Guzmán Ruiz Garro
Analista económico

El afán impositivo de la izquierda

En los años en que la burbuja inmobiliaria estuvo creciendo, las administraciones públicas, toda la caterva de especuladores y muchos regidores municipales, se pusieron las botas gracias a su complacencia a la hora de conceder licencias para edificar viviendas en primera o en quinta línea de playa.

El impuesto llamado de aprovechamiento urbanístico, el de construcciones, instalaciones y obras, el IVA o cualquier otro, engordaban las arcas municipales, y poco importó que muchas edificaciones fuesen una aberración urbanística, que estuviesen mal comunicadas o con escaso suministro de agua. En fin, mucho asfalto y mal gusto arquitectónico. Las grúas que poblaban los pueblos costeros no solo levantaban ladrillo y argamasa, sino que amontonaban el dinero que los bancos y cajas habían prestado a ahorrativas familias trabajadoras y de «clases medias» en unos pocos bolsillos; eso sí, dejando caer una parte en el cajón del erario público de las administraciones más cercanas al ciudadano. España iba bien y «Euzkadi», también.

Y para más paradojas, españoles y vascos pagaban sus impuestos a crédito. Los salarios no sufrían tanto las estrecheces de ahora, el consumo estaba acorde con la renta disponible y las cuentas públicas lozanas. Fue tal el orgasmo económico que las administraciones se animaron a endeudarse. También los ayuntamientos que actualmente nos quieren duplicar o triplicar el IBI se empeñaron durante décadas e hipotecaron la faltriquera del contribuyente. Si se hacía un polideportivo, a lo grande. El aforo, mayor que el número de habitantes. «Menos mal» que llego la crisis, sino nos pilla la ola artificial que emulaba el embate marino, la ideada para practicar surf urbano en Leioa.

El Gobierno del Estado que negó la crisis durante muchos meses transfirió a los municipios anticipos muy superiores a lo que iba a ser la recaudación. Llegaron los años 2010 y 2011 y, en la liquidación, dio a pagar y, para más inri, además de recibir menos dinero, se estipulaba devolver a plazo determinado lo entrampado.  

Y he aquí que al Tribunal de Cuestas se le ocurrió, en diciembre de 2013, un informe de fiscalización adoptado por las entidades locales para ajustarse a la disminución de ingresos procedentes de la gestión urbanística. Y el foco se puso sobre las viviendas que las familias trabajadoras tanto habían ansiado poseer y que ya valían bastante menos de lo que se pagó por ellas. Y no se les ocurrió otra cosa para sostener las cuentas municipales que fijarse en el Impuesto  de Bienes Inmuebles.

La Ley del 20/2011 establece una subida de tipos impositivos del IBI, siendo éste el principal recurso de los ayuntamientos. Y no es solo la subida de estos tipos, se procede además a la revisión de las ponencias de los valores catastrales. Otra ocurrencia contra el ciudadano. Significar que «curiosamente» el Impuesto sobre Actividades Económicas se estanca. Se ha producido una clara traslación de la presión fiscal local desde lo sectores productivos a la población propietaria de inmuebles. No me extrañan las quejas de los que pagamos religiosamente a las haciendas por las SICAV (acrónimo de Sociedad de Inversión Colectiva de Capital variable), privilegio para ricos.

Vuelvo a las residencias «vinculadas al buen tiempo». Ni que decir tiene que la gran mayoría de los propietarios de esos pisos con la persiana bajada gran parte del año, hicieron extraordinarios sacrificios para que sus vástagos pudiesen oxigenarse en las playas de Plentzia, Bakio, Lekeitio… (y no en los arenales de Cantabria); resaltar que por entonces eran de uso exclusivo de residentes, pudientes, o de los aventureros que cogían el tren de madera, de bote en bote, para después de tortuoso viaje y riesgo de descarrilamiento, pillasen ese color moreno impuesto por los cánones de moda.

Leemos con estupor que en Juntas Generales se ha aprobado una enmienda a la nueva norma del IBI presentada por los socios que componen el gobierno foral (PNV y PSOE). Por medio de ella, darán potestad a todos los ayuntamientos vizcaínos para que puedan cargar hasta un 50 % más el IBI a los pisos vacíos. Y como subir los impuestos «es de izquierdas» y bajarlos «de derechas», sin distinguir de qué tipo de gravámenes hablamos, ni en qué circunstancias los aplicamos, y con una explicación poco documentada de incentivar el alquiler (sic), van EH Bildu y Podemos (estos dicen ser transversales, así que será por eso) y propugnan un recargo aún mayor, de hasta el 150%.

Lo del PNV debe ser para contentar a sus socios, aunque de nuevo me entran las dudas por aquello que dijo Zapatero de que bajar impuestos era de izquierdas. Seguro que alguno pensará que me he vuelto loco de repente y he mutado mi ideología, que he adoptado los preceptos de Arthur Laffe. ¡Pues no! Ya sé que eliminando la tributación patrimonial, o de manera lineal la de la renta, solo se cumple el principio carca de que «para que los pobres mejoren hace falta que los ricos estén contentos».

En lugar de centrarse tanto en el incremento del IBI, sin hacer distingos entre los que especulan con la multipropiedad, favoreciendo el encarecimiento de los alquileres, y los kurrelas propietarios de una segunda vivienda para su recreo -la usen poco o mucho-, habría que proponer un impuesto extraordinario sobre incremento patrimonial obtenido en los últimos años. No creo que haya sido muy popular en Gipuzkoa, por mucho que se diga que han funcionado, los recargos. Tampoco lo fue el intento de peaje en las autovías que cabreo a tirios y troyanos. La subida de este tributo directo de carácter real y de titularidad municipal también ha sido un recurso de la derecha (por ejemplo, el PP en Madrid). La mitad de  “Unidos Podemos”, IU, ha promovido campañas para sacar a la calle la reclamación de la bajada de este impuesto. Las generalizaciones no sirven. Una cosa es que el IBI incorpore un gravamen del 50% o más en el caso de las viviendas vacías pertenecientes a las entidades financieras que acumulen más de seis meses sin ser habitadas, y otra, que se recurra a la penalización de los «lujos» de los asalariados. Convendría más reparar en que detrás de la caída de la recaudación está la evasión fiscal. Solamente, en 2012, se taparon dos agujeros del Impuesto de Sociedades. Uno la deducción sin límite de los gastos financieros, y el otro la libertad de amortización. Ejemplo: Si una empresa operaba fuera del territorio español, no pagaba los dividendos de lo que ganaba fuera, pero sí se le permitía deducirse los gastos de la inversión exterior.  Para concluir, me permito dar un consejo: por prudencia, si no se quiere ir «amigos» por todos los territorios, en cuestión de impuestos, hay que darle más de unas vueltas al tema.

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