Veamos el abanico de opciones: quienes tienen una renta limitada, no pueden acceder a la escolarización «gratuita» de la red concertada porque las cuotas complementarias «voluntarias» de estos centros son disuasorias para determinadas familias; quienes no desean que sus hijas o hijos sean educados en los principios de la religión católica tampoco pueden elegir la escolarización de sus hijos o hijas en centros concertados religiosos porque en los mismos la asignatura de religión no es voluntaria sino preceptiva; quienes viven en muchas de las áreas rurales de Navarra verán limitada su opción a la escuela pública de su pueblo, si la hay, o a la concentración escolar más próxima, a no ser que asuman el transporte hasta el centro que elijan y sometan a sus hijas o hijos a un más o menos largo viaje todos los días. Y por supuesto las familias de la denominada «zona no vascofona» de Navarra nunca han podido elegir la posibilidad de escolarización en euskara , ni tampoco podrán hacerlo el próximo curso porque el Consejero de Educación ya anunciado que aunque se aprobase la modificación de la ley del vascuence antes del periodo de matriculación no sería técnicamente posible. (Parece ser que es imposible que los impresos de matrícula que incluyen la casilla del modelo D lleguen a la Ribera). En época de carnaval pretende disfrazar su euskalfobia de imposibilidad de adaptación de los formularios. Otras familias de esta zona ni siquiera pueden elegir estudiar euskera en el modelo A porque la dirección del centro se niega a ofertarla, y el Consejero calla y no hace nada.

El caso de los centros PAI, con programas de aprendizaje de inglés, todavía es más curioso. Dado que la administración educativa ha decidido que no es un modelo lingüístico, no se elige sino que se impone. En prácticamente 2/3 partes de los centros en los que se han implantado los programas ésta es la única opción posible de la localidad. Es curioso: nos repiten hasta la saciedad que no se puede imponer la enseñanza del euskera en la educación , pero ni siquiera se cuestionan la imposición universal de la enseñanza del inglés o en inglés. Y es que la enseñanza de los idiomas extranjeros se debiera abordar desde un prisma más racional. ¿Entonces quiénes eligen? Pues exclusivamente las familias que viven un entorno urbano, que disponen de medios económicos suficientes para pagar las cuotas complementarias y en algunos casos el transporte y el comedor y que gracias a los conciertos pueden acceder a una educación privada a precio de ganga y que incluso les paguemos el capricho de la educación segregada, eufemísticamente llamada «diferenciada».

Al final de los años 70 e inicios de los 80 los conciertos se justificaban en base al principio de subsidiariedad, la red pública no podía atender todas las necesidades y los conciertos servían para completar la oferta. Poco a poco la derecha ha ido transformando esta idea hasta convertirla en el sacrosanto derecho a la elección de centro con máxima expresión de la libertad ciudadana. La LOMCE va un paso más allá, libera a la administración del deber de ofertar plazas públicas, solo debe ofertar plazas por lo que está servida la concertación universal a demanda y el camino ya bien trazado de la privatización de la enseñanza se puede convertir en una autopista. Con esta nueva norma se amplían los conciertos de cuatro a seis años, se continua sin control real y eficaz del proyecto educativo, no se garantiza en muchos la no discriminación del alumnado inmigrante... No reivindicamos la elección de centro, reivindicamos una educación pública de calidad para todas y todos. Quien quiera una educación segregada, o con un ideario determinado, que se la pague íntegramente.