Recientemente hemos podido comprobar cómo han cerrado acuerdo de gobierno en Bélgica entre siete partidos al objeto de dar por finiquitado un compás de espera que ha durado algo más de veintidós meses (desde diciembre de 2018) y a la vez dejar a los nacionalistas flamencos fuera de cualquier cuota de poder; en la República de Irlanda ha pasado otro tanto: allí el pacto para conformar gobierno se ha dado entre tres partidos diferentes, que han sido el Fianna Fáil (FF), el Fine Gael (FG) y el Partido Verde. Pues bien, estos tres referidos partidos han suscrito un programa para gobernar en coalición, de manera que el Taoiseach, o primer ministro, de la República de Irlanda ha pasado a ser Micheál Martin, del Fianna Fáil (con el subsiguiente castigo al Sinn Féin). En Catalunya, Ciudadanos está ofreciéndose al PSC y al PP para coaligarse tras las elecciones autonómicas que van a tener lugar el 14 de febrero de 2021, y frenar el «tsunami» independentista que pretende superar la barrera del 50% de sufragios para pedir ayuda internacional. Vamos, lo que viene a ser una mediación internacional. Porque cierto es que a la CiU de Jordi Pujol le ha salido numerosa descendencia, y son hasta nueve los partidos que en mayor o menor grado abogan por una Catalunya independiente, y en ese arco partitario van desde la opción unilateral del ejercicio del derecho a decidir, hasta la opción pactada, la bilateral; pero se les puede volver en contra que el voto no esté concentrado, al hallarse éste tan difuminado entre tanto partido de nueva creación.

Quisieran los catalanes tener los porcentajes de voto de que aquí disponemos para el día posterior al 14-2-2021, para dotar de una mayor solvencia a su proyecto nacional. A Catalunya históricamente, al igual que ha sucedido con nosotros los vascos, se la ha comparado con múltiples modelos de sociedad en base a factores sociales, históricos, identitarios, económicos o un largo etcétera. Así, en los estertores del siglo XIX se la comparaba con el Piamonte italiano, en tanto en cuanto Catalunya podía ser una región que hiciera de tractor de la economía española.

Otros la han comparado con Irlanda, esto es, una región hostigada por el poder central. También se la ha comparado con Escocia, por abogar por una relación diferente con España en el marco de un Reino Unido Español. O se dice que es un Quebec europeo, una región con una historia y un idioma diferente respecto a la región matriz. También se ha dicho que es la Holanda del Sur o la Dinamarca mediterránea... al hablar de unilateralidad se la comparó con Eslovenia, también se ha dicho que Catalunya es Lituania pero el Estado español no es la extinta URSS. En fin, las comparaciones dicen que son odiosas, pero es evidente que a Catalunya no le falta espejo donde mirarse.

Si nos hacemos eco de los modelos escocés e irlandés, observaremos que al Estado español le queda un largo camino por recorrer para ser una democracia consolidada como lo puede ser la británica. No en vano tanto Escocia como Irlanda del Norte tiene sus propias vías para el ejercicio del derecho a decidir. En Escocia se requiere el consentimiento del primer ministro de Downing Street, como en 2014 pactó David Cameron, para la transferencia de poderes al Parlamento Escocés para que sea este último el que convoque una consulta en cumplimiento del artículo 30 de la ley autonómica escocesa. En Irlanda del Norte, la ejecución del derecho a decidir seguiría la siguiente vía: el ministro británico para la región posee la capacidad de poder convocar un referéndum «en cualquier momento que le parezca que una mayoría de votantes expresaría el deseo de que Irlanda del Norte deje de ser parte de Reino Unido y desee pasar a formar parte de una Irlanda unida». Luego sería Dublín la que convocara otro referéndum tras conocer el resultado. Éstas son dos vías que conducen el tren de la democracia hacia un futuro mejor, bilateral, pactado... la locomotora española, entre tanto, se encuentra en vía muerta.