La disposición transitoria fue recogida en el estatuto de Castilla y León con el único propósito de vetar la integración de Trebiñu en Araba, y a ella se aferran los partidarios de la imposición administrativa. De conformidad con dicha norma, para que pueda prosperar el procedimiento estatutario de segregación, es preciso informe favorable de la «provincia» y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León «a la vista de las mayores vinculaciones históricas, sociales, culturales y económicas con la Comunidad Autónoma a la que se solicite la incorporación».

Así, como era previsible, el procedimiento estatutario acometido en el 98 terminó con un informe que debería producir el sonrojo de sus defensores, en el que se apelaba a una supuesta mayor vinculación del enclave con Burgos y Castilla y León. Una vez más se impuso la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, y nada han pesado los pormenorizados y multidisciplinares estudios que ahondaron en las notorias vinculaciones del enclave con Araba.

Años después, en la legislatura municipal anterior, se emprendió una nueva vía, avalada por un motivado y fundado informe jurídico, consistente en una proposición de Ley Orgánica, formulada por el Parlamento Vasco y dirigida a las Cortes Generales para su aprobación. No obstante, dicha proposición de Ley Orgánica fue rechazada por el Congreso con los votos de PP y PSOE (incluidos los de los diputados vascos), así como con abstenciones sorprendentes, como la de Izquierda Plural (Izquierda Unida).

A pesar de que esos antecedentes no invitan a la esperanza, en esta nueva legislatura desde los ayuntamientos de Trebiñu y Argantzon hemos propuesto al Parlamento nuevamente la vía de la de la Ley Orgánica. Con mayores o menores expectativas, nos mantenemos a la espera, por un lado, de los movimientos que se podrían producir en algunos partidos que antes sostuvieron la oposición a la integración o se abstuvieron en la votación y, por otro, del nuevo escenario político que se podría abrir tras las elecciones generales. Por parte del Gobierno del Estado en funciones la respuesta no se ha hecho esperar: ha requerido la anulación de los acuerdos plenarios por los que se proponía al Parlamento Vasco que tramitase la citada proposición de Ley Orgánica. A su entender, dicha proposición no respeta la reserva estatutaria. Dicho de otra manera, se impone el veto del estatuto de Castilla y León. De paso, nos anticipan la línea argumental que el abogado del Estado podría seguir ante el Tribunal Constitucional, afín al PP, en caso de que la mencionada Ley Orgánica prosperase.

Al mismo tiempo, desde las filas del PP, de manera extraoficial, nos hacen llegar el mensaje de que, en lugar de una ley ad hoc para Trebiñu, se podría explorar la vía de una Ley que tendría por objeto a todos los enclaves, no se sabe si como maniobra dilatoria, o con la finalidad no declarada de fijar un nuevo veto de rango legal, al tiempo que simulan salir de un inmovilismo que ya no cuela. Eso sí, cuando apelan a la oportunidad de una ley de enclaves, parecen olvidar la supuesta reserva estatutaria que dice defender el PP.

En este contexto, el horizonte de la vía formal no se presenta nada halagüeño. Así, si se constatara la inviabilidad práctica de la integración administrativa por la vía formal, se evidenciarán una vez más los déficit democráticos estructurales de los que adolece el Estado español. En ese caso, habrá llegado la hora de abordar un proceso de integración de Trebiñu en Araba por la vía de los hechos, pues no quedará otra alternativa. Ojalá en el Congreso haya una posibilidad de cambio; gustosamente rectificaremos. En caso contrario, no esperaremos eternamente a que la integración llegue de la mano de la legalidad que se estableció para negar el respeto a la voluntad de los treviñeses y treviñesas. Será el momento de exigir honradez y responsabilidad a las fuerzas políticas españolas, a las nuevas y a las viejas; así como al Partido Nacionalista Vasco que, dicho sea de paso, hasta la fecha sigue sin responder desde la Diputación Foral a las demandas concretas presentadas por el Ayuntamiento de Trebiñu en materias como agricultura, transporte, vialidad invernal, recaudación…, incumpliendo el compromiso de Juntas Generales de Araba, y el suyo particular, de tratar a Trebiñu como una cuadrilla más del Territorio Histórico. Lo anterior, al tiempo que el Ayuntamiento de Treviño se enfrenta a las injerencias de Castilla y León, que reclama judicialmente la revocación de nuestras solicitudes de colaboración a la Diputación Foral de Araba.

A los treviñeses y treviñesas se nos está acabando la paciencia ante las intromisiones en la autonomía de nuestros municipios y los vetos. Está llegando la hora de apostar en serio y jugar la partida de la integración en casa. La democracia y la racionalidad están en nuestras manos.