La escatología bíblica explica el mundo como la tensión permanente, pero no perpetua, entre el bien y el mal. Empate técnico. Dos norteamericanos, el vicepresidente Vance y el Papa Prevost, ya antes de la elección de este último, debatían sobre el concepto de amor en San Agustín: si Vance defendía un amor concebido en círculos concéntricos –debemos más amor al más cercano, primero a la familia, luego a la nación, y lo que quede para el resto...–, León XIV abogaba por un amor samaritano, el de las bienaventuranzas: más amor al más necesitado, al más débil, al perseguido, al lejano. Así se resume parte del actual debate civilizatorio: ¿Cómo hay que tratar al otro? A la vecina que vive peor que nosotros o ha sido expulsada de su casa, al recién llegado que habla otra lengua o al que desde su posición de poder impide que hablemos la nuestra. Cada uno tiene su «otro». 

La gestión habitual de la tensión entre «los distintos amores» en los estados de derecho de nuestro entorno solía alejarse de los extremos. No es el caso. Hoy vivimos un momento cuasi o preapocalíptico. No pierdan los nervios. No es el fin de los tiempos. Es el fin de «unos» tiempos. Los de un capitalismo que asumía –no por voluntad propia–, la necesidad de combinar acumulación y reparto, oligarquía cleptomaníaca y estado de derecho, desigualdad material y reconocimiento formal de la igualdad y ciertas libertades, imposición de un sistema de valores y una cultura concebidos como «universales», pero acompañada de una limitada asunción de la pluralidad. 

Este modelo ha entrado en crisis. El capital ha decidido que el reparto se ha acabado, el estado de derecho es un cascarón vacío, la desigualdad es un acicate que anima al emprendimiento meritocrático y las culturas minoritarias son, en el mejor de los casos, meros objetos museísticos. 

A medida que se acerca el fin de estos tiempos, la tensión entre el bien y el mal se agudiza. Son momentos de prueba y tribulación, de crisis moral trufada de nihilismo y falta de empatía. La ciencia política seculariza el asunto y nos habla de polarización: los extremos se alejan y las posiciones centrales se estresan, radicalizándose en uno u otro sentido. Pero la clave no está en el proceso que fractura el continuo político, sino en determinar cuál es el eje que define esos campos polarizados. 

El bloque de las derechas intentará imponer el eje «orden/caos» para activar el voto-refugio a su favor. No vamos a atribuir autorías –suele ser difícil en coyunturas de guerra híbrida–, pero está claro que al bloque reaccionario y a las derechas moderadas menguantes les puede interesar alentar un cierto caos social con la finalidad de impulsar políticas autoritarias que serán rápidamente justificadas por un electorado timorato. Los recientes incidentes en Barcelona o Bilbo son ejemplos claros de protestas oscuras cuya más atinada explicación responde a la pregunta clásica: ¿Cui prodest? ¿A quién beneficia? 

En segundo lugar, una lectura simple de esa polarización nos puede llevar a considerar que la respuesta lógica a una derecha radicalizada, montaraz y fascistoide es la proclama rupturista extrainstitucional. En este caso, simplificando, el eje polarizador sería «banderas rojas enfrentadas a cruces gamadas». 

Algunos –los que no se juegan la supervivencia de su cultura, de su nación–, pueden apostar al «cuanto peor, mejor», pero una nación emparedada entre dos Estados que están a punto de caer en la tentación autoritaria no puede permitirse tales juegos de salón. En nuestro caso, los campos de la polarización no deberían ser definidos por el eje que separa la deriva autoritaria del brindis revolucionario al sol. Un eje que a medio plazo enfrentaría supuestas revueltas masivas en las calles, –desiderátum muy hipotético nuestro caso–, a un estado recentralizador en lo territorial, autoritario en el ámbito de los derechos y destructor de lo público. 

Nadie en la izquierda abjura de su objetivo final –una sociedad emancipada–, pero el debate agustiniano ya nos revela que hasta la venida del apocalipsis no se resolverá definitivamente la eterna pugna entre el bien y el mal. La política es una continuación de la teología por otros medios. Por eso, mientras llega el fin de los tiempos, el modo de detener el avance del capitalismo depredador es la guerra de posiciones guiada por un tercer eje polarizador: la defensa de lo público al servicio del interés colectivo frente al abuso o expolio de lo público en favor del capital. En ningún caso hablamos de moderantismo o de centro radical –no son esos los términos del debate–, estamos hablando de articular y reforzar posiciones en todos y cada uno de los ámbitos en los que se ventila la lucha ideológica entre democratización y reacción. ¿Alguien se atreve a minusvalorar desdeñosamente el triunfo de Lula en Brasil como una manifestación de un «malmenorismo» claudicante? Pues eso. 

Pero si esa articulación de posiciones en términos de contrapoder no puede abandonar el campo institucional, tampoco debe limitarse a él. Si defendemos el reforzamiento radical de lo público inspirado por lógicas comunitarias que pongan la iniciativa privada al servicio del bien común, hacen falta tanto más Estado como más comunidad. Más Estado decente exige más fuerza institucional. Más comunidad, pide mayor implicación social, pide una renovación del compromiso militante en defensa de lo común. 

La teoría lo aguanta todo, pero la práctica nos enfrenta a un doble reto, clásico en la izquierda transformadora. Por un lado, los recursos humanos son limitados y el vaciamiento del tejido social y de sus liderazgos por la cooptación institucional es una consecuencia indeseada, pero a veces inevitable, del éxito político de las fuerzas de progreso. En este caso, aunque todos los negociados desean acaparar los mejores recursos humanos, quizás toca al ámbito institucional hacer un ejercicio de autocontención y no arramplar con todo. Por otro, la evidente tensión entre la lógica institucional y la protestataria no siempre se resuelve de forma virtuosa, asumiendo y respetando recíprocamente las exigencias y limitaciones de cada ámbito de acción. La institución tendrá que pensarse como movimiento –hay que forzar al máximo los límites de la acción institucional y ser disruptivo–, en la misma medida en la que el movimiento deberá pensarse como institución: hay que celebrar los logros parciales como victorias propias. La clave en el primer caso es no crear expectativas que no se puedan cumplir; en el segundo, crear expectativas que se sepan difíciles de cumplir. 

Como no creemos en el fin de los tiempos, no diré que el juicio final –donde la última batalla entre el bien y el mal se resuelve definitivamente–, se producirá el 29 de noviembre. Pero, como ha ocurrido en Brasil, es momento de romper el empate técnico entre las fuerzas progresistas y las de la reacción. 

Seguramente, a pesar de los cisnes negros que aparecen sorpresivamente –el accidente de Urda no será quizás el último–, nadie va a resultar totalmente victorioso, nadie será definitivamente derrotado. Es lo que tiene la guerra de posiciones. Este Estado español no es el nuestro y somos conscientes de que su gestión «progresista» no va a dar vía libre al advenimiento del estado soberano vasco al que aspiramos, pero lo que está claro es que todo avance en la senda de la soberanía –por muy lento que sea–, se va a ver truncado si el bloque reaccionario vence con sus tres quintos. La ventana de oportunidad para avanzar puede mantenerse abierta, pero si, como tantas otras veces, por la ventana de Madrid llega esta vez la amenaza, Euskal Herria sabrá responder. Como siempre. Como nunca. 

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