Tengo un miedo particular a que la distancia física que nos imponen, los abrazos y las caricias que no damos, acaben sedimentando un tipo de sociedad donde los afectos no encuentren su cauce de expresión. Aún sin pandemia, y si tomamos como referencia la «desaparición» de las estructuras políticas comunes de ámbito europeo ante, por ejemplo, la crisis de las personas refugiadas, el distanciamiento, ahora también físico, ya existía y era, de hecho, la actitud definitoria de la Unión Europea ante realidades que prefería aislar tras sus muros.

El Covid-19 no ha encontrado fronteras a su paso, y el distanciamiento social que algunas estructuras políticas han protagonizado ante otras crisis, hoy, no sirve. A pesar de esta certeza, la Unión Europea no es capaz, a día de hoy, de articular mecanismos de solidaridad comunes que consigan cambiar el paradigma que hace que la Unión Europea se le reconozca más en el papel de vigilante del cumplimiento de planes de ajuste económico brutales, que en el papel de garante del bienestar de la ciudadanía.

Como sindicatos, entidades que representamos el segmento laboral de la sociedad, «nos debemos» encontrar los medios para reconvertir este distanciamiento social y entre personas en solidaridades mutuas.

En ese contexto situamos nuestras demandas al Gobierno central para establecer, más temprano que tarde, medidas que den cobertura a esas partes de la población y de la clase trabajadora que están desprotegidas. Reclamamos un subsidio dirigido a quienes hayan agotado la prestación por desempleo, las empleadas de hogar, las demandantes de empleo sin cobertura de prestación alguna, eventuales del campo sin derecho a protección por desempleo, quienes han tenido que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de menores y mayores dependientes, o las personas con problemas para pagar el alquiler, para los que hemos planteado algún sistema de moratoria.

Además hemos reclamado el aumento de las garantías de mantenimiento del empleo, impedir los despidos individuales, condicionar las ayudas adoptadas a que las empresas no destruyan empleo, o encarecer las indemnizaciones de despido para desincentivarlos en la práctica.

Para nosotras es también fundamental proteger la salud de las y los trabajadores, por lo que entendemos que cualquier actividad que no esté en condiciones de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad debe cancelarse.

En particular, es imprescindible el suministro masivo de equipos de protección individual (EPI) para los trabajadores/as de sanidad, la ayuda domiciliaria o las residencias, así como para el conjunto de las empresas que mantienen su actividad fundamental para mantener el sistema productivo, incluidos los servicios esenciales.

Nos parece que esta garantía de seguridad, y el mantenimiento del empleo en los sectores donde sea posible, son las bases para garantizar la viabilidad futura del mismo.

Nos hemos encontrado, durante la tarde del pasado sábado, con la resolución de un debate, a mi juicio, un poco «sobreactuado», en torno a la necesidad del cierre total como el gran aporte para frenar la pandemia. El debate lo ha cerrado el Gobierno al decretar, mediante un listado cerrado, las actividades que por su consideración de esenciales pueden seguir ejerciéndose.

Aún así, seguro que no es un listado exento de polémicas y opiniones sobre qué actividad económica debe paralizarse (por no ser esencial) y cuál no. ¿Es un taller de reparación de coches un servicio esencial? Si ubicamos al taller en un contexto temporal distinto, podríamos llegar a pensar que no lo es, pero si en vez del utilitario particular situamos en la fase de reparación a una ambulancia, o al coche particular de una persona que trabaja en el ámbito sanitario, nuestra opinión, muy probablemente, cambiaría. Lo mismo podemos llegar a pensar de la fabricación de los componentes necesarios para su reparación.

Lo cierto es que, incluso antes de la decisión del Gobierno, la actividad productiva que estaba funcionando estaba precisamente dedicada casi en exclusiva a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo.

Como no es un debate de fácil resolución, lo que sí parece razonable, es racionalizar y disminuir, o incluso aumentar, porcentualmente, las actividades derivadas de las esenciales, en función del creciente o menguante uso de las mismas. También entra dentro de ese esquema, por ejemplo, nuestra propuesta de redirigir parte de la actividad de las empresas de la industria a abastecer las necesidades urgentes de los sectores esenciales y prioritarios durante la vigencia del estado de alarma.

Quizá este debate nos haya servido para esconder otras realidades que, a mi juicio, son más preocupantes. Hemos llegado a ese punto en el que asumimos, sin apenas sonrojo, que en una sociedad con recursos sanitarios de emergencia limitados, por ejemplo una UCI, los últimos, son nuestros mayores. Nuestro descarte, nuestro «veto» al derecho a intentar vivir, nuestra ofrenda al «Dios de los recortes», son precisamente los que se pelearon porque tuviéramos derecho al trabajo y al descanso. Creo que esta realidad, nos acerca mucho más a la derrota de nuestros valores frente al interés económico, que la defensa del derecho al trabajo con seguridad.

Termino con un ejercicio de (re) conocimiento, a esa red de cobertura invisible para muchas personas y medios, la que forman las y los sindicalistas de todas y cada una de las organizaciones sindicales que están con las trabajadoras y trabajadores en estos tiempos de pandemia. Gracias compañeras sindicalistas. Un fuerte abrazo.