El Estado español, incapaz de integrar los márgenes, muestra innumerables signos de debilitamiento. Su estructura política está agotada. Hemos visto el colapso del bipartidismo, la judicialización del conflicto, la desaparición de las bisagras como Ciudadanos. El régimen utiliza al PSOE como dique de contención sin ninguna perspectiva de reforma real del Estado. Y, una vez más, desde los territorios periféricos del Estado español se preparan nuevas iniciativas políticas. Euskal Herria, Cataluña y Galicia, las periferias, se convierten en centros de gravedad. 

Los territorios históricamente subordinados a Madrid sostienen al Estado. Desde allí surgen nuevos planteamientos; sin embargo, quienes anuncian el fin de ciclo (ERC, Bildu, BNG…) presentan agendas que siguen todavía hoy dinámicas reformistas. Aun cuando algunas figuras del espacio plurinacional perciben el agotamiento del régimen, sus propuestas siguen atrapadas dentro de la madriguera, centradas en sumar apoyos más que en activar un proceso constituyente. En lugar de desbordar el marco estatal predomina el procesismo, que tiende a posponer la potencia constituyente por negociaciones asimétricas. El riesgo es que el Estado absorba estas críticas en un reparto limitado de competencias en los márgenes, convirtiendo diagnósticos acertados en formalidades funcionales al régimen.

Es cierto que Bildu ha dado pasos importantes en los últimos años, abriendo el debate sobre el agotamiento del Estatuto de Gernika y planteando la necesidad de un nuevo marco; no obstante, se corre el riesgo de repetir la lógica posibilista: elaborar una propuesta avanzada desde el punto de vista formal; pero, asimilable por el régimen. Acertar en el diagnóstico no basta. Si bien el tratamiento institucional se limita a lo que permite la Constitución, difícilmente puede considerarse una solución suficiente.

Como suele ocurrir, el PNV tiende a despolitizar. Su retórica, «la gente está en las cosas», desplaza el eje de la militancia hacia una visión tecnocrática de la sociedad. Frente a ello, conviene recordar que el lehendakari Ibarretxe sí defendió en Madrid una propuesta de nuevo estatus: «El camino iniciado… no tiene vuelta de hoja». Hoy, en cambio, su tecnocracia convierte lo que es un problema de soberanía en gestión y la política en trámite. 

Aun así, las discusiones en torno al «nuevo estatus» pueden llegar a convertirse en un instrumento de ruptura; pero, si este proceso no va acompañado de una estrategia de acumulación soberanista con la vista puesta en un proceso constituyente, también, puede resultar en otra reedición del autonomismo. 

Tener una agenda es necesario, pero no suficiente. La agenda define lo que queremos; la estrategia, cómo lo lograremos. Sin una dinámica de confrontación democrática y sostenida, muchas propuestas corren el peligro de ser absorbidas por el juego estatal.

Llegados a este punto la pregunta es inevitable: ¿Se quiere construir un nuevo sujeto político o solo evitar que gane la derecha? Hasta Pablo Iglesias ha reaccionado, trasladando el debate exclusivamente a la llegada de la extrema derecha. Es significativo: en España son incapaces de imaginar que la soberanía pueda surgir de los márgenes de su Estado.

En este sentido, Pello Otxandiano señaló que el nuevo estatuto no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para superar el régimen del 78 y generar nuevas oportunidades. Para que está intención no se convierta en algo estético, es imprescindible evitar la trampa institucional. Como ya demostraron el Plan Ibarretxe o el Estatut catalán, si el Estado lo bloquea, solo habrá frustración y resignación. Surge, entonces, la pregunta clave: ¿cómo sostener un conflicto con el Estado español?

Si no se aborda esta cuestión, la crítica al centro se puede convertir en una formalidad que opera dentro de su lógica. Para ello, en Euskal Herria es necesario discutir seriamente sobre la construcción de un poder propio, incluyendo la creación de estructuras judiciales, tal y como, ha señalado recientemente Mario Zubiaga.

Alcanzar este objetivo requiere un impulso desde la base. La falta de él podría derivar en que el malestar se gestione únicamente dentro del marco constitucional español, sin cuestionarlo estructuralmente; ya que, nombrar el conflicto no es suficiente: hay que generar las condiciones para desbordarlo. La crítica sin acción soberanista real puede ser incluso funcional al régimen, al mantener la esperanza en una reforma imposible.

Todos lo sabemos, el Estado español no puede ser democratizado plurinacionalmente desde dentro, ya que su arquitectura constitucional fue diseñada para impedirlo. «Lo dejaron atado y bien atado». Mientras unos lo naturalizan, otros lo denuncian y pocos logran trascenderla. Esa es la trampa epistemológica. El nacionalismo vasco necesita superar la tradición histórica de denuncia del centralismo político español.

Madrid no puede ofrecer ningún pacto territorial; solo sabe bloquear y dilatar. Por eso, el derecho a decidir exige más que una agenda propia: requiere instrumentos capaces de redefinir la relación con el centro. No se trata de negociar otro estatuto dentro del régimen, sino de desarticular el aparato que dicta lo posible y abrir un escenario real de soberanía. De lo contrario, lo que hoy parece una apertura se convertirá, una vez más, en repetición disfrazada de novedad.

En el próximo periodo histórico, la agenda soberanista necesita musculatura estratégica para desafiar las limitaciones que imponga Madrid. Actuar desde principios democráticos y constituyentes permite definir la iniciativa sin depender de la aprobación del centro. Se trata de crear las condiciones para actuar ya. Sin medidas estratégicas, la ocasión se disipa.

El Estado español no tiene capacidad para gestionar la convivencia plurinacional; solo puede administrarla con represión, burocracia y simulacros. La cuestión, entonces, es cómo generar condiciones políticas que permitan seguir avanzando hacia una soberanía real, porque Euskal Herria no puede permitirse otro repliegue histórico que nos condene a décadas de sumisión. Por lo tanto, el nuevo estatuto solo tendrá sentido si se convierte en la expresión de una voluntad nacional de otra escala, con la disposición explícita de fundar otro poder. O abrimos el momento constituyente, o la venta se cierra.

Se están dando pasos, sí. Hay síntomas, se nota en el ambiente. El Estado español mantiene el poder institucional, ahora bien, ha perdido toda legitimidad constituyente; pero, aún no hay estrategia. Moverse no es suficiente: falta atrevimiento, hace falta alzarse. Es hora de decidir cómo cruzaremos la ventana, qué mecanismos de desobediencia activaremos, cómo protegeremos nuestras instituciones y qué rol jugará la sociedad civil. O la atravesamos ahora, o se cierra para una generación.