Lizarra-Garazi supuso un antes y un después, que nos dejó una serie de retos y oportunidades. Aquel proceso fue como un abrelatas político que permitió destapar un modelo de la transición hacia un marco de soberanía que a día de hoy aún sigue. Fue un punto de inflexión entre un autonomismo sin gasolina estratégica y un proceso soberanista sin bases sólidas ni hoja de ruta definida.

En Lizarra confluyeron dos estrategias abertzales diferentes: la del PNV, que había optado por gestionar una institucionalización de la CAPV con el Estatuto del 79; y la del MLNV, en resistencia, con un horizonte de reconocimiento del país y soberanía, que condicionaba el diseño de tres patas (Constitución-Estatuto-Amejoramiento). La involución progresiva del Estado en torno al modelo autonómico hizo el resto, congelando transferencias, erosionando competencias, a través de leyes orgánicas o del TC. Así se fraguaron las condiciones para situar la posibilidad de una convergencia básica entre ambos espacios abertzales y otros espacios sindicales y políticos (EA, IU...). Previamente, la unidad de acción entre ELA y LAB acercó a las bases sociales de ambas familias políticas.

Las bases planteadas en Lizarra se configuraron como punto de convergencia suficiente para iniciar una nueva etapa política. Sin embargo, las inercias acumuladas por ambos actores en los veinte años anteriores tuvieron un efecto determinante en el descarrilamiento del acuerdo. Por un lado, el PNV ni disponía de la cohesión necesaria ni de la voluntad política que requería un escenario de confrontación democrática como el anunciado, poniendo en peligro el status quo del que gozaba ante el Estado. La izquierda abertzale estaba inmersa en una cultura político-militar difícil de reencauzar a corto plazo. Es decir, las tendencias habilitadas de las estrategias divergentes nacidas en Txiberta pudieron más que la potencialidad representada en Lizarra para abrir lo que hubiera sido una especie de modelo catalán, léase unilateralismo en primera fase para forzar bilateralidad real en una segunda.

No hubo pues maduración estratégica ni cohesión suficiente en el movimiento abertzale. Pero esa realidad en los núcleos dirigentes no se correspondía con la sintonía social. Efectivamente, la sociedad estuvo a la altura de las circunstancias. Faltó liderazgo colectivo, de país, en la clase política. ¿Responsabilidades?, todos la tuvimos. Fue una oportunidad perdida.

Esta reflexión autocrítica no debe ser óbice para resaltar la enorme importancia de aquel movimiento. «Euskal Herriak dauka hitza eta erabakia» fue la argamasa de un derecho a decidir que se consolidó con el Plan Ibarretxe y se ha extendido como referencia democrática del soberanismo del siglo XXI. El estancamiento del tránsito entre autonomismo y soberanía nos llevó a nuevos ensayos, producto de estrategias de parte, bien del PNV o de la izquierda abertzale. El Plan Ibarretxe y Loiola no terminaron de activar el musculo social vasco. Fueron procesos meramente institucionales o gestados entre bambalinas, que terminaron por agotar una fase. Sin embargo, ni el Plan Ibarretxe ni el cambio estratégico en la izquierda abertzale pueden ser entendidos sin lo que Lizarra apuntó en clave de estrategia democrática y de acumulación de fuerzas.

Es necesario resaltar algunos cambios importantes en la condiciones internas y de entorno a la hora de situar el camino iniciado con las Bases y Principios del nuevo estatus en la CAPV. Algunas variables han evolucionado positivamente dentro de ese tránsito entre autonomismo y soberanismo. Hoy disponemos de una mayoría institucional en la CAPV que apoya el derecho a decidir, una mayoría de cambio en Nafarroa que sintoniza por abordar una sincronización política en Hegoalde, y una nueva institución en Iparralde que permite pensar en la reconstrucción del sujeto nacional. Hay también una mayoría reforzada del sindicalismo abertzale, un movimiento social organizado a favor del derecho a decidir (GED), unos movimientos sociales emergentes con personalidad en la escala vasca y un unionismo debilitado. ETA, por su parte, ha desaparecido definitivamente de la ecuación política vasca.

