Había un chiste en los años 70 cuando un proyecto de ley de devolución (autonomía) de Escocia estaba haciendo su recorrido muy lento y lleno de baches en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. «¿Qué tarda más: la devolución o la evolución?».

Escocia es un país lento en cuanto a cambios constitucionales, y el ritmo se ve siempre obstaculizado por la hostilidad y el doble juego del Gobierno británico de turno.

Nuestro Parlamento fue suspendido (no abolido) en 1707 y no volvió a reunirse hasta 1999, siendo los 292 años transcurridos el interregno democrático más largo de la historia. También fueron necesarios dos intentos a lo largo de casi 25 años –y dos referendos– para conseguir una transferencia limitada de algunas competencias legislativas a Edimburgo, a pesar de las mayorías democráticas del primer referéndum. El nuevo Parlamento se reunió finalmente 86 años después de que el primer proyecto de ley de autonomía escocesa recibiera segunda lectura en Westminster.

El deseo de autodeterminación puede ser universal, pero todos los movimientos nacionales son diferentes. Cómo y en qué medida avanzan depende de las estructuras y circunstancias en las que se expresa esta reivindicación. El lento pero constante avance de Escocia hacia el restablecimiento de su autogobierno ha sido completamente pacífico y democrático durante los últimos doscientos años y eso no va a cambiar.

La presión a favor de un mayor grado de responsabilidad administrativa y legislativa en Escocia surgió públicamente casi ciento cincuenta años después de la Unión Parlamentaria de 1707 con la creación de la Asociación Nacional para la Reivindicación de los Derechos Escoceses en 1853, un organismo que se creó como reacción a lo que se consideraba –puede resultar extraño recordarlo– un trato más favorable a Irlanda por parte de Westminster.

A partir de esos humildes inicios surgieron diversas organizaciones y campañas que para los años sesenta contaban con el apoyo, siquiera parcial, de muchos partidos del Reino Unido que consideraban que la gobernanza de Escocia en algunos asuntos internos sería mejor llevada a cabo más cerca de la ciudadanía, por su propio parlamento.

Sin embargo, a medida que avanzaba esta idea, entró en conflicto con otras dos: una era la reivindicación de la independencia total y la otra una pequeña pero ruidosa oposición a cualquier cambio. La resolución de estas tensiones ha sido la cuestión dominante en la política escocesa durante el último medio siglo.

El referéndum de independencia de 2014 se produjo porque el SNP –un partido fundado en la década de 1930 para conseguir la autonomía, pero que se convirtió en uno que buscaba la soberanía completa– fue capaz en 2011, contra todo pronóstico, de formar un gobierno mayoritario en un sistema electoral proporcional, tras haber formado previamente una administración minoritaria en 2007.

Westminster, bajo el entonces Primer Ministro David Cameron, acabó aceptando que Escocia tenía derecho a consultar a sus ciudadanos sobre su propio futuro constitucional, lo que evitó una larga disputa legal sobre si, en virtud del Estatuto Escocés que había establecido el Parlamento, dicha aprobación era necesaria para materias no transferidas (como la Constitución).

El apoyo a la independencia creció durante los dos años de campaña desde menos del 30% hasta un máximo de algo más del 50% una semana antes de la votación. Los principales partidos del Reino Unido, que se entregaron a una avalancha de alarmismo y a una serie de promesas, incluida una promesa final firmada conjuntamente por los entonces líderes de los partidos conservador, laborista y liberal, a la que se dio mucha publicidad, afirmaban que votar «no» supondría «un cambio más rápido, más seguro y mejor que la separación».

Por supuesto, no ha sido así. Tras algunas concesiones iniciales, ha ocurrido lo contrario, ya que los gobiernos tories cada vez más derechistas, con escasa oposición laborista o liberal, no han tratado de reforzar las autonomía escocesa, sino de socavarla y disminuirla, un proceso exacerbado por el Brexit, que fue (y sigue siendo) rechazado abrumadoramente por el pueblo escocés, pero que fue igualmente impuesto.

