El desarrollo en estos cinco años del desarme consiguiente, ha marcado una situación tan original que llevó a Ram Manikkalingam, portavoz de la Comisión Internacional de Verificación, a sentenciar que «no existe precedente alguno de rechazo institucional al desarme de un movimiento armado con 50 años».

La inútil espera en Oslo por parte de los delegados de ETA para pactar ese desarme anunció lo que iba a llegar. Entonces ya se produjo un cambio sustancial en las coordenadas previstas para el desarme. Casi dos años de espera para concluir que el proceso sería unilateral. La decisión de ETA de abandonar su estrategia en 2011 fue unilateral, no vino precedida de un acuerdo de mínimos como había sucedido en otros conflictos del planeta. La determinación de un desarme unilateral fue ya en la primavera 2013, después de constatar el fracaso de la Vía Oslo.

Esta segunda unilateralidad llevó al cambio de paradigma: inventario y sellado que tuvo su primera expresión exactamente un año después, en febrero de 2014. Los verificadores internacionales fueron llamados a declarar por la Audiencia Nacional, mientras que sus medios afines hacían gracias al miedo en el cuerpo que habían metido a los intermediarios. Nuevos acontecimientos en esta línea hasta las detenciones de la semana pasada en Luhuso.

En la localidad labortana se escenificó un acontecimiento nuevamente original, la destrucción de armas ya inventariadas, por paisanos relevantes de Ipar Euskal Herria, al margen de los verificadores anteriores, ya demonizados previamente por la Audiencia Nacional. Una tercera fase del guión del desarme. La primera la lógica, la segunda la opción B a la fallida anterior, y la de Luhuso improvisada para salir de un atasco que, en 2011, seguro era inesperado.

En el lado institucional, fundamentalmente desplegado por los gobiernos español y francés, el guión no ha variado un ápice a pesar de que la crónica política ha sufrido una transformación radical. Al comienzo del siglo XXI, el CIS apuntaba que ETA era el segundo «problema y preocupación de los españoles» (un 61,8%), tras el paro (63,3%). En noviembre de 2016 el paro seguía siendo el primero que señalaba la encuesta del CIS y ETA se mantenía en la lista a pesar de que la preocupación social al respecto era del 0,0%.

Esa percepción social, la opinión generalizada, al menos entre vascos y en la comunidad internacional, apuntaba a un desarme ordenado. Como en otros lugares del planeta. Sin embargo, los gobiernos español y francés continuaron adaptando la estrategia aplicada abiertamente desde 2001. La inutilización política, social y electoral de todo el sector soberanista vasco, la izquierda abertzale. Una política en marcha y acelerada con el asalto fracasado del PP de Mayor Oreja y el PSE de Redondo Terreros a Ajuriaenea donde, de haber logrado sus propósitos, preparaban una auténtica involución.

Resumiendo. Que la Declaración de Aiete, la decisión histórica de ETA en 2011, la aceptación de los Principios Mitchel, el Acuerdo de Gernika y otros acontecimientos de estos últimos años fueron ninguneados por Madrid y París y abordados como si se trataran de noticias insignificantes, de segundo rango, a la altura de las cuotas anuales de la anchoa otorgadas por la Unión Europea o el error arbitral en un partido de fútbol. Como si nada relevante hubiera ocurrido.

Y así, la estrategia de 2001 de estos gobiernos continuó vigente, acelerada en algunos aspectos, en especial el penitenciario. El código penal del enemigo seguía sustituyendo a las leyes ya de por sí sumamente represivas, las más duras de Europa como señaló el antiguo ministro del Interior, el socialista Pérez Rubalcaba. Un cambio único, la vuelta a la competición electoral de la izquierda abertzale tras la legalización de Sortu por el Tribunal Constitucional en 2012. Por los pelos: seis votos a favor y cinco en contra. El mensaje: podía haber sido peor. Peor para la izquierda abertzale, mejor para el unionismo.

La línea institucional de 2001 variaba sustancialmente los escenarios históricos. No hubo reflexión o si la hubo estuvo relacionada con una vuelta a las esencias de las identidades colectivas española y francesa, en la línea jacobina. La gestión centralista del proceso soberanista catalán es el paradigma. No existía conflicto político, al contrario de lo que se había señalado hasta entonces. Únicamente se trataba de una patología social que afectaba, eso sí, a decenas de miles de vascos.

Simultáneamente al proyecto soberanista catalán y a la decisión de ETA de 2011, se volvió al tema principal: el no reconocimiento de sujetos políticos, al margen del español. Tema ya explícito en la Constitución española de 1978. No hay sujeto político vasco, como tampoco catalán, y por tanto no hay posibilidad de conflicto porque para que lo haya, la confrontación debe, obligatoriamente, afectar a dos sujetos, en este caso colectivos. La versión de 1978 «mejorada» desde 2001.

Con estas constataciones, los modelos recientes de resolución de conflictos a través de los genéricos Principios Mitchel desaparecieron de un plumazo. A pesar de las esperanzas suscitadas en el pueblo vasco, refrendadas por los espectaculares resultados electorales para la izquierda abertzale de 2011, modelos como el de Irlanda o Sudáfrica, principales espejos de los años anteriores, desaparecieron de un plumazo.

La segunda posibilidad que a priori se podía haber abierto fue la del fin de las organizaciones armadas europeas que habían marcado su auge en la década de 1980. Pactos de desarme, desactivación y políticas penitenciarias transicionales. ETA no fue una expresión similar a las de la RAF, Brigadas Rojas o Primera Línea. Atención, sin embargo, en Italia, donde la estrategia de la tensión había sacudido el país en la década de 1970 y 1980, y el Gobierno tenía mucho que ocultar, hasta entonces refugiado en su impunidad. Tampoco fue modelo. España sigue sin reconocer incluso las miles de víctimas que ha generado.

En consecuencia, queda un tercer modelo. El más cercano sugerido es el de Sri Lanka, la antigua colonial Ceilán, donde un conflicto político y nacional sacudió al país durante 25 años. No hay comparación en cuanto a la dimensión bélica del conflicto, ni siquiera a la humana, fallecidos, desplazados, desaparecidos. Cientos de miles en Sri Lanka. En la cercanía, y por comparar, ETA ha originado tantos muertos a lo largo de su historia como las muertes en accidente laboral producidas en España en un sólo año. La dimensión también es mediática.

Me refiero al modelo. El LTTE (Tigres de Liberación de Eelam Tamil) negoció con el Gobierno de Sri Lanka en Oslo, entre 2002 y 2005. Hubo un alto el fuego en el que se debatió el objetivo del LTTE: el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Sin acuerdo volvieron las hostilidades y una ofensiva gubernamental sin precedentes, violaciones de derechos humanos masivas. Tierra quemada. En 2009, el LTTE ofreció un alto el fuego unilateral. Inútil. Colombo no aceptó. Miles de presos, organizaciones ilegalizadas, torturas... e impunidad para todos los agentes del Estado. Como si nada hubiera ocurrido. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos han protestado. En vano. Las autoridades de Sri Lanka señalan que lo único que hacen es cumplir la ley, la antiterrorista, la centralista, la de «propaganda», la de partidos... El conflicto bélico concluyó en 2009, pero la legislación sigue siendo, para el pueblo tamil, de guerra. A pesar de que en los carteles que pululan por la capital se diga que la paz ha llegado para asentarse.