El primer Congreso Europeo sobre comunidades energéticas ha subrayado qué reivindicaciones se requieren para que modelos ciudadanos de transición energética tengan un impacto positivo en el conjunto de la sociedad. Para los pueblos rurales, pequeños, pirenaicos y en grave peligro de dejar de ser lugares que vivan a través de una economía adaptada al medio, la gran amenaza es la despoblación. Palabra que expresa críticas, por la sensación de abandono de nuestros pueblos; expresa quejas, por la carencia de servicios públicos o expresa indignación, por la lenta burocracia administrativa. Descontentos justificados pero que deben estar acompañados de propuestas, de iniciativas, de acciones que surjan desde las comarcas y estimulen el asentamiento de la población.

Crear organización social es el primer paso para combatir la despoblación, pero hay que dotarla de recursos para que tenga capacidad de decidir y un horizonte por el que trabajar. Pero los proyectos para el desarrollo rural no solo exigen tenacidad, también modificaciones legales y voluntad, porque imaginamos pueblos que salvaguardan su identidad y conserven la armonía con la naturaleza.

Sin duda, una herramienta muy poderosa es el control de las fuentes de energía, ya que fomenta las economías locales, limita el cambio climático y promueve el empleo local y, como efecto de todo ello, los pueblos estarán en condiciones de ser lugares atractivos para residir.

Está contrastado que emprender la transición energética a través de una comunidad ciudadana de energí, es un camino tedioso, una maratón de complejidades. Falta un marco normativo sobre comunidades energéticas, la Ley de Cooperativas navarra no posibilita la participación de personas jurídicas e instituciones, se perpetúa el laberinto burocrático para realizar los procedimientos administrativos, algo que se multiplica para las poblaciones sin estructura municipal y existen interrogantes en el acceso a la financiación.

En pueblos como el nuestro, de 194 habitantes, para alcanzar el empoderamiento en materia de energía, que se cimenta en el control ciudadano de la generación (FV, hídrica y biomasa), en que la distribución se realice a través de líneas de suministro propias y en que se gestione la facturación, se precisa la intervención de las administraciones, de todas ellas. Es urgente una legislación que fomente y facilite los proyectos de energía comunitaria, se debe aprobar la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que responda a la profunda problemática actual y que vaya asociada a medidas concretas, hay que modificar la ley de cooperativas navarras, es primordial facilitar la instalación de pequeños huertos solares de uso local y se necesita apoyo técnico y financiero.

Valoramos positivamente que el Gobierno de Navarra y Nasuvinsa hayan conformado, a través de Life NAdapta, un grupo de trabajo para definir un modelo de comunidad ciudadana de energía, pero consideramos esencial que el Gobierno foral impulse y asuma la realización de un plan piloto de comunidad energética, un proyecto de desarrollo rural que pueda ser replicado en pueblos que no llegan a quinientos habitantes, que recordemos, son más del 50% del total de municipios navarros.

Es una puerta para que nuestros pequeños pueblos rurales tengan capacidad de demanda y de propuesta, tengan instrumentos para hacer frente a la despoblación y al cambio climático.

Dejar al mundo rural al margen de la transición energética que se ha emprendido en Navarra, es abordar incorrectamente la emergencia climática y ahondar en las desigualdades territoriales y sociales.