Corría el pasado mes de febrero cuando el lehendakari, cuestionado en el parlamento de Gasteiz sobre la continuidad, o no, de la consejera de Sanidad al frente de su departamento, tras ser acusada de haber mentido sobre el asunto de la vacunaciones irregulares, mostró su absoluto respaldo a la continuidad de esta, apoyado en aquél argumento, que él, supongo, interpretaría como incuestionable y que afirma que PNV y PSOE tienen «la mayoría absoluta parlamentaria y representan a la mayoría de la sociedad vasca».

Aquello pasó como de puntillas, sin que nadie osara analizarlo debidamente. ¿Desde cuándo el apoyo electoral puede exhibirse como argumento para una toma de decisión como aquella? Que yo sepa, quien elige una papeleta electoral, acepta, con más o menos convicción, el programa electoral del partido por el que opta. Solo eso y nada más que eso. Su voto, en ningún momento faculta a nadie para que lo utilice maliciosamente en un asunto de supuesta corrupción. Que PP y PSOE hagan de ello la forma habitual de gobernar en España, no otorga derecho alguno a obrar de igual manera en nuestro país. Si la consejera mintió, o no lo hizo, es algo que no viene al caso en este momento, pero hacer responsables a tus votantes de semejante toma de decisión es algo que tenía y tiene absolutamente nada de democrático, ni de ético. Ese concepto tan manido de que la ciudadanía ya ejerce su derecho a decidir cada cuatro años y que, al parecer, eso faculta a los gobernantes tanto para aprobar leyes, como para modificar el reglamento del mus, resulta inaceptable a estas alturas de partido. Que sea defendido por quienes se jactan, siempre, poco menos que de haber inventado la democracia en Euskal Herria, se antoja bochornoso.

Convertido actualmente en escollo, supuestamente insalvable, para proseguir en la articulación de un nuevo estatuto para la CAV, el derecho a decidir, según el lehendakari, no puede ser reclamado «desde posiciones maximalistas», sin explicar qué de maximalista puede tener un derecho que se reclama o no se reclama, se ejerce o no se ejerce, pero que no admite posiciones intermedias, ni extremistas. Pretender que sea aceptado por el socialismo hegemónico en España, lleva a los jeltzales a anteponer la búsqueda de un frágil, a la vez que imposible, acuerdo «transversal» (PNV-PSOE / 54,66% del parlamento), frente a la solidez de otro que vincule a las tres cuartas partes de la cámara (77,33% que sumarían PNV-EH Bildu-EP-IU), en una maniobra de difícil digestión… salvo que lo que realmente se busque sea el definitivo bloqueo de ese nuevo estatus, que lleva anunciándose desde 2009 y cuya negociación, según afirmó Urkullu hace bien poco, queda pospuesta, para variar, hasta la próxima legislatura.

El eterno debate sobre el dichoso «acuerdo pactado» es un argumento que hace aguas por todos sus costados: primero porque antepone la condición de que «guste en Madrid» a la de que refleje la realidad de nuestra sociedad y, en segundo lugar, porque se pretende llevar a cabo en el seno de la única «familia» en la que emanciparse debe contar con la aprobación previa de los demás miembros, cuando en cualquier otra de las que conocemos, es decisión exclusiva de quien desea hacerlo y basta con añadirle fecha y hora.

Afirma Jaume López ("El derecho a decidir / La vía catalana") que el problema del derecho a decidir no es de legalidad, sino de democracia, porque no lo constituye la demanda del mismo, sino, precisamente, la respuesta o, mejor dicho, la falta de ella por parte de los poderes del Estado. Afirma el autor catalán que «la historia sirve para explicar, pero nunca para justificar» y que, en virtud de ello, «no se reclama el derecho a decidir porque se sea una nación, sino que se es nación porque se reclama el derecho a decidir». A partir de aquí, es lógico colegir que cuando el todavía no reconocido derecho es supuestamente defendido por más del 75% de la cámara de Gasteiz, es hora ya de dejar de hacer equilibrios en el alambre, abandonar los circunloquios y penetrar de una vez por todas en el meollo de la cuestión. Y si así no fuera, que quien lo impida tenga el valor de declarar, blanco sobre negro, que lo que propugna su compromiso electoral es, simple y llanamente, un señuelo que nada tiene que ver con lo que sostienen los propios estatutos de la formación a la que dicen representar.