La degradación ambiental es uno de los principales problemas al que nos enfrentamos como sociedad. Superada la disyuntiva de optar por el desarrollo socioeconómico o por la defensa del medio ambiente, hoy en día valoramos que no habrá desarrollo viable si es insostenible ambientalmente. Pero si queremos asumir de forma efectiva el principio de sostenibilidad es fundamental entender y defender que un bosque no puede ser administrado como un simple almacén de madera, ni un río como un simple canal de agua. Transitar de la visión de recurso a una nueva visión ecosistémica es fundamental para asegurar la salud y el buen funcionamiento de los ecosistemas que generan y regeneran los recursos naturales. Esto exige una labor de concienciar en protección, colaboración y responsabilidad.

Este es el fundamento de haber presentado a toda la sociedad navarra, desde Podemos Navarra-Ahal Dugu, una nueva Ley Foral de Protección Ambiental, que se basa en actuar normativamente para superar la visión limitada de la ley de 2005. Esta ley, que se ha quedado desfasada con respecto a la legislación europea, ponía énfasis en la intervención administrativa, inspección y sanciones. Creemos que más allá de establecer medidas para el control y la prohibición de contaminar y dañar el medio ambiente, creando únicamente conciencia sobre la prohibición, nos parece imprescindible conseguir un cambio de actitud más responsable hacia el entorno en el que vivimos, con un enfoque dirigido al fomento de efectos positivos sobre el medio ambiente. Para ello, hay que establecer medidas de corresponsabilidad y colaboración medioambiental para promover e incentivar buenas prácticas, desarrollando el principio de responsabilidad ciudadana, empresarial e institucional.

Un primer paso para conseguir esos principios es la transparencia. Se regula para que las Administraciones Públicas no pongan ninguna traba o dificultad al acceso a la información y documentación, con la obligación de responder por escrito y de manera vinculante a las consultas que se le planteen, como a publicar todas las consultas y respuestas. Todo esto y mucho más quedaría recogido en una Red de Información Ambiental de Navarra. La transparencia y la responsabilidad participativa garantizarán la prevalencia del interés común en las actuaciones o actividades sobre los intereses especulativos particulares.

Un segundo paso es conseguir eficacia y agilidad administrativa. Para ello se defiende la creación del Instituto Navarro de Medio Ambiente con todas las competencias, potestades y visión integradora. No se trata de duplicar organismos ni de ampliar puestos responsables, es un intento de racionalizar todos los recursos tanto humanos como materiales en una misma estructura.

Capítulo importante es la financiación. Son necesarios fondos públicos para implementar las medidas de reparación o restitución de los daños producidos al medio ambiente, como también, para financiar actuaciones beneficiosas; por eso, se prevé la creación de un Fondo Foral de Conservación Ambiental que se nutrirá de recursos económicos de Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra, importes de sanciones e indemnizaciones por hechos lesivos para el medio ambiente.

En cuanto al reparto de competencias a la hora de conceder autorizaciones y licencias de actividad, nos reafirmamos en seguir manteniendo las competencias de las Entidades Locales por encima de cualquier intento de centralización. Creemos que no se deben sustraer competencias a las EELL sino seguir un modelo de cooperación territorial y la posibilidad de establecer convenios cuando carezcan de recursos o de resolver los desequilibrios entre las distintas comarcas en una actuación territorial compartida.

Los recursos naturales deben ser gestionados desde nuevos enfoques de gestión pública participativa porque es el patrimonio natural común de toda la sociedad, actual y de generaciones futuras, de tal forma que las actividades o actuaciones que se regulen no superen los umbrales que se consideran inocuos para los seres vivos y los diferentes ecosistemas: calidad del aire, agua, suelo, ruido etc.

Es nuestro deber conservar, proteger y promocionar el medio ambiente respondiendo a los compromisos internacionales; pero también es importante tener en cuenta la conectividad ecológica como herramienta de inclusión de la biodiversidad e introducir las consideraciones ambientales en todas las políticas de la Administración, así como garantizar una participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos naturales.

Por último, necesitamos una sociedad informada y preparada. Esto exige, además de educación medioambiental, priorizar determinadas líneas de investigación y desarrollo tecnológico, fomentar formas de producción, consumo y de vida que vayan en la idea de satisfacer las necesidades sociales dentro de los límites biofísicos del planeta y no del beneficio privado, lo que hace emerger el principio de justicia ambiental y el derecho intergeneracional de dejar un mundo igual o mejor a futuras generaciones.

Con la elaboración y presentación de esta proposición de ley de Protección del Medio Ambiente queremos responder al compromiso que hemos adquirido ante la sociedad en la defensa del medio ambiente como un bien público global. Seguimos abiertas a cualquier aportación o sugerencia constructiva que amplíe nuestra mirada.