Decía el científico alemán Georg C. Lichtemberg que «realmente no puedo decir si las cosas irán mejor cuando la situación cambie, pero sí puedo decir que es necesario que la situación cambie, para que las cosas vayan mejor».

Cuarenta años ha pasado desde la aprobación de un estatuto de autonomía que, apuntando al cielo, no termina de abandonar la rampa de lanzamiento. Los pomposos mensajes con los que los gobiernos central y autonómico, así como los partidos que los sustentan, trasladaban a la sociedad, hace apenas unos meses, al respecto del cacareado «desbloqueo» de la mesa de transferencias pendientes, lucen hoy en todo su esplendor con un estatuto reducido a papel mojado por mor de la dichosa pandemia sanitaria que nos asola y que ha puesto en solfa, una vez más, todo el entramado de competencias recogidas en una ley con la que España lleva haciendo mangas y capirotes desde el día mismo de su aprobación. Desde las sanitarias a las laborales, pasando por las turísticas, las educativas o las propias de los derechos civiles. Competencias, todas ellas, ya transferidas desde hace años, han sido borradas de un plumazo, aprovechando una situación grave en lo sanitario, pero absolutamente beneficiosa en lo político, como para que quien tiene la sartén por el mango determine cuánto aceite vierte y hasta qué es lo que se cocina, dejando claro, una vez más, que ese supuesto nivel de autogobierno que otorga el estatuto y la tan manida «relación bilateral» de la que algunos presumen, tienen que seguir siendo mendigados a diario, por mucho carácter de ley que tenga aquél y por mucha obligación de ser respetada y cumplida de la que se adorne.

De nada sirve ahora rasgarse las vestiduras ante la flagrante invasión de competencias por parte del Estado, como tampoco convencen las afectadas poses de supuesto enfado, ni las grandilocuentes amenazas de negación de apoyos ante futuras peticiones, que, de antemano sabemos, acaban siempre en el mismo pasteleo. Cuarenta largos años son, a mi parecer, más que suficientes como para conocer la caradura, digo... la catadura de quienes, rojos o azules, nunca han tenido la intención de cumplir una determinada ley y, muy por el contrario, aprovechan el tsunami recentralizador que recorre el Estado, para dejarnos clara nuestra capacidad para regir los destinos de nuestra propia comunidad. Si el nivel competencial de nuestro gobierno autonómico no da, en momentos como los actuales, ni siquiera para concretar quién puede salir de casa y quién no, o si poder abrir una playa para tomar el sol o solamente caminar, nuestra supuesta «soberanía» es una filfa y volvemos a lo que citaba al inicio: es necesario que la situación cambie, para que las cosas vayan a mejor. Y ese cambio tiene un nombre: derecho a decidir.

«El Pueblo Vasco tiene derecho a decidir su propio futuro, tal como se aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento Vasco». Esta cita queda recogida en el preámbulo de la «Propuesta de estatuto político» que el parlamento de Gasteiz aprobó en 2004 y presentó ante las Cortes españolas, con rechazo frontal de estas. La solución nunca tuvo que ser la de volver a casa, guardarlo en un cajón y arrinconar políticamente a su mentor, puesto que el texto había dejado de ser una propuesta de parte, para convertirse en un mandato de la comunidad representada en el parlamento y ese mandato no solo sigue en pie, sino que la mayoría de votos que lo hicieron posible no ha disminuido un ápice desde aquella fecha. ¿Qué es lo que impide, pues, seguir exigiendo y trabajando en pro de ese derecho a decidir con el que la mayoría del parlamento autonómico dice estar de acuerdo? ¿Por qué quienes impulsaron la propuesta de reconocimiento de ese derecho pretenden eliminarlo del texto de ese «nuevo estatus» que nunca termina de ver la luz? ¿Por qué prefieren seguir haciendo pucheros cada vez que los ningunean en Madrid? Si tenemos derecho a decidir quién conforma nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones o nuestro propio parlamento... ¿Por qué no tenemos derecho a decidir, por lógica, el futuro de nuestro propio pueblo?

Ramsey Clark, ex-fiscal general de los EEUU, lo tenía meridianamente claro: «un derecho no es lo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar». ¿Hace falta más explicación?