«Las guerras existen, se perpetúan y se repiten porque existe una extensa empresa que se llama «planificación» integrada por cinco elementos: la partida presupuestaria destinada a armamento, la existencia de ejércitos, la investigación científica con finalidades militares, la industria de armamentos y el comercio de armas» (Arcadi Oliveres).

Podría ser un titular de un periódico: "Hallados 5 polizones de nacionalidad yemení en un barco con bandera saudita que atracaba en el puerto de Bilbao para cargar armas", pero es una hipótesis altamente improbable porque un yemení ni podría ni querría viajar en un barco de bandera saudita para escapar del horror, sería simplemente, como diría Warsam Shire, meterse en la boca del tiburón.

En enero de este año el Sr. Urkullu hablaba de corredores humanitarios. Once meses después le diría que el mayor favor que le podría hacer a la humanidad es no permitir la venta armas a países como Arabia Saudí por razones obvias y demostradas que no creo que se le escapen. Yemen es hoy un país destruido por sus bombas. El reino wahabí dispara desde el cielo y desde la tierra contra familias desarmadas. Solo en lo que va de 2017 han muerto más de 200 niños. La mayoría resultaron despedazados por los proyectiles que caían sin piedad. 130 niños y niñas mueren todos los días en Yemen por hambre extrema y enfermedad, una niña cada 18 minutos. Hay además más de 800.000 víctimas de cólera en la que es ya la mayor epidemia de la historia. El bloqueo saudí en puertos como Hudeida aumentará el número de víctimas.

Por todo ello, el Parlamento Europeo ha dictado varias resoluciones que piden el cese del comercio de armas con este país. Intermon Oxfam ha denunciado la venta masiva de armas sin tener en cuenta «las vidas que están destrozando» estos equipos. España acumula más de 650 millones de euros en armas exportadas a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto, en el marco de unos acuerdos que, según Oxfam, incumplen tanto la legislación española y europea como el Tratado sobre el Comercio de Armas. El País Vasco lidera en el estado este mortífero comercio con más de 84,5 millones de euros y la mayor parte va destinada, por vía marítima, a Arabia Saudí.

Si ganamos millones vendiendo armas, deberíamos estar obligadas a utilizar el mismo barco que deposita los contenedores de armas para traer los 3 millones de personas refugiadas que esas armas han causado sólo en Yemen. También deberían depositar en nuestro puerto los cuerpos sin vida de todas las personas que esas armas han matado.

Hace pocos días, el lehendakari Iñigo Urkullu negó en una entrevista radiofónica que exista un negocio armamentístico en Euskadi, e incluso intentó reducirlo a la «industria de armas de caza». La realidad es que existen al menos cien empresas ligadas directamente a la industria militar. Si es su ética la que no le permite contestar a esa pregunta diciendo la verdad, esto es, que la industria militar también genera riqueza –fundamentalmente para las élites empresariales– aunque esté manchada de la sangre de las niñas yemeníes, tendrá que revisar su ética. Pero lo que es seguro que tiene que revisar es su honestidad porque, a estas alturas no solo no nos creemos lo de las armas de caza, sino que además lo consideramos un grave insulto. Una vez al mes el Bahri Jazan o su gemelo el  Bahri Tabuk atracan en el puerto de Bilbao a la espera de su mortífera carga. Le conocemos, seguimos sus movimientos, no nos minusvalore Sr. Urkullu.

El pacto de gobierno con sus homólogos de la derecha españolista le hace corresponsable de sus políticas económicas y migratorias. Además, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se encuentra por encima de las normas de comercio e inversiones, y ¿no cree señor lehendakari que la competitividad de las empresas vascas tiene que tener como límite los derechos humanos? Responsable, en definitiva, de vender armas a países culpables de catástrofes humanitarias, países que incumplen las normas que hasta las crueles guerras tienen para proteger los derechos de su población más vulnerable, de cerrar sus puertas y culpabilizar a las personas que huyen de esos atentados –sólo el 1% de las víctimas es europea– y de priorizar el beneficio económico de las élites frente al cumplimiento de los derechos humanos. Aunque el Sr. Urkullu no lo quiera, hemos de convertirle en responsable político de sus pactos y de sus actos.

Ignacio Robles lo hizo. Dijo «no en mi nombre» y valientemente rompió la cadena. A nuestro lehendakari le pedimos la misma valentía.