, los beneficios de las rebajas son menores y sufren más las consecuencias de un gasto más bajo», afirma el análisis.

Por otra parte, externamente, suponen una competencia fiscal para las bases imponibles de otras comunidades, al incidir sobre bases tributarias como las patrimoniales, que son más móviles, en especial las de los contribuyentes con mayores niveles de renta y patrimonio.

En su apartado de conclusiones, el estudio, se muestra partidario de «imitar ejemplos de Alemania con un elevado número de agencias estatales, el banco central alemán, tribunales federales y algunos ministerios ubicados fuera de la capital y de la UE», que también reparte instituciones fuera de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo.

El análisis del IvieLAB sostiene que «existen razones de fondo para reconsiderar la cesión a las comunidades impuestos que gravan la riqueza, sin limitar la competencia por dichas bases fiscales». Los autores abogan por «limitar» la competencia fiscal de Madrid, ya que «refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional» al aprovechar ventajas derivadas «de la capitalidad, que no es territorialmente neutral». «Dado que Madrid goza de esas ventajas, debería renunciar a una estrategia fiscal en la que, apoyándose en las mismas, perjudica a otras comunidades». Hacienda lleva meses pensando qué hacer al respecto.

La gestión de la pandemia en Madrid, que el PP puso como ejemplo de lo que haría a nivel nacional, destapa las desigualdades sociales y territoriales de un sistema político basado en absorber los recursos de su entorno.

El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, esgrimió este estudio para cargar contra la vertebración centralista y radial de España y el efecto capitalidad que funciona como una «gran aspiradora».

Resulta difícil analizar la realidad española, en cualquiera de sus ámbitos, sin mirar a Madrid. Desde allí emiten los principales medios de comunicación. Allí tienen la sede las principales instituciones. Y allí se concentra, cada vez más, el poder social, político y económico del país. Es el centro a partir del cual se ha organizado un modelo de Estado radial. Todo está en Madrid y todo pasa, todo debe pasar, por Madrid. De Barajas a Atocha. Del Congreso al Tribunal Supremo. Del Prado al Banco de España. Si alguien quiere ir de Barcelona a Valencia en alta velocidad, solo puede hacerlo atravesando la capital.

No es algo casual. Es una estructura pensada y fomentada para frenar la tensión centrífuga de las regiones periféricas. En especial, pero no solo, la que llega desde Barcelona, cuyo peso económico se ha venido debilitando de forma interesada en favor de Madrid. Pero que ha acabado descompensando la España interior en favor de la capital. La apuesta centralista se ha sustentado sobre un paulatino debilitamiento de las comunidades colindantes, cada vez más despobladas y más dependientes de la relación económica que les ofrece Madrid.

¡Ojo! Terminaré con un refrán: «Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…».