En este momento de decisión histórico hay que tener en cuenta tres factores. En primer lugar, este debate se plantea como un pulso, y en todo pulso gana quien más fuerza hace. Sólo la energía demostrada por el pueblo catalán en defensa de sus derechos ha obligado a que se contemple seriamente la opción descentralizadora. Segundo, los pueblos, especialmente Catalunya y Euskal Herria, pueden y deben tener una agenda propia, sin supeditar su futuro al debate que se da en Madrid, sin aceptar límites a su voluntad democrática, tratando de generar dinámicas endógenas en defensa de sus derechos. Finalmente, a día de hoy y sin asumir el coste y las dificultades de una reforma del marco jurídico, el Estado está aplicando una durísima política recentralizadora, que está mutilando gravemente al ya de por sí agónico modelo estatutario.

La opción del PNV en estos momentos cruciales ha sido firmar un acuerdo fiscal con los partidos españoles que en la práctica se ha transformado en una alianza estratégica, un «acuerdo de país», en sus propias palabras. El PP y el PSOE darán estabilidad a las instituciones gobernadas por el PNV, propiciando la aprobación de las principales leyes y renunciando a ser oposición y menos aún alternativa. A cambio, el PNV renuncia a cualquier proyecto nacional vasco, incluso en términos discursivos. Mientras en Catalunya la situación ha provocado la activación de un decidido movimiento independentista, en Euskal Herria el PNV construye un tripartito tácito con las fuerzas españolistas en defensa del estatus político y económico y hace objetivo preferente de sus ataques a la izquierda soberanista. No hay que olvidar que, con matices, PNV, PSOE y PP comparten una visión similar de la política, las instituciones y la economía.

Durante años el PNV ha justificado su renuncia a la confrontación con Madrid argumentando que así se lograban cosas para el país, obteniendo transferencias del Gobierno central a cambio de apoyos puntuales en el Parlamento. El PNV trataba de hacer aparecer como un logro lo que no era sino una estafa. Las competencias transferidas no eran nuevas concesiones del Estado, sino el compromiso de hacer efectivo lo que ya se recogía en el Estatuto. Era la trampa perversa de tener que volver a comprar y a pagar lo que ya se había comprado y pagado antes. Pero en estos momentos incluso esa vía está cerrada. La ofensiva centralista no admite matices. Ahora el Estatuto no se completa, sino que se recorta, y el PNV está tratando de vender como un éxito que las normas centralizadoras que aprueba Madrid sean menores de lo inicialmente previsto. El tripartito no deja en Euskal Herria nada, ni migajas.

Por otro lado, el PNV ha esgrimido siempre la existencia de la lucha armada como excusa para no acordar una estrategia nacional conjunta con la izquierda abertzale. Ahora que la lucha armada ha desaparecido, queda en evidencia que ese argumento era falso. Ni se consigue nada de Madrid mediante la sumisión, ni hay obstáculos éticos… Se les han acabado las excusas creíbles y tienen que recurrir a argumentos ridículos para justificar su rechazo a una política de país. Recuperando expresiones de la guerra fría que no pueden calificarse más que de grotescas, Ortuzar afirma que el modelo de EH Bildu es vivir «como viven ahora en Corea del Norte», mientras un lisérgico colaborador de “Deia” nos compara con Pol Pot. En la dinámica de superación del conflicto armado parece interesarles más debilitar la posición de la izquierda abertzale, perpetuando debates estériles y secundando incluso campañas intoxicadoras de la prensa ultra, que abordar un escenario de resolución real. Hasta su actitud ante las amenazas de ilegalización a Sortu da a entender que no les generaría ningún problema…

