El derecho de toda la ciudadanía a disponer de una vivienda digna, es recogido en numerosas declaraciones institucionales de ámbito internacional. Como referencia, sirva el reciente Dictamen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, instando al Gobierno español a legislar en cumplimiento de tal obligación.

La propia Constitución del Estado, a la que se aferran determinados partidos políticos cuando les interesa para conservar el estatus en su manera de entender la democracia, en su artículo 47 dice textualmente: «los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Se entiende por una vivienda digna, aquella que permite la vida de las personas en condiciones de habitabilidad suficiente, garantizando el acceso a los servicios de que están dotadas para atender la higiene y subsistencia de las personas que la habitan. Es decir, el acceso a la energía para el alumbrado, la calefacción, el agua caliente y el suministro de agua potable.

Tener derecho a una vivienda digna significa que todas las ciudadanas y ciudadanos, deben tener cubierta tal necesidad vital, en condiciones asequibles a sus posibilidades económicas. Dicho de otra forma, aquellas personas que lo deseen y puedan permitírselo, podrán disponer de vivienda en propiedad en el sector privado. Pero al mismo tiempo, la administración pública tiene la obligación de ofrecer cobertura a la general demanda social en unas condiciones económicas de alquiler accesible a la disponibilidad de cada persona o grupo familiar o social.
Sin embargo, la realidad es que la vivienda, de ser considerada una necesidad social, las propias administraciones públicas han colaborado considerablemente para su conversión en un producto de jugoso negocio especulativo por excelencia, para hacer ganar dinero al emporio capitalista formado por bancos, fondos de inversión, grandes empresas y otros similares. Y obedientes al dictado de estos magnates económicos, el PP y PSOE en todo el Estado y el PNV en Euskadi, aplican la política más adecuada para llevar a buen fin el sucio negocio privado, a costa del sacrificio de una importante parte de la sociedad y de la negación a sus legítimas demandas.

Durante la crisis-estafa en la que sumergieron a las clases sociales más desfavorecidas, se sucedieron los desahucios que se aplicaron sin piedad a miles de familias que se quedaban sin trabajo o les fueron reducidos sus ingresos, creando verdaderas tragedias, por no poder hacer frente, de forma involuntaria, al pago de las hipotecas de su vivienda.

Ante esta forma de agresión social, surgió la respuesta de activistas en lucha por defender los derechos sociales. Sirva como motivación para intensificar el activismo, que desde aquella incipiente resistencia que comenzó hace unos años contra quienes en vez de velar por los derechos sociales, emplean la represión y aplican la «Ley Mordaza» para defenderse a sí mismos, hasta hoy, se han conseguido una serie de mejoras sociales. A los bancos ya no se les teme, se les rebate, se les hace frente y hasta al miedo se le ha hecho cambiar de bando. Se incide en la forma de legislar, pese a la resistencia de los partidos en el poder y se tienen más en cuenta los abusos habidos. La justicia va adaptando los fallos, considerando las condiciones de vulnerabilidad de los encausados. La Unión Europea interpela al Estado español y los Tribunales de Justicia europea crean jurisprudencia en el Estado sobre la materia.

Sin embargo, este activismo se enfrenta en la actualidad hacia un mayor peso de los desahucios en el sector de la vivienda en alquiler, debido a las dificultades para el abono puntual de los elevados importes de las rentas de alquiler, como consecuencia de la especulación permitida y protegida por la Administración, que no se esfuerza, más bien todo lo contrario, en poner los medios necesarios para erradicar esa lacra. El colmo de la negligencia institucional en la política del sector en Euskadi, llega al punto de que están aumentando los desahucios solicitados por Alokabide, empresa pública del Gobierno Vasco para el alquiler social, por los casos de fuerza mayor que ocurren en la escasa oferta social pública.

Téngase en cuenta, que una progresiva oferta de vivienda pública en alquiler, además de tender a cumplir la ley por parte de la propia administración pública, ante la negativa a tasar los límites del precio del alquiler, influiría en la regulación a la baja de los precios en el mercado libre.

En esta tesitura, se observa que, por ejemplo, el objetivo de la Plataforma Antidesahucios, no se limita a elevar la protesta y tratar de impedir cada desahucio, sino que además, incide en la política de la vivienda. El decálogo que marca la razón de ser de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Euskadi - Kaleratzeak Stop, contra los desahucios, la pobreza y la desigualdad, ha suscitado la adhesión de algunos partidos políticos del arco institucional, y conforma la guía para seguir avanzando en las conquistas sociales.

No solo la vivienda es el problema, sino que son otras muchas las carencias para conseguir una sociedad en la que, en el caso de que haya ricos, no haya un solo pobre. De ahí la necesidad de impulsar la acción común de la Plataforma por los Derechos Sociales, como conjunto de todas las asociaciones ciudadanas de sectores específicos, como son, la erradicación de la pobreza energética, el derecho al trabajo en condiciones laborales dignas y de igualdad entre trabajadores y trabajadoras, el derecho a decidir de las personas y de los pueblos, etc.

El cambio social y político hacia una sociedad en la que las personas seamos prioritarias ante el capital, se producirá en proporción a la participación ciudadana activa, solidaria y cohesionada, impulsando los diferentes movimientos sociales sectoriales, ejerciendo una función reivindicativa social y constituyendo una fuente de alimentación a los partidos políticos realmente implicados como correa de transmisión entre la sociedad y las instituciones públicas.
Activismo significa participación voluntaria en defensa de un derecho, cuya suma de individualidades conforman un colectivo social. Y cuantos más sean, el activismo será más fuerte.