El modelo territorial del régimen del 78 sufre ahora una crisis definitiva, su naturaleza antidemocrática y nula capacidad de seducción se convierte en una oportunidad para articular mayorías democráticas en el camino a constituir las escalas vasca y catalana como garantía para una democracia política y social.

PNV y EH Bildu han acordado ya las bases de un nuevo estatus para la CAPV, con apoyos parciales de Elkarrekin-Podemos en aspectos sociales y feministas. Un texto basado en un reconocimiento explícito como nación, como sujeto jurídico-político en pie de igualdad con el Estado para institucionalizar facultades soberanas y de autogobierno dentro de un Estado plurinacional de naturaleza confederal. Pivotado, asimismo, en el «principio democrático de libre decisión, para que todos los proyectos políticos y causas sociales puedan materializarse, siempre y cuando cuenten con las mayorías requeridas para ello, sin más límite que estas» y donde se otorga al sujeto jurídico-político facultades soberanas y de autogobierno, con competencias plenas y exclusivas en materia de consultas y refrendos.

De ello se articula el cimiento del poder político con facultades legislativas plenas y exclusivas en el desarrollo del sistema productivo, en el marco vasco de relaciones laborales, un modelo de bienestar propio (sanidad, educación, seguridad social, pensiones, subsidios etc.); igualmente se profundiza en el sistema fiscal y se consolidan instrumentos para desarrollar políticas sobre euskera, cultura, género o medio ambiente. Se establece, aunque no suficientemente, un espacio propio de administración de Justicia y la interlocución directa con la UE. Un fondo de poder, en definitiva, con mecanismos bilaterales de blindaje basados en la consideración igualitaria de los sujetos jurídico-políticos.

Parecen mimbres adecuados para, ahora en la CAPV, un horizonte colectivo en el camino hacia el Estado vasco. Unos mimbres que no deben estar condicionados por posibles encajes en la actual legalidad sino en la capacidad de la sociedad vasca, desde sus diversos espacios institucionales, para expresar su voluntad política y articular una estrategia de defensa de la misma.

La clave, pues, aquí y en Cataluña, es la articulación institucional y social de mayorías que condicionen al unionismo antidemocrático español. La incógnita de lo que haga o no el PNV es siempre recurrente, pero no debe ser condicionante para abordar esta oportunidad. Para el movimiento sindical, euskaltzale, educativo, cultural, feminista, pensionista… disponer de este estatus de soberanía y de instrumentos políticos en la escala vasca, es sustancial para encauzar sus propias reivindicaciones, las nuestras. Esos movimientos deben coparticipar en esta batalla política por un marco de democracia y soberanía, que en la CAPV, en Nafarroa, sea garantía de la construcción de un espacio democrático, de cohesión social, con capacidad para situarse en el escenario europeo como referente progresista en el plano económico, social y cultural.

Por eso el acuerdo sobre Bases y Principios está planteado como herramienta de transformación de un escenario de dependencia orgánica con la corrompida democracia española a un escenario de reconocimiento y soberanía en las relaciones políticas, económicas y sociales. Nos hallamos en un contexto de interdependencias, sí, pero queremos construir una democracia vasca desde la soberanía, desde un empoderamiento que posibilite que el sindicalismo, los movimientos sociales, el feminismo y cualquier proyecto político pueda tener cauces. Para conquistar ese escenario planteamos nuevas mayorías, mayorías plurales y transformadoras, mayorías políticas, sindicales y sociales que, sitúen la escala vasca como sujeto de cambios sociales. Mayorías que sectores de izquierda estatal –especialmente Podemos– deberían considerar como herramienta para abrir el candado de la transición situando el proceso vasco con dinámica no subordinada al estatal.

Son tiempos para sacudir conformismos, superar esquemas resistencialistas y expandir una atmósfera de ilusión y ambición. Son tiempos para construir liderazgos colectivos desde una perspectiva de país y sociedad emancipada. Con interrogantes, pero con convicción. En Cataluña, en Euskal Herria, nos jugamos nuestro futuro. Necesitamos sincronizar mayorías y luchas. No podemos hacer escapismos y ni renunciar a la articulación de una gran mayoría social como país. Es el momento.