El PNV no ha percibido el final de la lucha armada como una oportunidad para la construcción nacional, sino como una amenaza a su hegemonía político-institucional. Por eso su única obsesión es atacar a la izquierda soberanista, que en el nuevo escenario se ha consolidado, más rápido aun de lo esperado, como la única alternativa al PNV. Pero la elite jelkide está nerviosa, ya que sabe que su acuerdo españolista genera enorme frustración entre sus bases. Por eso, además de atribuir a la izquierda soberanista un perfil extremista que haría imposible cualquier acuerdo, trata de ofrecer también imagen abertzale con alguna que otra medida cosmética. Cambian a medias el mapa del tiempo, quitan el día del Estatuto, se meten un poco con Urquijo, suprimen el discurso del rey… Asuntos de segundo nivel que permiten a PP y PSOE poner el grito en el cielo y hacer un teatrillo que viene bien a los tres firmantes del tripartito para quedar bien ante sus respectivas parroquias.

Pero el marco jurídico, ni tocarlo. La propuesta sobre el nuevo estatus que lanza el PNV nace muerta si, tal y como afirman sus promotores, contempla como conditio sine qua non la aprobación de algún partido españolista. Una cosa es buscar la participación en ese debate de toda la sociedad y también de los partidos españoles, lo que estaría muy bien, y otra cosa es decir que si estos no participan, no hay nuevo estatus. Eso es tanto como darles el derecho de veto sobre todo el proceso, es decir reducirlo a la nada. Debemos afrontar el debate sobre el nuevo estatus, pero no en los términos estériles que propone el PNV. Un debate limitado a la CAV y en el que el nacionalismo español tenga derecho a veto es una apuesta sin recorrido. Es otra oferta cosmética.

Nadie está planteando aquí y ahora el inicio de un proceso soberanista a la catalana. Las realidades son distintas y los procesos también han de serlo. Ello no impide afirmar que es imprescindible activar dinámicas desde todos los ámbitos de lucha para reforzar, por un lado, la base social independentista (perspectiva estratégica) y, por otro, la demanda de un marco político democrático (consenso táctico) que podría adoptar la forma de un nuevo Estatuto siempre que este se basara en el reconocimiento de Euskal Herria y sus derechos nacionales (si a alguien le genera alguna duda la defensa táctica de un Estatuto de autonomía por parte de la izquierda abertzale, le sugiero que lea un poquito sobre su historia; podría empezar por la alternativa KAS…).

El núcleo natural de tal reivindicación democrática sería la alianza de las fuerzas que se reclaman abertzales, PNV y EH Bildu, aunque sería muy positivo incorporar al acuerdo, tal y como se hizo en Lizarra-Garazi, y si es posible de forma aun más amplia, a todos los agentes que se posicionen a favor del derecho a decidir. Pero el PNV ha tomado la dirección opuesta. Porque por encima de todas las excusas que se le ocurran, la dirección del PNV no quiere poner en marcha ningún proyecto que ponga en riesgo sus privilegios partidistas, clientelares y empresariales. Eso es lo que pretenden blindar con el tripartito. Ante esta actitud, deberíamos combinar la crítica a la dejación de la dirección jelkide con la permanente invitación a la colaboración en defensa del derecho a decidir y de la construcción nacional. Debemos ser pedagógicos y precisos en esta tarea. Ataques inadecuados y descalificaciones genéricas sólo reforzarán a los inmovilistas, fortaleciendo la cohesión del PNV en lugar de acentuar sus contradicciones. A la burocracia de Sabin Etxea le hace más daño la mención a Ibarretxe que un ataque frontal al PNV. Lo primero deja en evidencia a su dirección, lo segundo provoca un cierre de filas.

No podemos prescindir de nadie. Hagamos números. Si realmente aspiramos a ejercer el derecho a decidir, necesitamos en el proceso no solo a la totalidad de la base electoral de EH Bildu y PNV, sino incluso a otros sectores que aun no se han decantado. Y, desde luego, la primera de las tareas es propia. Hay que redoblar el trabajo político, fortaleciendo la izquierda soberanista, motor del cambio político y social, en todas sus formas de lucha, institucional, popular e ideológica. Y participar en movimientos sociales que, al margen de las siglas partidistas, hagan avanzar en la sociedad la conciencia sobre el derecho y la necesidad de decidir nuestro futuro libremente.