1. No me gusta la frase, tropiezo con su buena voluntad. Porque de primeras me suena a excepción; es decir, a algo ocasional, puntual bajo el supuesto de una dominación general. ¿Quién, qué y cómo nos va seguir dominando luego en lo restante, por así decirlo?

2.No me gusta la prioridad y proliferación del término «derecho a...». Difumina el carácter técnico y coactivo del Derecho. Al ser un Estado el único capaz de imponerlo, él será por de pronto el único capaz de reconocerlo, interpretarlo, jerarquizarlo... o rechazarlo, como hace la (para el ministro del Interior) «eminente» jurista Carmen Calvo. Como se ha hecho siempre, reduciendo los «derechos» a individuales y excluyendo de ellos expresamente lo político.

3.El Derecho, además, se define como generalidad. Y cuando en la España actual llueve abrumadoramente «el-Estado-de-Derecho», «el-Estado-de-Derecho», se repite, sin ni siquiera modificarla, una retórica del franquismo, suponiendo que la generalidad del Derecho no solo lo define, sino que también basta para justificarlo. Pedro Sánchez propone prohibir por ley un referéndum de autodeterminación. La cuestión de si esa ley es justa o no, ni se plantea: es «útil» (así no habría que recurrir a conceptos anteriores a la democracia como el de «sedición» pacífica). Se utiliza ad hoc la normatividad coactiva del Derecho, para poner puertas al campo democrático. Y no solo se utiliza; recuerdo que el ministro de Justicia Rafael Catalá se llegó a jactar públicamente de ello, precisamente con Cataluña.

4.No quiero tener «derecho a...», sino todos los derechos juntos y de una vez, porque eso es la democracia, y no una mera serie de procedimientos formales. Bajo el nombre de «Derecho» se nos impone una normatividad independiente de lo que es justo. Esto se decide en otro sitio que el de una política convertida en simulacro. No es la posibilidad –en Cataluña o en Euskadi– de una secesión lo preocupante, sino que la gente se declare sujeto de la política, ciudadanía real, no simulada.

5.El Estado Nacional, surgido hace 200 años, es una cáscara resquebrajada. No es posible mantenerlo como única imagen jurídica de la democracia, ni siquiera troceándolo. Los estudiantes acampados ante la Universidad de Barcelona no hablan solo de independencia, sino también de otra política, de abajo a arriba, extensiva horizontalmente, diversa.

6.El Estado nacional español no tiene por antecesora la Constitución de 1812, ahogada (en España) mediante una intervención extranjera, ni la Iª República, proclamada pacíficamente, acosada por las «potencias» europeas y resuelta por un pronunciamiento militar, ni el triunfo pacífico de la IIª República, liquidada ya con masiva intervención extranjera directa e indirecta. Franco es «el anterior jefe de Estado»; él, el último rebelde verdadero, genocida y no solo dictador, protagonista de nuestra Re-instauración. Europa, y ahora Estados Unidos, protegen su herencia.

7.La exigencia catalana de República es un dilatado hecho histórico real, de los que no entran en los abstractos «derechos a…», sean individuales o colectivos; realidad que reclama justicia en una democracia y, por tanto, otro Derecho. De ahí el fantasma de Companys, que asoma bajo la insistente exclusión por Casado y Rivera de toda posibilidad de amnistía política; de ahí la fantasía fascista de retrotraer las autonomías a la situación bajo el franquismo. El Estado español es un pelele internacional, de política interna fantasmagórica, regida por una Constitución implícita: el dominio absoluto de su vieja oligarquía reconstituida una y otra vez.

@Sin Permiso