En las elecciones escocesas de 2016, solo seis semanas antes del referéndum sobre el Brexit, el SNP declaró explícitamente en su programa que cualquier intento de sacar a Escocia de la UE en contra de su voluntad sería motivo de un nuevo referéndum de independencia. No obstante, el Gobierno del SNP –ahora ya en su cuarto mandato consecutivo y con el Partido Verde Escocés en la administración, que apoya la independencia y le da otra mayoría absoluta– intentó adoptar una posición constructiva mientras el Reino Unido negociaba el acuerdo del Brexit con la UE, tratando de asegurar como mínimo un compromiso como el que el Protocolo prevé para Irlanda del Norte, antes de pasar a un referéndum sobre la independencia una vez completado el proceso del Brexit.

Sin embargo, la vía del acuerdo constructivo fue rechazada repetida y despectivamente por los conservadores que, en el gobierno de Westminster, no sólo no han cumplido las promesas hechas a Escocia durante el referéndum de independencia de 2014, sino que han llevado a cabo una campaña constante y creciente dirigida a recortar incluso las limitadas competencias del Parlamento escocés con la intención de revertir tanto como puedan la devolución.

Lejos de aceptar el derecho democrático del pueblo escocés, refrendado en todas las elecciones desde 2014 y por mayoría en el Parlamento escocés, a elegir la forma de gobierno que mejor se adapte a sus necesidades, todos los partidos del Reino Unido se han negado a cooperar para permitir que se celebre un segundo referéndum sobre la independencia, respaldados ahora por la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido confirmando que dicha cooperación sería esencial para que el referéndum fuera legal.

Para colmo de males, en enero de 2023 el Gobierno del Reino Unido utilizó por primera vez el poder drástico que le había conferido el estatuto escocés para bloquear una ley aprobada por el Parlamento escocés (y votada por miembros de todos los partidos del Parlamento) que estaba totalmente dentro de las competencias del Parlamento, una medida tanto más vergonzosa cuanto que se tomó en Westminster con la aceptación tácita de la oposición laborista oficial.

La Primera Ministra de Escocia confirmó el año pasado, al solicitar la opinión del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la cuestión del referéndum, que si la ley vigente fallaba en contra del Gobierno escocés, el camino pasaría por considerar unas futuras elecciones como un plebiscito sobre la independencia. El SNP está elaborando planes para hacer precisamente eso, con una conferencia especial del partido para decidir si lo hace en unas elecciones generales a Westminster o en unas elecciones al Parlamento escocés. Convocada inicialmente para el 19 de marzo, la acabamos de postponer mientras el partido elige a su nuevo o nueva líder, en un proceso que esperamos pueda concluir antes del final de marzo.

Ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes, pero si el Gobierno del Reino Unido ha bloqueado la vía para respetar mandato del pueblo escocés, es esencial que se elija una de ellas y que el pueblo escocés pueda expresar su opinión.

La Unión de 1707 fue una unión voluntaria consentida por ambas naciones. Esto fue confirmado en repetidas ocasiones durante el referéndum de independencia de 2014, por ambos lados del debate.

Por lo tanto, debe haber una manera de disolver una unión voluntaria de este tipo, pero la negativa de todos los partidos del Reino Unido a explicar ese camino a seguir es una mancha en la democracia del Reino Unido. Esta es la razón por la que la Conferencia Especial del SNP ya se denomina «Conferencia de la Democracia» y por la que los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto no solo la hostilidad del Gobierno conservador del Reino Unido –un partido que no ha obtenido una mayoría de votos en Escocia desde 1955-, sino también su incapacidad para cumplir las normas internacionales de gobernanza, algo que el proceso del Brexit también ha dejado al descubierto.

Existe una renovada determinación en el Gobierno escocés del SNP/Verdes de garantizar el derecho de Escocia a elegir cómo desea ser gobernada. Las encuestas de opinión sugieren que la opinión mayoritaria desde la decisión del Tribunal Supremo se ha movido a favor de la independencia, tras un tiempo en el que han estado en aproximadamente 50/50. Una campaña enérgica e informada, ilustrada no sólo por el Brexit sino por la toxicidad de la actual dirección conservadora y la repetida impotencia de los laboristas británicos, que ahora apoyan el Brexit, marcará la diferencia y debe ponerse en marcha una vez que el partido y el movimiento independentista hayan decidido en qué elecciones se va a celebrar un plebiscito sobre la independencia.

Escocia es una nación culta, productiva y con buenos recursos. No tiene temor a hacer su propio camino en el mundo y eso se demostrará rotundamente cuando se logre.

Y se logrará.