Josu Barandika Zubiaga
Militante de la izquierda abertzale

DOT: cambio de rumbo

El Gobierno de la CAV ha pretendido darle un gran énfasis a la participación ciudadana para la revisión de las «Directrices de Ordenación del Territorio» (DOT). No sería para menos.

No se trata de que el poder hegemónico de una institución marque estos ejes. Ni de que siga dibujando el desarrollo del territorio de la CAV, como un continuo urbano, cementado, «Euskal Hiria», como algunos desde los mercados y con el apoyo del poder político hegemónico, han pretendido, vaciando de capacidad de desarrollo solidario a Euskal Herria, como pueblo, a partir de la tierra.

Es de suponer que se trata más bien de acordar y de plasmar nuestro «concepto del mundo y de la vida» en unas Directrices de Ordenación del Territorio, en la perspectiva del establecimiento de las bases de nuestro contrato social, para una vida digna en solidaridad con los demás y con la tierra, sobre todo, ante los desequilibrios sociales, miseria, esclavitud y dilapidación de nuestros recursos naturales. Si estos ejes no los marcamos todos, no serán ni justos ni solidarios.

En el marco del debate que este diario abrió se han ido recogiendo distintos criterios sobre los que debería pivotar nuestra relación con el territorio, y que han sido, por otra parte, motivo de reivindicaciones y movilizaciones de distintos agentes socioeconómicos, sindicales y políticos frente a las atrocidades del neoliberalismo en las últimas décadas. Quisiera recordar en unas pinceladas la reciente historia y animar al mismo tiempo a la lucha en su consecución.

Siendo la participación, pues, fundamental, todos somos conscientes, sin embargo, de la debilidad del planteamiento, al entender que históricamente –y me refiero tan solo a estos 40 últimos años– quien ha dominado la ordenación del territorio ha sido el neoliberalismo con el apoyo político hegemónico del PNV (acompañado de los unionistas), en nuestro caso, en todos los niveles institucionales. Hinca sus raíces este dominio en la aceptación por parte de este partido del Régimen establecido en 1978 a cambio del Gobierno de la CAV. Es de suponer, sin embargo, que la llamada que hace este Gobierno a la participación no sea al desarrollo del Régimen establecido. Pero ahí tenemos, a pesar de todo, un importante hándicap que salvar. Por ejemplo, de entrada, no podemos marcar criterios para nuestras costas, mar, sector pesquero, puertos comerciales, etc. Y lo tendremos muy difícil para soslayar o paliar las grandes decisiones energéticas, nuclear, fracking; o las grandes infraestructuras de comunicación, o, en general, las consecuencias derivadas de una mala gestión desde Madrid de los diferentes sectores socioeconómicos, que puede afectarnos gravemente en nuestro desarrollo humano digno y solidario.

Supongamos, no obstante, que puedan llegar a superarse todas las dificultades y antagonismos iniciales y acordarse criterios fundamentales, básicos, que puedan conducirnos a una vida solidaria y justa ahora y en las siguientes generaciones. La experiencia nos dice que todo plan se modifica, si interesa a los especuladores financieros. Ejemplos tenemos en todos los niveles generales y locales: central nuclear de Lemoiz, Repsol, AHT, fracking, modificaciones de suelo para inversiones especulativas en vivienda, áreas industriales vacías, vías de comunicación discutibles, etc.

¿Qué confianza se puede tener, por otra parte, en ese poder político hegemónico, que ahora nos llama a participar, que no ha hecho el menor caso ni de sus propias instituciones, cuando le advertían de la imposibilidad de un desarrollo «sostenible» desde la especulación? Un ejemplo. El departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del G.V., a través de la «Sociedad Pública de Gestión Ambiental» (IHOBE) programó una “Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020)”, que establecía las metas ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca, para la consecución de un nivel óptimo de calidad de vida: «Garantizar aire, agua y suelos limpios; gestión responsable de los recursos naturales y residuos; protección de la Naturaleza y Biodiversidad; equilibrio territorial y movilidad; limitar la influencia del cambio climático». Enloquecidos por el desarrollismo salvaje y especulador, no sólo no han hecho caso de la Estrategia Ambiental propuesta desde su propio Gobierno, sino que ni siquiera han sido capaces de analizar y corregir en consecuencia los planteamientos después de la crisis de 2007.

En efecto, la mayor parte de los planes territoriales parciales y el Plan Territorial Sectorial de Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales (2005-2016), aprobados en desarrollo de las DOT de 1997, siguen las misma tendencia desarrollista, consumidora de suelo y dilapidadora de recursos naturales, a pesar de las alegaciones y movilizaciones, en muchos casos, de diferentes agentes sociales. En deterioro de nuestra propia producción alimenticia, con la aprobación de estos planes parciales y sectoriales, seguimos explotando a terceros países, en beneficio de las grandes multinacionales de la distribución. Más aún, están descalificando suelos agrarios para superficies de «logística», preparando el terreno al Tratado secreto América-Europa «TTIP». Estos planes siguen apoyando la inversión especulativa en vivienda. Se sigue artificializando el suelo y no se aplican las medidas correctoras para la reducción de la huella ecológica, que plantea la Estrategia Ambiental.

El colmo de la cacicada o del absurdo es el descalabro que han organizado en Busturialdea, corazón y base de la «Reserva de la Biosfera de Urdaibai» (1984). El PNV no sólo incumple, sino que además modifica y se mofa, en el más puro estilo neoliberal y caciquil, del cuerpo legal que protege y desarrolla la Reserva y que comprende: la Ley de Protección y Ordenación (1989), aprobada por unanimidad por el Parlamento Vasco, y como desarrollo de ésta, los decretos del G.V. de Plan Rector (1993) y de “Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas” (1998), previamente acordado con los distintos agentes económicos y sociales de Busturialdea. En mi experiencia en esta materia creo que es el Plan Estratégico más participado, y que plantea objetivos más claros de desarrollo solidario y justo. Sin embargo, estos objetivos aparecen, contradictoriamente, como el hueso más duro de roer por quien tiene «mando en plaza». Da la impresión de que les estorba el marco legal establecido por ellos mismos. Modifican suelo agrario en industrial, sin plan alguno, en pura especulación, cuando el 30% del suelo industrial de Bizkaia está vacío. Desprecian los recursos humanos y la aportación el cuidado de los recursos naturales de la Cuenca (el agua, los montes …), seguimos echando mierda al estuario en la Reserva, etc.  O, peor aún, aprueban el PTS de Actividades Económicas (2005) o el PTP Gernika-Markina (2016), aplastando o modificando los objetivos que ellos mismos aprobaron previamente en la Ley de Urdaibai y sus decretos. ¿Están quizá buscando que la UNESCO retire la designación de «Reserva de la Biosfera», porque esta designación y plan subsiguiente no «protegen» el chip especulativo de su sistema?

Está claro que no es sostenible esta situación, que hay que parar, reflexionar y cambiar de rumbo. En Euskal Herria se ha trabajado entre organizaciones sindicales y sociales, para intentar darle vuelta a la tortilla y se ha llegado a elaborar una Carta Social de derechos, de gran valor, por tanto. En su base se encontrarían algunos criterios fundamentales para las Directrices de Ordenación del Territorio. Sería necesario socializar y empoderar a la sociedad para la consecución de un desarrollo justo y de solidaridad entre todas y en relación con la tierra. Sería determinante para este empoderamiento y cambio de rumbo, estructurar «aquí y ahora un país compartido».

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