Desde hace años la resistencia patriarcal a los avances feministas se materializa, también, con diversas herramientas dentro de los espacios institucionales. Sabemos de la capacidad del sistema para asimilar términos, como la libertad, y devolverlos reconvertidos en un sinsentido. Siempre hay que estar alerta porque tenemos sobrada experiencia en cómo se utilizan parte de los postulados feministas para aplicarlos de manera retorcida, obteniendo el efecto contrario de lo que se buscaba. Los marcos normativos son un avance siempre y cuando esos marcos sean de obligado cumplimiento y su incumplimiento conlleve las sanciones precisas. Recientemente se ha aprobado en el congreso la ley de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, la llamada «ley Rhodes». En esta ley, como ya exigían otros marcos e instituciones internacionales, se rechaza el SAP (Síndrome Alienación Parental) que desde las organizaciones feministas llevábamos décadas denunciando como estrategia patriarcal. En este tiempo han sido numerosas las mujeres que, durante los procesos de separación, especialmente en aquellos donde había denuncia por violencia de género, han sido acusadas de SAP y separadas de sus hijos e hijas. El caso de Irune Costumero, que lleva cuatro años luchando para recuperar a su hija, ha puesto sobre la mesa la responsabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia, ha movilizado la solidaridad de colectivos diversos y ha provocado que la Relatora de la ONU haga un informe para pedir explicaciones al Gobierno español por las numerosas ocasiones en las que se ha admitido el SAP en los procesos de separación. El asunto es que estamos hablando de aquellos organismos destinados a la protección que acaban siendo los ejecutores directos de vulneración de derechos y de incumplimiento legal. Varios son los pilares que provocan la indefensión de los menores; la lentitud de los procesos judiciales, la falta de formación de profesionales, las subcontratas en los servicios de protección a la infancia, un imaginario donde se considera la figura del padre como un tótem que provoca que incluso en los casos de violencia se pretenda salvaguardar la relación padre-menor. La idea que subyace en esta revinculación de menores con su padre es bien antigua y es aquella de que la figura paterna es necesaria para un buen desarrollo de las «criaturas». Podríamos partir de un estado ideal de corresponsabilidad en el que cada persona implicada en el desarrollo del menor tuviera esa responsabilidad asumida, pero eso es el horizonte al que llegar. Desde el 2013 han sido asesinados veintinueve menores a manos de sus padres para hacer el máximo de daño a las madres. El interés superior del menor queda en entredicho cuando los procesos judiciales se alargan años o cuando se considera fundamental para el desarrollo del menor seguir en contacto con un adulto violento. Hay un nuevo concepto, «la coordinación parental», que está comenzando a asentarse. Esta figura se utiliza fuera de los equipos sicosociales de los juzgados y se pretende que intervenga en situaciones de separaciones «especialmente conflictivas». Como denuncia la asociación Themis «la figura de la Coordinación de Parentalidad es pro SAP, no está regulada en nuestra legislación, sin embargo, jueces y juezas están introduciendo dicha figura en el procedimiento». Así antes de la ley Rhodes ya tenemos en los juzgados la línea de continuidad del SAP.

Los marcos normativos deben asegurar una rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, que tienen que servir para evaluar si dichos marcos y las intervenciones están logrando aquello para lo que se propusieron. Tenemos datos cuantitativos, pero no cualitativos de las intervenciones.

Hay que estar atentas también al «bien común» y los cuidados porque vuelve a resurgir la idea de que donde mejor te cuidan es en tu casa y podría ser si se dan las condiciones estructurales, arquitectónicas, físicas, laborales, etc. para que así sea, aunque por supuesto, no en todos los casos. Entre las críticas, de algunos sectores feministas, al eslogan de «poner los cuidados en el centro» se ha argumentado que era reforzar lo que a las mujeres se nos ha asignado socialmente y no les falta razón a su alerta. Por eso, reivindicamos un trabajo político con una mirada poliédrica de la realidad, donde no solo nos importa lo que nos sucede a nosotras sino al conjunto y donde el centro no sea la producción capitalista. El asunto es decidir qué es y cómo se promueve una vida de calidad. A veces, hemos pasado demasiado tiempo definiendo quién es feminista en lugar de qué propuesta es feminista.

Es necesaria la política feminista en cualquier propuesta democrática porque cabe recordar que sin igualdad de oportunidades y sin justicia social no hay libertad. Es imprescindible garantizar la capacidad de una mirada crítica sobre aquello que no es libertad de expresión sino vulneración de derechos. El verbo de la violencia lleva ya años instalado en la política de sillón, minimizarlo es clave para el desarrollo de la otredad que justifica el acto material y legitima las intervenciones institucionales contra derecho. Llevamos décadas de recortes y cuando te recortan derechos de a poquito cuesta más identificar la opresión.

Una amiga me señalaba que no se puede desarrollar «anticuerpos» de resistencia feminista, esto es; estrategias de rebeldía y afrontamiento, cuando no has estado expuesta a la situación de discriminación. Considero que el problema reside en no identificar o individualizar la injusticia. Por eso, es vital trabajar la memoria histórica para generar esa «inmunidad» social frente al fascismo que resurge.

Recientemente, varias personas me han hablado de mujeres que siguen adelante en los procesos de denuncia porque no tienen nada que perder. Esta es una forma de verlo, y otra sería que lo que les han arrebatado ha sido tan grave que la propia lucha se convierte en un ejercicio inevitable de resistencia, donde todo está por ganar. No están solas en la resistencia.