La división entre ricos y pobres no parte de un hecho dado en origen, no responde a una ley universal que la establezca como axioma, es sencillamente el resultado de un desarrollo político al margen de cualquier principio ético. Así, a lo largo de siglos de explotación unos pocos «poderosos» han desposeído a la inmensa mayoría de la humanidad de lo que es suyo, es decir, de la riqueza común, y la han privatizado para su uso exclusivo. Esas élites han condenado a los demás, personas que habitan en el Tercer Mundo o en el Primero pero sin acceso a cota de poder alguna, a la marginalidad o a la exclusión. Mantener las cosas así beneficia a unos pocos frente a la mayoría y se concreta hoy en lo que popularmente conocemos como «sistema capitalista o liberal». Mantenerlo es el objetivo fundamental (y escondido) de los partidos «de sistema», entre los que cabe citar todo el arco de la derecha y muchos de los que se autodefinen como «socialdemócratas». A que todo siga igual dedican ellos sus esfuerzos más importantes; unas veces con rostro amable y otras con contundencia y agresividad.

 
Es evidente que esta forma de gobernar no concuerda con valores como igualdad o democracia, principios consensuados como asiento fundamental de la justicia y el derecho. Por ello los defensores del sistema mantienen un colosal aparato propagandístico de legitimación y justificación al que dedican ingentes cantidades de euros. Su objetivo es que lo que en sí mismo es una injusticia sea presentado como la opción más justa posible, que lo que es contrario a la ética aparezca como un hecho neutro y, sobre todo, que quienes han generado la injusticia aparezcan como víctimas y las verdaderas víctimas como culpables. Este y no otro es el gran fraude del sistema.

Sirva esta introducción, teórica pero necesaria, para situarnos en lo que está ocurriendo en Navarra con las personas perceptoras de Renta de Inclusión Social (antigua Renta Básica) y el constante ataque y deslegitimación al que las somete el Gobierno de Navarra, en especial el Consejero de Política Social y quienes le apoyan en la tarea. Su planteamiento es sencillo: el Gobierno de Navarra cada vez tiene menos dinero así que hay que gastar menos; una parte importante de ese ahorro lo vamos a obtener de la reducción de las políticas sociales entre las que se encuentran las ayudas a los excluidos como la RIS. Fin de la cita.

El problema es que ese argumento expresado así, en bruto, resulta impopular y genera animadversión hacia el proponente, por lo que hay que darle otra forma: hacer ver que no se recorta RIS sino que se incrementa, solo que (sic.) «garantizando que los recursos públicos lleguen a las personas y a las familias que realmente lo necesitan», es decir, generalizando una sospecha de fraude hacia el colectivo de perceptores y dejando fuera de la prestación a un buen número de ellos que supuestamente habrían engañado. Con esta puesta en escena se invierten los roles, el recortador aparece como buen gestor y el recortado como parásito social. Además se hace ver que se dedica más dinero a la RIS aunque en realidad se vaya a dar menos. El Sr. Alli y su Departamento han confesado que, a pesar de las restricciones introducidas con la ley de 2012, la agudización de la crisis ha hecho que tengan que seguir «gastando» mucho dinero en RIS, más de 37 millones en 2013, y la tendencia es al alza. Se trata por tanto de crear unas condiciones legales para que quede más gente fuera de la RIS por endurecimiento de los requisitos. Igual que cuando se cambió la ley, toca recuperar el argumento del fraude, aunque tampoco ahora el Gobierno de Navarra aporta ningún informe medianamente exhaustivo ni datos en los que basarse para actuar de esa forma. La única información que dan es que en 2013 se retiró la RIS a 68 personas por incumplimientos de los requisitos de entre las 9.700 a las que se les había concedido, es decir, que hay un 0,7% de fraude. Impresionante porcentaje.

Como la cifra es ridícula, se hace necesario crear condiciones para que crezca. Para ello el Director de Política Social presentó una serie de requerimientos a los perceptores en los que se va a incidir a partir de ahora, aunque algunos de ellos ni siquiera tienen cobertura en la ley y otros son de muy difícil cumplimiento sencillamente porque el propio Departamento no pone los medios para que puedan llevarse a cabo. Sirva como ejemplo el de la formación encaminada a la búsqueda de empleo.

Demasiados indicios como para no ver en todo este teatro el inicio de la justificación de un nuevo recorte social. Pero además con un duro coste ético, el de culpabilizar nuevamente a la víctima y estigmatizarla socialmente. Se trata de aplicar la estrategia de generar hostilidad contra los pobres acusándoles de vagos, incompetentes, defraudadores e ilegales, algo que opera desde hace tiempo en los sectores más ultra de la derecha como el Tea Party republicano en los EEUU y que ha encontrado en el Gobierno de Navarra uno de sus más fieles seguidores. Toca recordar que el verdadero fraude es inventar excusas para justificar los recortes sociales a los excluidos, algo que este Gobierno lleva haciendo desde que se constituyó.