En septiembre de 2013, la Plataforma de personas Afectadas por las Hipotecas (PAH) de Eguesibar publicamos un dossier sobre el alquiler (se puede leer en https://labur.eus/ONd4O), donde alertábamos de la creciente problemática en torno al mercado residencial en alquiler, que cuenta con una amplia presencia en Sarriguren: 334 viviendas ubicadas en Plaza Ibia, Plaza Puerta de Badostain, calles Elizmendi, Bardenas Reales y  Badostain. Se denunciaban toda una serie de irregularidades y vulneraciones del derecho a una vivienda digna.

Transcurridos casi diez años desde la publicación de aquel informe la situación, lejos de solucionarse, sigue estando presente e incluso agravándose, puesto que, por parte municipal, se ha hecho dejación de esta problemática y, hoy día, no existe ningún control ni datos sobre la actuación de la empresas promotoras sobre una parte significativa del vecindario.

Todo ello en un contexto general en Navarra en donde la demanda de vivienda protegida en régimen de alquiler es mayoritaria, llegando en la actualidad al 67% de solicitudes. Porcentaje cinco veces por encima de la demanda de compra.

De hecho, en el año 2013, se inicia en el conjunto del Estado español, la apertura de una nueva etapa alrededor del negocio de los alquileres, basada en quienes, azotados con mayor intensidad por la crisis financiera y por la fuerte subida de los intereses hipotecarios, se vieron obligados a recurrir al alquiler como única alternativa residencial.

El aumento de la demanda de vivienda en alquiler en un sistema de libre mercado neoliberal la convirtió en un apetitoso nicho de negocio para las promotoras, fondos de inversión y para inversores particulares. La rentabilidad del negocio se sitúa en un 4,5% anual, muy por encima de la rentabilidad de los fondos o de los mismos bonos del Estado. Al mismo tiempo, el móvil especulativo, aprovechando que la oferta es muy inferior a la demanda, propició que los precios del alquiler tuvieran una subida del 50% entre los años 2013 y 2019.

Este encarecimiento del alquiler tuvo efectos muy dañinos en quienes disponían de menor poder adquisitivo. Así en el año 2020 en el Estado español, el 61% de los hogares con ingresos anuales inferiores a 14.000 euros, destinaban más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler.

Y, como consecuencia de todo ello, se produce el aumento de los desahucios que en Navarra, en el periodo 2008 a 2019, alcanza la cifra de casi un desahucio diario, siendo la mayoría de ellos por impago de alquileres.

Las medidas gubernamentales adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez en los años 2019 y 2020, junto con el Programa Foral de Deducciones para el acceso a la vivienda y el de ayuda a la emancipación de personas jóvenes en Navarra, lograron frenar temporalmente los desahucios.

Pero se trató de un aplazamiento del problema a costa de financiar con dinero público a las promotoras, sin que estas medidas parches hayan supuesto una solución definitiva al derecho a una vivienda digna.

A pesar de las medidas gubernamentales, los precios del alquiler no han dejado de subir, y entre el año 2020 y el primer trimestre de 2021, se han dado más de 40.360 desahucios en todo el Estado, siendo mayoritarios los debidos a impagos de alquileres.

En Navarra, en el año 2020, se aprecia un espectacular aumento de sentencias judiciales de arrendamientos urbanos, llegando a duplicar las producidas en el año anterior.

El número de lanzamientos practicados en Navarra en el segundo trimestre de 2022 (68) ha sido un 6,3% mayor que en el mismo trimestre de 2021 (64). Y de abril a junio de 2022 se han registrado 55 lanzamientos por alquiler.

La tendencia es que la situación va a ir empeorando. La fuerte inflación con la consiguiente perdida de poder adquisitivo, la subida de los alimentos y de la energía, ilustran una crisis sistémica y global que golpea a las sectores más depauperados.

Familias y personas con bajos ingresos están excluidas del acceso a una hipoteca y también tienen serias dificultades para hacer frente a los precios del alquiler impuestos por el mercado.

Esta situación de crisis tiene su reflejo en Eguesibar, y el problema es que socialmente no estamos preparados para afrontarla.

En primer lugar, por el desconocimiento y la falta absoluta de datos de la situación del alquiler protegido en la localidad. La inexistencia de datos sobre el nivel de desahucios que se vienen dando en nuestro entorno es alarmante. Ni de los desahucios judiciales, ni muchos menos de los desahucios silenciosos que las empresas propietarias realizan.

Por lo que la primera medida que el ayuntamiento debería adoptar es la creación de una oficina municipal de observación de la vivienda de alquiler. Una oficina en donde se propicie la colaboración ciudadana, de asociaciones vecinales y sociales, comunidades de viviendas en alquiler…

El error que comete el ayuntamiento es incluir la problemática del alquiler en las áreas de los Servicios Sociales, reduciendo de esta manera el problema a prácticas individualizadas de ayudas o subvenciones. Cuando de lo que se trata es de garantizar el derecho que toda persona tiene a una vivienda en condiciones, por lo que debería estar incluida en el área de urbanismo y vivienda.

En segundo lugar, es necesario generar un sector público de vivienda capaz de incidir en la gestión inmobiliaria. Eso compete sobre todo al Gobierno de Navarra, pero no exclusivamente, los ayuntamientos, sobre todo los grandes, como es el caso de Eguesibar, deben dar pasos para ir dotándose de un parque municipal de vivienda de alquiler protegido, con precios y condiciones que rompan la férrea dictadura del mercado.

También hay que seguir confrontando con los desahucios, los cortes de suministros, adoptar medidas contra la vivienda desocupada, conseguir que los precios de los alquileres se establezcan en función de las rentas de las personas inquilinas (no superando la tercera parte de los ingresos) y no los del mercado, y, sobre todo, potenciar la autoorganización comunitaria que garantice voz y protagonismo a los sectores más dañados por la crisis.

Estos son algunos de los retos a los que la administración municipal va a hacer frente en los próximos años, por lo que exigimos que en los programas de las formaciones que se presenten a las próximas elecciones municipales en Eguesibar, se contemple los instrumentos necesarios para ayudar a hacer efectivo el derecho de todas las personas a una vivienda digna.