Para ello, la dimensión territorial suele tener que ver también con asuntos que interesan al país e incluso a la comunidad internacional, utilizando términos hechos que escuchamos en demasiadas ocasiones. Evidentemente no pretendemos sostener aquí que esos temas no sean de interés, no sean importantes para las mayorías del país; por supuesto que lo son, y tan solo pretendemos ahora dejar de manifiesto esa dimensión.

Pero, en esta ocasión planteamos un giro radical en cuanto al espacio territorial, aunque lo será para tratar, una vez más, un asunto de una dimensión y calado mayor, que afecta también a esas mayorías que antes citábamos. Nos ubicamos en el espacio local, el de nuestra vida inmediata y cotidiana, por lo tanto, el del pueblo o ciudad en que podemos vivir. Y queremos usar ese ámbito porque esto nos permitirá, mediante el ejemplo desde lo local, tratar y visibilizar un tema general. Y ello, a su vez, nos lleva a poder sentirlo más cercano, más «como si me hubiera pasado a mi también» o «en cualquier momento podría pasarme a mí también».
 
Vayamos primero al caso, que en esta ocasión además es real. Pongamos un pueblo y un barrio cualquiera (por ejemplo, el pueblo Santurtzi y el barrio Mamariga); pongamos a los sujetos políticos del caso en cuestión: la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento. Y el problema, o conflicto, que expondremos a continuación, nos permitirá contemplar desde la lectura tranquila en nuestro sofá todo el abanico posible de actuaciones prepotentes y amenazantes que irán desde la actitud y control de la información, pasando por la amenaza de aplicación de la famosa Ley Mordaza, hasta el posible chantaje a obreros para que no dejen el trabajo sean cuales sean las condiciones.

Lo iremos viendo pero, repetimos que esto puede ocurrirnos a cualquiera y, seguro que haciendo un poco de memoria reconoceremos casos similares. En demasiadas ocasiones se nos hace sentir que estamos en una burbuja en la que las grandes decisiones políticas no nos afectan directamente, animándonos así a considerarnos «apolíticos», fuera de la política que nos aburre o que nos pilla lejos; por eso los casos locales nos ayudan a entender mejor el engaño, a comprender que todas esas grandes decisiones también nos alcanzarán. Y, por lo tanto, sí que debemos considerarnos parte de, protagonistas implicados y sujetos políticos en esas u otras decisiones, pudiendo decir qué queremos y qué no queremos. Pero no adelantemos las conclusiones y volvamos al caso local.

El barrio se encuentra con un proyecto nuevo por parte de la institución para su ejecución en el mismo. Por supuesto, ya en ese momento hay un evidente manejo (manipulación) de las dimensiones del propio proyecto y de toda la información que le rodea. Básicamente, se pretenderá abrir una carretera (que no calle) nueva, y así ya serán tres las que atravesarán un barrio de 8.000 personas para, según la institución, facilitar la entrada y salida del tráfico rodado del pueblo en cuestión. Por supuesto también, en ningún momento se presentarán datos, gráficas o estadísticas que pudieran avalar la necesidad de ese tercer vial. Por el contrario, el primer y permanente convencimiento del vecindario es la certeza de esa innecesariedad, además del hecho de que este proyecto solo traerá más tráfico, más ruido y más contaminación, además de otras molestias y peligros.
 
Las sucesivas asambleas tratarán, primero, de conseguir toda la información que se escamotea y, segundo, reflexionar y plantear alternativas a la propuesta institucional. Y todo ello, conectando, y aquí ampliamos la dimensión territorial de la que hablábamos al principio, con otras proyecciones que, afortunadamente, se están realizando en otros pueblos y ciudades de este país. Conseguir ciudades más saludables, mejor reguladas en la eterna confrontación entre tráfico y peatones, más verdes, más sostenibles y en suma, con mayor calidad de vida. Pues, bien al contrario, la carretera aquí planteada no solo no tiene en cuenta esto en ningún momento, sino que rodeará la única zona verde y de paseo con que cuenta este barrio.

El otro aspecto destacable, recoge el abanico amplio de actitudes prepotentes y amenazas que, parecen propias de demasiadas instituciones que, solo por serlo, se suelen inclinar más al ejercicio del poder y la autoridad que al diálogo continuo con la ciudadanía. La legimitimidad posiblemente se tenga, el derecho a ello es más que dudoso. Así, cuando se trabaja por crear espacios de diálogo y reflexión conjunta, el vecindario se encontrará, nunca mejor dicho, de la noche a la mañana, con que las obras se inician, sin esperar a nuevas reuniones ya concertadas. Es decir, total y absoluto desprecio al trabajo del barrio.

Los coletazos finales abarcan el envío inmediato de policías varias para que amenacen con identificaciones inmediatas y multas posibles en aplicación de la Ley Mordaza (de Seguridad Ciudadana se dice llamar) en caso de cualquier protesta no autorizada. Cuando los trabajadores expresan su disconformidad con el hecho de tener que trabajar «con escolta», parece ser que la contrata recibe las pertinentes presiones y amenazas de suspensión del contrato si no continúan los trabajos y dichos trabajadores, entonces recibirán «el comentario» de que si se da esta situación, podrían perder sus trabajos. Y no está la vida para ello, claro.

Como subrayábamos al principio y es lo que consideramos necesario para la reflexión nos encontramos con un hecho local, de un punto pequeñito y perdido en nuestro país, donde el poder despliega toda su prepotencia. Incluso en instituciones gobernadas por partidos que, aparentemente, dicen estar contra determinadas leyes (Ley Mordaza por ejemplo), cuando éstas les sirven, no dudarán en amenazar con su aplicación. Tampoco dudarán en hacer uso del chantaje contra trabajadores y vecinos para salir adelante con sus proyectos. Y, por supuesto, aunque dicen defender siempre el sistema democrático, hacen gala (y posible insultante ostentación) de la autoridad, que ya no reside en el pueblo, sino en sus instituciones. Pero se va más allá, y niegan representación a una instancia del barrio, como es la Asociación de Vecinos, como agente y sujeto político para el diálogo y la negociación con la institución, y en un burdo intento de enfrentar entre sí al propio vecindario. Y por último, posiblemente la actitud de prepotencia en su grado máximo y más grave, el hecho de que toda esta actuación implica que aprendamos y asumamos, mediante esta práctica política, que el vecindario no tiene ningún derecho a pensar ni a decidir sobre el propio barrio, salvo mediante el voto una vez cada cuatro años. A partir de ahí todo el poder para la institución, como en el siglo XVIII cuando el absolutismo proclamaba que «todo el poder para el rey». Luego, si avanzamos o retrocedemos en este sistema político y social, es la pregunta que debemos hacer (salvo que ya esté prohibida también).

Como decíamos al inicio, partiendo de lo local, de lo pequeño, podemos ver mejor cómo se aplica en la vida diaria de nuestros barrios y pueblos todo ese sistema de leyes y prepotencias (además de hipocresías) para que acatemos sin protesta el sistema o nos declaremos «apolíticos». Y desde aquí, abrir la reflexión, ahora sí, hacia lo global, hacía el país que vivimos y queremos.