El próximo sábado 1 de diciembre se producirá en el estado un hecho que podemos, pese a lo manido de la expresión, clasificar de histórico. Nos referimos a la esperada liberalización de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñon. Algo que pondrá fin al cobro del peaje por transitar por esta vía, pero también a otras muchas cosas. La primera, y más importante, es que las autopista de peaje se pueden, no solo rescatar, sino también recuperar para la ciudadanía. Que el ciudadano no tendrá, en este tramo, que optar entre economía y seguridad para desplazarse. La comarca por la que transcurre, a buen seguro, ganará en competitividad libre de esta atadura que suponía el que, quienes vivían a sus margen y también sus empresas, se vieran constreñidas con un impuesto extra como son los peajes. También lo será el que, por fin, un gobierno haya decidido desconectarse de una patronal, la de las concesionarias de autopistas del Estado, que han venido, históricamente, presionando al gobierno de turno para que les prolongara las concesiones cuando estas vencían en tiempo. Todo ello argumentado con ficticias promesas, que solo respondían a su claro deseo de explotar sine die tan rentable y seguro negocio, como son los peajes. Logrará el fin de la discriminación entre quienes viven en el tramo de la A-1, que nunca pagaron (perdón sí lo hacen con sus impuestos), y los que, por vivir en este tramo, se veían obligados a pagar en la AP-1 si querían circular con seguridad y rapidez, pese a también ellos pagar idénticos impuestos a sus convecinos.

Este hecho y consecuencias, que debiera haberse producido por ley en la AP-8 hace ya 15 años, cuando terminó su concesión, no se produjo. ¿Por qué? Pues muy fácil. Nuestros gobernantes, vieron también el fácil negocio que suponía ser ellos los que siguieran cobrando por tan redondo negocio y no lo dudaron. Sacando una norma foral para legalizarlo y lanzando una campaña con argumentos totalmente engañosos, como que: «si se liberaliza la autopista, se colapsaría», obviando que lo que esta realmente colapsado es la N-634 que con 23.000 vehículos de aforamiento (frente a los 31 para tres carriles por sentido de la AP-8) es la alternativa que ofrece a quienes no quieren o no pueden pagar el costoso peaje en Bizkaia. O que: el «60 por ciento de los que la cogen son de fuera y no pagan los impuestos en Bizkaia», obviando que los vizcainos cuando transitan por el Estado, y por solidaridad interautonómica, no pagan por ello, salvo los kilómetros de autopistas que todavía esta sujeto a concesión. Que: «las autopistas hay que pagarlas», pero curiosamente parece que solo considera de esta categoría al tramo de la AP-8 entre Usansolo y Ermua, el tramo Usansolo-Muskiz, que ella construyó con los impuestos de todos los vizcainos, nunca sometió a peaje.

El fin del peaje en la AP-1 nos tiene que hacer ver que sí es posible romper el muro que supone la AP-8; la discriminación que conlleva a quienes viven al este del herrialde, con el resto de vizcainos que circulan libremente por la A-8 y el conjunto de autovías y corredores, y, sobre todo, a nuestros políticos decirles que ya basta, que en sus obligaciones no está el hacer negocio, sino garantizar el derecho al transporte, en igualdad y seguridad, al conjunto de los vizcainos.